La defensa de los ocupantes de la Kasa Pirata recusó ayer al juez Héctor Núñez Cartele quien decidió el lunes el desalojo de la propiedad ubicada en Ovidio Lagos 1237. “Pensamos que ha tomado decisiones que son parciales y que no se ha cumplido con lo que indican los procedimientos para estos casos”, contó a este diario el abogado Norberto Olivares tras realizar la presentación en Tribunales. Mientras tanto, los jóvenes desalojados anunciaron que continuarán con el acampe frente a la casona hasta tanto se les restituya el lugar en conflicto. El abogado de la propietaria recordó que es un inmueble privado que había sido violentado y ocupado a la fuerza y destacó que ya han tomado posesión definitiva del mismo tras la resolución del Juzgado Correccional Nº 9.
“El juez se tomó un tiempo para decidir y una vez que hizo todos los trámites, pese a nuestras presentaciones, dictó la orden de desalojo. Nosotros lo que hemos hecho ahora es pedir la revocatoria los autos de procesamiento y hemos hecho una presentación contra la medida decidida ayer (anteayer) de desalojo. Lo que pedimos es que se restituya la propiedad a sus ocupantes. Cada uno de los puntos que hemos presentado tienen que ser evaluados por el juez, si él los rechaza y ratifica sus decisiones elevaremos los reclamos ante la Cámara”, explicó Olivares.
“El acampe va a continuar hasta tanto haya una respuesta. Los tiempos de respuesta para estos casos pueden demorar un tiempo y los chicos han decidido resistir”, agregó el abogado.
Por su parte, el representante legal de la dueña de la vivienda, Gustavo Peyrone, remarcó que es “una propiedad privada”. “No es un espacio público, ni una propiedad de la Municipalidad ni de la provincia, es de un particular que ha peregrinado por este caso. En una primera oportunidad hubo un desalojo del anterior inquilino que dejó la casa en condiciones deplorables y luego de un proceso civil de desalojo por falta de pago en los cánones locativos lograron desocupar la vivienda”, señaló.
“Tiempo después, un día violentaron la cerradura, estando la propiedad en un proceso de reparación porque estaba destruida, ingresaron de manera violenta al inmueble rompiendo la cerradura de la puerta de ingreso y desde aquel momento, junio, julio de 2011, llegamos ahora a esta situación”, añadió.
“Ya había habido una orden de desalojo y dos personas ocupantes del inmueble firmaron en agosto un compromiso, un acuerdo entre partes de que ellos el 4 de septiembre iban a restituir la vivienda. Ayer (anteayer) recibimos la propiedad libre de personas y de cosas. Hubo que cargar cosas, que eran bastantes porque había mucha gente viviendo, casi cinco camiones de estas personas que estaban ocupando la vivienda. Gracias a Dios no hubo un episodio de violencia más allá de algunos insultos y amenazas, pero no hubo inconvenientes”, sostuvo.
Por último, Daniel, uno de los manifestantes que se estableció en una de las más de doce carpas frente a la casona, no ocultó sus críticas al magistrado de la causa. “Toda la gente se pudo dar cuenta de lo injusto de la determinación de este juez que, según nos hemos enterado, es de las grandes cúpulas. Son grandes burgueses intelectuales que no quieren que estos espacios funcionen y por eso tratan de eliminarlos de inmediato. Lo que nos pasó a nosotros fue algo irregular porque nosotros tendríamos que haber sido informados. Vinieron y nos sacaron todas las cosas utilizando la fuerza y la violencia como suele hacer el sistema”, se quejó.
“Vino la fuerza pública a sacarnos, lo logró porque no podemos hacer nada contra semejantes palos y pistolas que tienen ellos. Estamos ante un hecho totalmente irregular e inhumano porque nosotros aparte de construir arte en esta casa teníamos nuestro propio techo, nuestro baño, nuestra vida digna, la cual conseguimos a través de nuestro trabajo, sin pedirle un peso a nadie, por pura convicción y pura entrega. Vamos a seguir acá resistiendo”, concluyó.
