El operativo de demolición de los tallares de rehabilitación del hospital psiquiátrico Borda con la violenta intervención de la Policía Metropolitana terminó con más de 30 heridos y al menos cinco detenidos. Entre los agredidos hay médicos, enfermeras, legisladores, periodistas y policías.
Pasadas las siete un nutrido grupo de efectivos de la Metropolitana desalojaron a los empleados del centro de salud que intentaron impedir la demolición del Taller Protegido 19, un lugar donde los pacientes psiquiátricos realizaban tareas de rehabilitación y aprendizaje de oficios, que es considerado patrimonio histórico de la Ciudad.
Luego de graves choques y la represión con balas de goma y gases lacrimógenes, legisladores de la oposición que se hicieron presentes dialogaron con el jefe del operativo de la PM para calmar la embestida policial y acordaron que la fuerza se retiraría en 10 minutos. Sin embargo, pasadas las 12.30 la Metropolitana volvió a reprimir con armas y gas pimienta a cientos de las personas, incluidos los diputados porteños.
Según dijeron fuentes sindicales, al menos cincos empleados del Borda fueron detenidos y más de 30 personas, entre médicos, enfermeras y pacientes, resultaron heridos. En la refriega, tres profesionales de prensa fueron baleados y al menos dos legisladores fueron afectados por los gases. En tanto, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, dijo que diez policías fueron hospitalizados, dos de ellos con heridas de gravedad.
Los incidentes se produjeron en el interior del centro de salud, a 50 metros de donde funciona el taller, hasta donde los trabajadores intentaban llegar, pero cerca de 300 efectivos policiales se los impedía.
Ricardo Talabera, de ATE, informó que «el operativo se inició a las seis, por la calle Pedriel, sin orden judicial y comenzaron a retirar los materiales de los talleres de carpintería y herrería de los pacientes». Pocas horas después, las instalaciones fueron totalmente demolidas. Testigos en el lugar afirmaron que la Metropolitana ingresó al predio violentando un candado.
Aunque una ley porteña prohíbe la presencia de efectivos policiales armados en un neuropsiquiátrico, la Metropolitana montó un fuerte operativo para que los empleados municipales no entorpezcan las tareas de remoción de escombros y destrucción de medianeras y techos. Ante una ofensiva de los trabajadores, algunos identificados con pecharas verdes de ATE, de Pablo Micheli, los uniformados lanzaron gases lacrimónegenos, dispararon balas de goma y reprimieron con bastones a mujeres y hombres.
Heridos
«Nos pegaron sólo por el hecho de defender el lugar donde se rehabilitan los pacientes. Lo que nosotros hacemos es rehabilitar a los pacientes para que vuelven a sus casas con sus familias», afirmó una enfermera identificada con vestimenta bordó.
Otro trabajador que se desempeña en el taller que se demolió acusó al jefe de gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, de impedir acceder a sus tareas. «Esto es un hospital público, es patrimonio histórico y la Justicia dijo que no se puede tocar. Queremos llegar al Taller 19, que es nuestro puesto de trabajo. Tenemos compañeros, enfermeros, delegados y delegadas, que han sido agredidos por la gendarmería de Macri, vinieron con armas y lanzaron gases».
Una de las detenidas sería Cristina Díaz Allen, enfermera del área de neonatología del Hospital Garrahan, que padece una discapacidad y debe utilizar un bastón para caminar, con más de 30 años de experiencia en la salud.
En la balacera, también resultó herido en una pierna un camarógrafo de la señal de noticias de cable C5N de nombre Mario Ricchi, que fue atenido en un hospital cercano. Según revelaron sus compañeros desde el canal, su estado de salud es estable y su vida no corre peligro. Con la cámara, Ricchi registró en vivo el momento en que le disparan y cae al piso, en medio del patio de recreación del Borda.
En la inusitada represión, también fue agredido el equipo de la sección Audiovisuales de la agencia Télam y baleado el fotógrafo del diario Clarín Pepe Mateos. Mateos explicó en diálogo con Radio Del Plata que fue detenido y tras una comunicación con el ministro Montenegro, fue liberado y trasladado al Hospital Argerich para atenderlo por la herida de bala en la mandíbula, aunque no era de gravedad.
Mediación
Poco después de iniciados los incidentes, irrumpieron en el Borda legisladores de la oposición para constatar la orden de desalojo y para evitar más represión. Entre otros, estuvieron María Rachid, Alejandro Bodart, Jorge Selser, Francisco «Tito» Nenna, Fabio Basteiro, Aníbal Ibarra y Virginia González Gass. Todos coincidieron en afirmar que sin orden judicial el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, fue quien autorizó el operativo orquestado por la Metropolitana a cargo de Montengro.
A los empujones y tras forcejear con un cordón de policías, los diputados lograron dialogar con el jefe del operativo para evitar más incidentes. Luego de una pequeña charla, se acordó el retiro de los efectivos para garantizar la paz, pero en ese instante, cuando los legisladores informaban a través de los medios la orden de retirar a la fuerza del predio, volvieron a reprimir ferozmente afectando con los gases a dos de ellos.
Ante los graves incidentes, los líderes de ATE convocaron a un paro nacional con movilización a la jefatura de gobierno porteño para la semana próxima. El secretario general de ATE, José Luis Mataza, informó que la marcha se realizará el martes próximo, a las 11, desde la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo para marchar luego a la jefatura de gobierno porteña «en defensa de lo público y la apertura de paritarias». Mataza pidió también «que se retire la Policía Metropolitana y se libere a los compañeros detenidos».
Explicación
Desde el Gobierno porteño, a través de la cuenta oficial de Twitter, acusaron a los gremialistas estatales. «Los incidentes en el hospital Borda fueron provocados cuando el antiguo taller en desuso fue ocupado por sindicalistas», publicaron.
«Las actividades que se llevaban a cabo en el taller en desuso actualmente se desarrollan en uno nuevo construido a 100 metros», explicaron en otro mensaje.
Luego, aclararon que el desalojo y la demolición es el primera paso para construir en el sur de la Ciudad el nuevo centro cívico que albergará a la administración pública porteña. «Los terrenos que actualmente están ocupados ilegalmente son de la Ciudad y están destinados por ley a la Construcción del Centro Cívico», afirmaron.
Por último, justificó el violento accionar de la policía. «Las acciones de la Policía Metropolitana tienen como objetivo garantizar la seguridad de los pacientes y el patrimonio de la Ciudad».
