El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, ratificó ayer que si la Cámara que debe fallar sobre la medida que frena la aplicación del artículo 161 de la ley de Medios “pretende extender la cautelar” se producirá “un alzamiento contra una ley de la Nación” y un “conflicto de poderes”.
“Si pretenden extender la cautelar más allá del 7 (de diciembre) sería un alzamiento contra una ley de la Nación, generaría un conflicto de poderes y sería un alzamiento contra el fallo de la Corte”, advirtió Alak.
Las declaraciones del ministro surgen tras el fallo de la Cámara Civil y Comercial que desestimó las recusaciones presentadas por el gobierno contra los jueces Francisco de las Carreras y Graciela Medina, quienes deberán resolver el pedido de prórroga de la cautelar que mantiene frenada para el Grupo Clarín la aplicación de un artículo de la ley de Medios, el referido a la desinversión de las empresas que superan la cantidad de licencias establecidas por la norma.
Alak anunció que el gobierno hizo un pedido de “revocación” contra al fallo que desestimó las recusaciones y remarcó que el “conflicto de poderes” se daría entre el Congreso, que aprobó la ley de Medios, y la Justicia. El gobierno había recusado a todos los miembros de la Cámara Civil y Comercial por entender que mantenían nexos con el Grupo Clarín, de distinta índole.
El ministro ofreció una conferencia de prensa, en la que aseguró que con ese fallo “se está violando la garantía constitucional de la independencia de los jueces y de la imparcialidad”, y advirtió que la extensión de la cautelar “sería una burla a la voluntad popular del pueblo argentino, que ha decidido vivir en plena democracia, respetando el estado de derecho y la ley”.
Al apuntar contra el juez De las Carreras, el ministro volvió a señalar que realizó un viaje a Miami “pagado” por una entidad de la que participan ejecutivos del Grupo Clarín, y citó el caso del ex funcionario kirchnerista Ricardo Jaime, quien fue acusado de utilizar una avión privado pagado por una empresa y “por eso se le impidió salir del país”.
“A un funcionario se le impide salir del país y esta denuncia del gobierno ni siquiera es investigada. La Justicia ni se preocupó en investigar si era real la denuncia”, se quejó el ministro en la sede de la cartera de Justicia, donde estuvo acompañado por los consejeros Hernán Ordiales y Marcelo Fuentes.
Allí agregó que mañana “comienza la plena aplicación de la ley” y remarcó: “No es una opinión nuestra ni de la mayoría del pueblo argentino, es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 22 de mayo sostuvo que la medida cautelar fenecía inexorablemente en 48 horas”.
Por último, el ministro remarcó que “la supuesta posibilidad de que la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial, con integrantes recusados, sobre los cuales se están tramitando denuncias penales, avance, se integre y pretendan extender la cautelar más allá del 7 de diciembre, sería un alzamiento contra una ley de la Nación” y además plantearía “un conflicto de poderes, un alzamiento contra un pronunciamiento de la Corte”.
