En el acto celebrado anoche en Santa Fe por los 35 años del último golpe de Estado hubo un fuerte reclamo al gobierno provincial por el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, la testigo que declaró en 2009 en la causa Brusa y que fue muerta a puñaladas el 29 de marzo del año pasado. El gobernador Hermes Binner, el ministro Antonio Bonfatti y una decena de funcionarios del gabinete escucharon, desde el centro de la plaza de Mayo, mezclados entre los manifestantes, el pedido que realizaron las organizaciones de derechos humanos.
Antes de la lectura del documento y de los nombres de los desaparecidos santafesinos, hubo un reconocimiento a los militantes que lucharon por la concreción de los juicios contra los responsables del genocidio. Los testigos que ayudaron a identificar la fosa común hallada en un campo que fue del Ejército en jurisdicción de Laguna Paiva, los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense y las víctimas que declararon en los juicios de derechos humanos fueron mencionados en ese homenaje.
Cuando se la nombró a la testigo asesinada, los manifestantes interrumpieron con un cántico: “Yo sabía, yo sabía que a Silvia Suppo la mató la Policía”. El testimonio que dio la mujer en las audiencias de la causa Brusa fue determinante para la sentencia, pero además estaba preparando su declaración para el momento en que fuera elevada a juicio la causa que investiga la desaparición de su primera pareja –Reinaldo Hattemer– en la ciudad de Rafaela, donde Suppo fue asesinada hace casi un año. En el documento consensuado por todos los organismos de derechos humanos se planteó con claridad que el de Suppo fue un “asesinato político”.
“La actuación policial fue desastrosa. Silvia Suppo no era una desconocida para la Policía de Rafaela. Por eso disentimos con la evaluación que hizo el gobierno policial: no fue no un crimen social al voleo”, señalaron los organismos en el documento. En ese sentido, añadieron: “No confiamos en la Justicia, ni en la provincial ni en la federal. No han demostrado voluntad política para investigar a fondo el caso”. Hay que señalar que desde el primer momento las autoridades provinciales plantearon la hipótesis de robo seguido de asesinato, que fue desechada por los organismos de derechos humanos. El crimen aún no fue esclarecido.
