Leandro Corti presentó su renuncia como ministro de Seguridad de Santa Fe en junio de 2012, cuando el gobernador Antonio Bonfatti confirmó la realización en la ciudad de Santa Fe de un partido entre Rosario Central y Patronato de Paraná, poco después de que el ministro negara esa posibilidad por entrañar “alto riesgo”. A nueve meses de su salida, el profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Litoral analizó el presente de la fuerza policial, a la que consideró como “parte del problema de la seguridad pública”.
—¿Qué le dejó, tanto en lo profesional como en lo personal, su paso por el Ministerio de Seguridad?
—Haber estado cuatro años como secretario de Asuntos Penitenciarios y casi siete meses a cargo del Ministerio de Seguridad deja un sinnúmero de experiencias que se capitalizan en muchos aspectos. En primer lugar, hay que saber que en ese tipo de espacios –fuerzas de seguridad– es clave encarar procesos de construcción de autoridad política para poder lograr un grado razonable de conducción política, y a partir de allí, intentar encarar algunas transformaciones necesarias.
—¿Cómo se sintió al momento de dejar el cargo?
—Me sentí con sensaciones contradictorias. Por una parte, con la convicción de que era muy dificultoso avanzar con seriedad y responsabilidad después de haber sufrido una pérdida de autoridad tan drástica hacia el interior de la fuerza policial. La situación puntual del partido, en cuanto a las marchas y contramarchas en el proceso decisorio, colocó la figura ministerial en un lugar de franca debilidad y desautorización, que limitaban enormemente las posibilidades ciertas de avanzar con efectividad política.
—¿Cuáles considera que deben ser los puntos en los que debe hacerse hincapié o que hay que mejorar en el tema de la seguridad?
—Como eje fundamental, consolidar la conducción política de la fuerza policial. Esta es la condición esencial para encarar cualquier proceso de transformación en el gobierno de la seguridad pública. Esto se construye con mucha decisión política, con un fuerte consenso de todo el arco político, en orden a acordar una agenda básica de coincidencias programáticas, sobre qué medidas adoptar y sostenerlas en el tiempo.
Para construir eso, es fundamental consolidar los instrumentos de control sobre el accionar policial, que no deben ser meramente simbólicos o gestuales, sino que deben reflejarse en actos concretos. Para esto es imprescindible fortalecer el control sobre el servicio policial, identificar y sancionar los actos de corrupción policial. En ellos, es fundamental que la autoridad política tenga una decisión seria a la hora de controlar los circuitos económicos financieros de la gestión policial, la concurrencia del personal a los lugares de prestación del servicio (hoy hay aproximadamente un 30 por ciento del personal policial por diversas razones no asiste a los lugares de trabajo).
—¿Qué políticas podrían impulsarse en los barrios desde el área de Seguridad para combatir la delincuencia?
—En rigor, el Estado tiene que, en primer lugar, generar dispositivos de inclusión social desde una lógica de políticas sociales hacia los sectores más comprometidos, que abarquen las franjas más vulnerables, proponiendo estrategias en ese sentido.
—¿Se puede combatir el delito con las cámaras de seguridad?
—No. En general son medidas que se toman para calmar la ansiedad de determinados sectores de la sociedad; en todo caso generan un fenómeno de traslación o desplazamiento territorial del delito.
—¿Cómo califica a la Policía santafesina?
—Como una institución muy heterogénea, con fuertes intereses económicos, en función del intenso rol que tienen en la cogestión de determinadas economías del delito, lo que acarrea serios focos de corrupción policial y que, por ende, terminan impactado en una prestación racional del servicio policial.
—¿Qué opina acerca de las versiones que vinculan a las fuerzas de seguridad con el narcotráfico?
—Que es el caso más paradigmático y dramático de la gestión que algunos sectores de la Policía efectúan sobre el delito. Por eso, siempre hemos razonado que la Policía es parte del problema de la seguridad pública. Este proceso sólo se revierte con acciones claras y firmes desde el poder político, identificando y sancionado las prácticas de corrupción.
—¿Es posible comparar el partido entre Central y Patronato en Santa Fe y el frustrado clásico de enero?
—En algún punto tienen similitud. Lo que sucedió allí revela el complejo entramado que se da entre determinados dirigentes del fútbol, sectores de los denominados barra brava y sectores de la Policía. Hasta que no exista una prevalencia de criterios políticos serios y responsables para evaluar condiciones racionales para llevar a cabo determinados eventos futbolísticos, este tipo de situaciones van a seguir aconteciendo. Para ello es necesario que la autoridad política sea la que tome las decisiones y que las entidades deportivas se sujeten a ello, y no al revés.
—¿Cuáles considera que son los pasos fundamentales para avanzar en la materia?
—En primer lugar, se debe trazar un rumbo claro y preciso, es decir, un proyecto en materia de seguridad con líneas de acción más o menos estructurales y sostenidas en el tiempo. Y, a partir de eso, generar la fortaleza política suficiente para construir las condiciones necesarias para que el proyecto sea realizable. El programa o proyecto en materia de seguridad debe tener alto consenso político en rededor de algunas medidas concretas: en primer lugar, hay que identificar y sancionar con mucha fuerza los actos de corrupción policial, sobre todo los realizados por los funcionarios policiales de mayor jerarquía. Por ejemplo, las investigaciones por enriquecimiento ilícito.
Después, hay que separar las funciones de Policía de seguridad de las de Policía de investigaciones. El alto grado de corrupción y las serias falencias de la Policía en su rol de investigación, ameritan que sea urgente y, al menos en forma gradual (Rosario y Santa Fe), la creación de una estructura independiente y autónoma de una Policía judicial o de investigaciones. La baja tasa de esclarecimiento de los hechos delictuales pone de manifiesto la gravedad de este problema.
Además, hay que fomentar un mayor protagonismo de los fiscales en el control del accionar policial en su faz de investigación en los procesos penales que se inician por hechos delictuales, al menos los más graves (homicidios dolosos). En este sentido se advirtió una señal interesante del nuevo procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, que ha emitido algunas instrucciones a los fiscales en este aspecto.
Otro punto importante es controlar políticamente los circuitos económicos administrativos de la gestión del presupuesto policial. La Policía no debe definir más qué se gasta, en qué se gasta y cómo se gasta. Eso debe hacerlo la autoridad política con criterios serios, racionales y transparentes.
Por último, se debe controlar políticamente las cuestiones inherentes al personal policial, concurrencia a los destinos de trabajo, carpetas médicas y distribución del personal policial en el territorio y resolver definitivamente el problema de los presos alojados en comisarías. Hoy hay algo de más de 1.500 presos en espacios policiales, con los consecuentes efectos negativos que ello supone en el servicio policial.
