Un jurado de enjuiciamiento comenzó hoy a evaluar la conducta del juez de menores de Morón Ricardo Oyama, suspendido por irregularidades en el proceso que luego derivó en la condena a 15 años de prisión al cura Julio Grassi por abuso sexual y corrupción de un menor que asistía a su fundación.
En la audiencia, que dio inicio hoy al Jury de Enjuiciamiento, el tribunal presidido por el titular de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo De Lázzari y que integran cinco abogados de matrícula y cinco legisladores abogados, escuchó en primer término los planteos de la defensa del magistrado.
Los defensores de Oyama, Carlos Irisarri, Juan José Lossino y Flavio Gliemmo opusieron hoy planteos de prescripción y falta de acción, los que fueron rechazados por el tribunal.
Oyama, suspendido en sus funciones desde el 10 de abril de 2008, «fue acusado de participar en forma irregular de la retractación de `Ezequiel`, uno de los tres jóvenes que había acusado a Grassi de abuso sexual y corrupción de menores», dijo a Télam Federico Nieva Woodgate, fiscal general de Morón.
Según la imputación, «la actuación del juez de menores se tradujo en el encubrimiento de una prueba», explicó Woodgate.
De todos modos, el fiscal general de Morón recordó que la acusación que cursó la Procuración General para llegar al jury de enjuiciamiento no termina en este episodio cometido en el marco de la causa Grassi sino que alcanza a otros diez hechos de mal desempeño.
La acusación que lleva adelante el subprocurador de la Suprema Corte de Justicia, Juan Angel de Oliveira, sostiene que el magistrado incurrió en abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento y falsificación de documentos en general.
También afronta cargos por incompetencia o negligencia reiteradamente demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento reiterado de los deberes inherentes a su cargo y actos reiterados de parcialidad manifiesta.
Entre los testimonios, se espera la declaración del propio Grassi y su defensor en la primera parte del proceso, Miguel Ángel Pierri, quien en diciembre del 2002 declaró que la causa iba a tomar un giro de 180 grados y anunció que «Ezequiel» se había retractado de sus dichos en sede judicial.
Luego se difundió la retractación de «Ezequiel», que posteriormente se demostró que había sido tomada en forma ilegal, ya que el menor habría sido presionado por el suspendido magistrado en un hecho en el que estuvo involucrada la madre del acusador de Grassi, Norma Báez, que reclamaba la guarda del niño.
En el episodio también estuvo detenido el abogado Pierri por haber ejercido representaciones incompatibles con su profesión ya que representaba a Báez y a Grassi al mismo tiempo.
Grassi fue condenado el 10 de junio del 2009 por el Tribunal Oral 1 de Morón a una pena de 15 años de prisión al hallarlo culpable de dos casos de abuso sexual contra «Gabriel» que asistía a la Fundación que el dirigía, en donde se daba albergue a chicos judicializados.
El 1 de junio la Cámara en lo Penal de Morón revocó la decisión del Tribunal Oral y declaró nula la prisión domiciliaria del cura que se le había impuesto por violar las restricciones que tenía cuando, a pesar de la pena, obtuvo el beneficio de la libertad.
El fallo retrotrajo la situación judicial de Grassi por lo que el cura volvió a gozar del beneficio de la libertad con ciertas restricciones, como no poder ingresar a la Fundación Felices los Niños, de la que es su fundador, ni ver a un menor sin la compañía de otra persona.
