Mientras organizaciones civiles acampan frente a la Legislatura provincial para reclamar que se trate la reforma a ley de Fitosanitarios –que está a punto de perder estado parlamentario por segunda vez y nuevamente en el Senado– estudios realizados desde la Universidad Nacional de Rosario sobre diez localidades santafesinas que conviven con fumigaciones de agroquímicos señalan un aumento de enfermedades endócrinas, respiratorias y dermatológicas en sus habitantes. El relevamiento alcanza los últimos diez años, cuando el área de la soja se expandió exponencialmente, a poco de que el país aprobara cultivo de variedades transgénicas. Sus resultados también apuntaron que en algunas localidades se duplicó la pérdida de embarazos en lugares donde la fumigación se realiza a menos de 500 metros del casco urbano. A pesar de que todavía no pueden atar el fenómeno solamente a la exposición de los pesticidas agrícolas, los especialistas apuestan a profundizar los registros de salud con ayuda del gobierno provincial.
Cambio de paisaje
Hace 15 años, la entrada de las semillas de soja modificadas genéticamente, junto con el irremediable acompañamiento del glifosato como agente de fumigación para los cultivos, comenzaban a delinear otro paisaje en el país. Santa Fe, y en especial el sur, tradicional corazón del cultivo de trigo y la actividad ganadera, emprendió el camino hacia la sojización, siguiendo lineamientos productivos nacionales e internacionales. La resistencia a las inclemencias del tiempo del “nuevo” cultivo, entre otros factores, generó paulatinamente el avance a tierras antes impensadas para este tipo de agricultura.
A la par del incesante avance de la frontera transgénica comenzaron a verse indicios del impacto en los suelos y la población. La utilización de los agroquímicos necesarios para que la soja arroje buenos rindes fue foco de sospecha para los habitantes de las zonas rurales, quienes se preguntaron si existía quizás una relación directa entre estos fitosanitarios y las enfermedades, en muchos casos mortales, que los afectaban.
En 2010 comenzó a desarrollarse desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, una iniciativa novedosa tendiente a lidiar con la sospecha. La intención era doble. Por un lado, diseñar un mecanismo práctico de evaluación final para los estudiantes que terminan la carrera, en contacto con la población. Y, en segundo lugar, poner a la universidad pública a producir conocimiento científico al servicio de esa comunidad, respondiendo a sus necesidades de saber qué estaba pasando con la repentina proliferación de ciertas enfermedades por encima de los índices acostumbrados. Así surgieron los “campamentos sanitarios”, una serie de relevamientos sobre la salud de la población a manos de estudiantes y un equipo de docentes. Registros epidemiológicos domiciliarios, controles en niños dentro de las escuelas primarias, trabajos de promoción de la salud y prevención de enfermedades a través de talleres.
“Desde diciembre de 2010 llevamos realizados diez campamentos, en los cuales hemos involucrado, a través de los estudios, a 65.000 personas. En promedio, hemos cubierto al 65 por ciento de la población de las localidades, con picos interesantes como el de Totoras, con un 88 por ciento de la población entrevistada”, relata a El Ciudadano Damián Verzeñassi, responsable académico de los campamentos.
Para llevarlos a cabo, el contingente académico trabajó junto a diversas instituciones locales y provinciales: escuelas, centros de jubilados, municipios, comunas, y ministerios. Las localidades cubiertas por los campamentos sanitarios fueron Santa Isabel, Murphy, María Teresa, San Gregorio, Villa Cañás, Bovril (Entre Ríos), Bouquet, María Susana, Wheelwright y Totoras.
Resultados preocupantes
“Las formas de producción que hemos instalado en nuestra región están teniendo un peso importante no sólo en la ganancia económica de algunos, sino también en la forma en que nos enfermamos y morimos”, describe Verzeñassi, quien asegura que en los últimos 15 años se modificaron los indicadores de salud de todas las comunidades relevadas. Los principales problemas que padece la población son hipertensión y diabetes, lo que coincide con el promedio a nivel nacional. Pero también apareció con fuerza algo que todavía no se registra en la estadística oficial: los problemas endócrinos, principalmente de la glándula tiroides. “Identificamos en estas poblaciones, que viven en general a menos de 500 metros de las áreas donde se fumiga un cambio en la forma de enfermar, y un incremento notable del hipotiroidismo, de enfermedades crónicas respiratorias y dermatológicas”, sindica.
Según el especialista, la pérdida de embarazos es otra de las cifras que ha aumentado en todas las localidades, en muchos casos duplicándose cuantitativamente en los últimos 10 años. “El impacto es muy importante como para desatenderlo”, remarca Verzeñassi. El especialista sostiene que ha quedado de manifiesto que quienes viven en áreas más próximas a las fumigaciones, presentan mayor cantidad de problemas de salud que los que viven más lejos. “Entendemos que el Ministerio de Salud provincial debería tener una participación mucho más activa”, reclama.
“La Justicia de Córdoba, por ejemplo, habló del principio precautorio en el fallo histórico de un tiempo atrás, respecto de lo que sucedió en el barrio Ituzaingó Anexo, donde hubo condenados por la aplicación sobre sus poblaciones. El propio Ministerio de Salud santafesino tiene un estudio a pedido de la Justicia por el caso San Jorge. Ese relevamiento demostró que en el período en el que se prohibió la fumigación alrededor de un barrio específico, las consultas respecto a los problemas de salud disminuyeron notablemente”, aporta el médico.
Para Verzeñassi no es tarde para una reacción de las autoridades. “En vez de recorrer los pueblos con promotores de las buenas prácticas y de las bondades de algunas sustancias químicas –que las mismas empresas que las producen reconocen que generan daños– que se pongan a ver cómo aportan realmente con acciones concretas”, expresa.
El contexto es otra vez crítico. A fin de mes puede volver a caer el estado parlamentario del proyecto para modificar la ley 11.273 de Fitosanitarios, normativa que regula, entre otras cosas, la amplitud de la franja agronómica, es decir, la distancia hasta la línea a partir de la cual está permitido fumigar. Dos veces fue aprobada por Diputados y en la primera el Senado no la trató. Ahora el desenlace está, aun faltando muy poco para la fecha, todavía abierto, pendiente de la voluntad de los senadores santafesinos.
