Ni el descabezamiento de las cúpulas de Prefectura y Gendarmería ni la decisión oficial de dar marcha atrás con el decreto que recortó salarios disuadieron a los miembros de ambas fuerzas de seguridad de levantar la protesta iniciada anteayer con epicentro en la ciudad de Buenos Aires –luego ramificada a varios puntos del país–, que continuaba al cierre de esta edición con un nuevo condimento: los manifestantes reclaman ahora un salario básico inicial de 7 mil pesos, pagos de plus y otras demandas.
Lejos de amilanarse, el conflicto creció ayer en intensidad y territorialidad. Los suboficiales consiguieron la adhesión de algunos miembros de la Armada y las protestas se expandieron en varias provincias (ver página 8), lo que llevó a organizaciones afines al gobierno a condenar la medida de fuerza, denunciar maniobras “desestabilizadoras” e intentos de “atentar contra la democracia”.
El conflicto repercutió en el Congreso. Por separado, las cámaras de Diputados y Senadores instaron a los manifestantes a levantar la medida y no afectar la continuidad democrática. Los parlamentarios instaron a los integrantes de las fuerzas de Seguridad a “adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituídas”.
También fuerzas de la oposición llamaron al orden a las fuerzas del orden, y criticaron al gobierno por su política en relación a las fuerzas de seguridad (ver aparte).
El gobierno se pronunció al mediodía a través del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien anunció que se iban a pagar los haberes como el mes pasado y que se iban a revisar los errores en las liquidaciones, que habían motivado originalmente la protesta.
El funcionario aseguró que existen “serias sospechas” de que, con la incorrecta liquidación de los haberes, los que más ganan dentro de la Prefectura pretendieron “usar a los de más abajo como carne de maniobra” para “mantener el privilegio de cobrar 70, 80, 90 ó 100 mil pesos todos los meses”.
Pero tal como ocurrió anteayer con la gestión del viceministro de Seguridad, Sergio Berni, la intervención de Abal Medina no aplacó a los manifestantes. Con el correr de las horas, y ante la desobediencia de prefectos y gendarmes a la cadena de mandos, el gobierno debió echar a la cúpula de ambas fuerzas, junto a otros jefes,.
Garré apareció junto a Berni minutos después de las 17 anunciando el relevo de unas 20 autoridades de las fuerzas en conflicto. La ministra también informó el nombramiento del prefecto general Luis Heiler al mando de Prefectura y al comandante general Enrique Sach en Gendarmería. Tras ello, la funcionaria sentenció: “Queda así normalizada la situación en las dos fuerzas”.
La reacción en el edificio Guardacostas no se hizo esperar: dijeron que no les interesaban los nombres, que querían sus salarios e incluso uno de ellos, que se identificó como el cabo Ateneo, exigió la presencia de la presidenta Cristina Fernández para solucionar el conflicto, además de hacerla responsable en persona por si recibía sanciones que afectaran a su familia.
Hacia la noche se leyó un petitorio que agrupaba a los uniformados, donde se reclamó además el pago de un plus por zona de riesgo desde que colaboran en la lucha de la inseguridad en el conurbano, la cobertura por accidentes de trabajo a través de una ART, la libre elección de una obra social y la garantía de que no habrá sanciones por participar directa o indirectamente de la protesta.
Una comisión de cuatro gendarmes y otros cinco delegados de Prefectura mantenían reuniones con Berni para intentar acordar posiciones, pero los suboficiales advirtieron: “Hasta que el mínimo no sea de siete mil pesos, de acá no se mueve nadie”. También por la noche, la nueva cúpula de la Prefectura se trasladó al Edificio Guardacostas para nuevas negociaciones, sin resultados positivos hasta el cierre de esta edición.
