Organizaciones ambientalistas y sociales, con el acompañamiento de referentes científicos y políticos, se concentran este jueves frente al Congreso nacional en apoyo de uno de los proyectos, entre varios, que se debatirán en un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados. Respaldan uno de los textos, que reingresó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, el mismo que perdió estado parlamentario el año pasado y es fruto del consenso de más de una decena de iniciativas.
La pretensión de los ambientalistas es que la propuesta unificada –presentada el 2 de marzo por el diputado Grosso bajo el expediente 75-D-2022– obtenga dictamen de mayoría en el plenario y así quede habilitada para tratarse en sesiones. Las comisiones que analizarán esa y otras iniciativas son la de Recursos Naturales, que preside Grosso, del Frente de Todos, la de Presupuesto, a cargo del diputado del mismo espacio Carlos Heller, y la de Agricultura, comandada por el radical en Juntos por el Cambio y dirigente ruralista Ricardo Buryaile.
La cuarta parte del territorio
La necesidad de tener un marco normativo para los humedales, cuya definición no es unánime pero en general refiere a una amplia variedad de hábitats interiores, costeros y marinos en los que el agua juega un papel protagónico en la determinación de su estructura y funciones ecológicas, fue puesta en agenda de nuevo por los incendios en las islas del Delta del Paraná, que se suceden desde 2020 y antes impactaron, en 2008, con similar fuerza. En años anteriores, hubo declaraciones, movilizaciones populares e incluso decisiones como la creación del Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) que, una vez pasado el pico de la emergencia, quedaron en letargo. Pero los humedales son más. En la Argentina, caben en esa definición seis grandes regiones: la de la Cuenca del Plata, devastada por las quemas, Chaco, las Pampas, la Patagonia, la Puna, con sus salares explotados bajo escaso control y ahora presionados por el litio, y la zona Costera Patagónica. Ocupan, en conjunto, la cuarta parte del territorio nacional.
Los proyectos de ley refieren a presupuestos mínimos de conservación, identificación, protección, restauración ecológica y uso racional del suelo, estudios de impacto ambiental para las intervenciones humanas y la confección rigurosa de un inventario de humedales. No implican desconocer la presencia del hombre y las comunidades históricas asentadas en esos territorios ni prohibir las actividades productivas, sino adaptarlas a cada uno de esos ambientes para que no terminen por destruirlos.
No es magia
Con todo, la existencia de una ley general para esos espacios, y lo aclararon los colectivos ambientales que la promueven, no resuelve por sí misma los problemas ecológicos, sociales y económicos generados por las explotaciones intensivas que privilegian lucros privados. En principio, como a partir de la reforma constitucional de 1994 los recursos naturales son propiedad de las provincias, esas jurisdicciones deben adherir a una norma de estas características para que comience a regir. Y, además, debe estar acompañada por financiamiento en el presupuesto y voluntad política de aplicarla.
Varios proyectos
La propuesta retomada por Grosso, que es la que acompañan los colectivos ambientales y espacios científicos, no fue la única que durmió el sueño de los justos en el Congreso. Antes, y desde 2012, hubo al menos otras cuatro. Los lobbyes agropecuarios y mineros, entre otros y junto a gobiernos provinciales presionados por intereses de fuertes explotaciones productivas, sepultaron esos textos.
La eterna urgencia económica en la que permanece sumergido el país, además, empuja las políticas de corto plazo sin atención a sus consecuencias de mediano y largo aliento: se privilegian inversiones externas y exportaciones que aporten divisas en desmedro de la preservación de recursos y ambientes proveedores de servicios ecológicos. Los ambientalistas alertan que es “pan para hoy y hambre para mañana”, porque muchas de las actividades productivas que se dicen defender serán imposibles en el futuro ante la degradación de suelos o los cambios climáticos y de paisajes que promueven, además de tener que destinar inversiones millonarias para mitigar los efectos adversos.
El plenario de las tres comisiones fue citado para las 10 en el segundo piso del anexo de la Cámara de Diputados.
Hay varios textos ingresados, por distintas vías, además del que promueven colectivos ambientales y actores científicos.
En la Cámara baja, además de la del diputado del Movimiento Evita dentro del FdT, hay otras siete con estado parlamentario. Una es del socialista de Santa Fe Enrique Estévez. Las restantes llevan las firmas de Jorge Vara (UCR, Corrientes), Alicia Aparicio (FdT, provincia de Buenos Aires), Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero), Graciela Camaño (Identidad Bonaerense, provincia de Buenos Aires), Hernán Pérez Araujo (FdT, La Pampa) y Gabriela Lena (UCR, Entre Ríos).
En el Senado, están los proyectos del santafesino del FdT Marcelo Lewandowski, la de José Antonio Rodas (FdT, Chaco), José María Torello (Cambiemos, provincia de Buenos Aires) y María Clara Vega (Cambiemos, La Rioja), con ingreso a las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda.
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