Hace dos semanas nueve mujeres (seis de ellas de nacionalidad paraguaya) que eran obligadas a ejercer la prostitución fueron liberadas de un cabaret de la ciudad. El operativo se llevó a cabo y terminó con la clausura del local llamado «El Escondite», ubicado en el barrio de Pichincha. Con todo, el hecho volvió a poner sobre la mesa los presentes flagelos del ejercicio ilegal de la prostitución y el proxenetismo. Según datos del propio municipio, en Rosario son 5 los cabarets inscriptos en sus registros. Allí, los controles son “periódicos” y, dicen, no se registran violaciones a las normativas que desalientan la comercialización y explotación sexual.
De acuerdo a datos del municipio, tras la clausura de El Escondite son ahora cinco los lugares habilitados en la ciudad para funcionar como Whiskería y/o cabarets. En la lista se encuentran los locales La Rosa Sexy Bar, el Palacio de Berlusconi, (ambos pertenecen al mismo empresario, Juan Cabrera), Las Vegas, Gótica y un quinto llamado La Brújula.
La ley de profilaxis prohíbe en el país desde hace años el ejercicio de la prostitución dentro de establecimientos de este tipo. La normativa apunta a castigar centralmente la puesta en marcha de locales que cuenten con habitaciones para tener sexo pago. Pero ofrecer sexo en forma particular y en la intimidad de un departamento privado no está penado, y por lo tanto sigue siendo legal. Lo que sí prohíbe el Código Penal es la actividad de quienes promueven la oferta sexual o explotan a quienes ejercen la actividad, es decir, los llamados proxenetas.
Consultado por El Ciudadano para saber qué sucede con las whiskerías, Gregorio Ramírez, director de Habilitación de Comercios, Industrias y Servicios del municipio, sostuvo que desde el Ejecutivo se realizan “actuaciones periódicas” sobre esos locales. “Constatamos que no tienen boxes para ofrecer sexo. En el caso de El Escondite lo que sucedía era que el box estaba camuflado”, argumentó. Y agregó que la gestión de Mónica Fein “le puso el ojo” al tema. “Estamos tratando de controlar bastante lo que hay habilitado”, sostuvo el funcionario.
Baño escondido
El viernes 10 de agosto pasado en el cabaret El Escondite, de Callao 78 bis, ya clausurado, se liberaron 9 mujeres de entre 19 y 38 años que ejercían la prostitución en boxes escondidos tras un espejo del baño de mujeres. Seis de las víctimas son oriundas de Paraguay y se está investigando si, como se presume, se les tenía retenido el documento de identidad. El cierre se dio tras 20 días de investigación y en un operativo articulado entre personal municipal, de la Unidad de Apoyo y Coordinación para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, y de la Policía. Y además, el fiscal NN, Marcelo Vienna.
Con todo, el caso dejó un par de alertas. Por un lado hay que poner el ojo sobre la eficacia de muchos controles. El propio Ramírez señaló que en El Escondite en los últimos tiempos y con anterioridad al operativo de este mes se habían realizado tres inspecciones por año, pero no se lograba comprobar dónde trabajaban las mujeres. Un motivo frecuente del fracaso de los procedimientos es el filtrado de información sobre el mismo.
Hay otro hecho que coloca bajo la lupa la complejidad de las relaciones laborales en el rubro y la validez de ciertas normativas que con buena intención buscan darle un marco regulatorio al sector. Fuentes judiciales revelaron a El Ciudadano que de las mujeres halladas en El Escondite dos tenían su contrato de alternadoras en orden para desempañarse en el lugar. La de la alternadora es la figura legal que encuadra a las mujeres que se desempeñan en los cabarets para instar al consumo de bebidas y bailar, pero nunca para ofrecer sexo pago. Al momento del operativo aquel 10 de agosto había una muchacha ejerciendo la prostitución y 20 parroquianos en la whiskería.
Fronteras imprecisas
Sobre los difusos límites entre lo permitido y lo que no, Ramírez recordó que si las alternadoras quieren “por motus personal irse hacia otro lugar con el cliente no está prohibido”. “El municipio cuando actúa en los casos como el de El Escondite “va” contra el dueño. Lo que se impone es una contravención: sanciona el no respeto a la norma local vigente que regula el local”, explicó el funcionario.
El Ciudadano consultó a la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Andrea Travaini. La funcionaria sostuvo que si se ofreciera sexo en el interior de un cabaret de la ciudad el mismo “estaría clausurado”. “Los controles muestran que eso no ocurre. De lo contrario, pasa lo de El Escondite”, agregó. Para Travaini, el debate a dar en la sociedad es el del consumo. “Si existe la trata es porque hay quienes consumen”, señaló finalmente.
