Por: Guillermo Griecco
Los primeros rayos de un sol matinal se colaban ayer entre los gigantescos edificios y caían débiles sobre el cantero central de bulevar Oroño al 900, frente a la sede de los Tribunales Federales. Las ondas luminosas que ayudaban a contrarrestar el frío eran acompañadas por unos mates amargos bien calientes que circulaban entre los presentes. Las mismas banderas que se desplegaron en el primer juicio a represores en Rosario, que terminó con la condena a prisión perpetua para los cinco imputados en la causa Guerrieri-Amelong, se pudieron ver otra vez atadas al rejado perimetral de los Tribunales y al vallado montado en el ingreso al Palacio de Justicia. “Aquí se juzga a los genocidas del terrorismo de Estado”, rezaba una de ellas.
“Los juzga un tribunal, los condenamos todos”, invocaba, desde otro lienzo, la consigna instalada desde el Espacio Juicio y Castigo, integrado por organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales.
Adentro comenzaba la primera audiencia del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Rosario durante la última dictadura, en la causa denominada Díaz Bessone.
Militantes de diferentes agrupaciones, testigos y querellantes se concentraron en el lugar a partir de las 9, cuando desde el escenario montado frente a los Tribunales Federales se dio aire a una radio abierta por la que desfilaron distintas voces de protagonistas de este juicio histórico, y de una lucha incansable por memoria, verdad y justicia.
Las actividades promovidas por el EJyC se extendieron durante toda la jornada, con intervenciones artísticas, música y una caravana en bicicleta por puntos geográficos donde fueron secuestradas algunas de las víctimas de la patota policial, liderada por un comandante de Gendarmería, el difunto Agustín Feced.
Pasadas las 11, los acusados se sentaron en el banquillo por estar acusados de integrar una asociación que usurpó el Poder Ejecutivo a partir del 24 de marzo de 1976, con el fin de perpetrar un plan sistemático de represión ilegal y de aniquilamiento de personas que defendían un proyecto de país más igualitario: allí estaban Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara , José Carlos Scortechini y Ricardo Chomicky.
El único detenido con prisión domiciliaria es Díaz Bessone, el resto de los imputados está en libertad condicional, otorgada por distintos fallos de la Cámara de Casación Penal.
El cantero central de bulevar Oroño se iba poblando con el correr de los minutos y el micrófono de la radio abierta pasaba de mano en mano. “Por los 30 mil compañeros desaparecidos, los exiliados, la larga pelea de los organismos, celebramos el comienzo de este juicio, que llega tarde por una estructura judicial que se ha encargado de retrasar las investigaciones. Esperemos que el tribunal los condene a prisión perpetua y efectiva”, sostuvo Héctor Medina, integrante de la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y querellante en la causa Díaz Bessone.
Un aplauso cerrado saludó la presencia de algunas de las Madres de la Plaza 25 de Mayo. Otro de los querellantes, Esteban Mariño, se sinceró al reconocer: “No esperaba que llegue este momento”.
“Me da mucha alegría que se abra este juicio. Los compañeros que hoy no están fueron los mejores. Fue una larga lucha, que se profundizó desde 2003 con la caída de las leyes de obediencia debida y punto final. Estamos moviendo el manto de impunidad y eso es un paso gigantesco. No vamos a llegar a la justicia si no profundizamos la democracia”, sostuvo Mariño.
Al cierre de la audiencia, los militantes se treparon a sus bicicletas y otros medios de locomoción, y recorrieron los sitios donde fueron secuestradas algunas de las víctimas de esta causa. La jornada se cerró con un acto político en apoyo al juicio.
