Las abogadas que representan a la viuda del pastor y ex concejal Eduardo Trasante, asesinado hace 19 meses dentro de su casa de San Nicolás al 3600, pidieron que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de a conocer una pericia telefónica que consideran clave para esclarecer el homicidio y dijeron “no encontrar ninguna razón” para que se sigan demorando.
Según explicaron en un comunicado las abogadas querellantes Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini, quienes actúan en representación de la viuda Carolina Leones, la Justicia Federal peritó un teléfono secuestrado una semana antes del homicidio dentro de la celda de Julio Rodríguez Granthon, un joven de nacionalidad peruana que purga dos condenas en Rosario por tráfico de cocaína.
Las abogadas dijeron que se enteraron del secuestro del celular por medios periodísticos, donde informaban que el aparato había sido incautado de una celda de la cárcel de Piñero el 7 de julio de 2020, es decir, una semana antes del crimen de Trasante.
“Si tenemos en cuenta que en el marco de la investigación del homicidio la figura de Granthon aparece como la del arquitecto de un plan criminal cuya finalidad era dar muerte a Trasante, la información que pudiera contener ese teléfono podría ser de vital importancia para la causa”, esgrimieron.
Si bien en un principio solicitaron el resultado de esas pericias a la Justicia Federal, más tarde pudieron conocer que el teléfono había sido secuestrado en el marco de una causa provincial, es decir, solicitado por un fiscal del MPA, “por lo cual es difícil de entender que el expediente que investiga el asesinato de Eduardo no cuente ya con esa información”, criticaron.
Al respecto, las abogadas advierten en el comunicado: “Es evidente que la acusación pública está más inclinada a iniciar un camino hacia el juicio oral que a proseguir con la investigación instructoria, pero es difícil de entender que previo a ello no se produzcan medidas tan básicas como contar con la información de ese teléfono secuestrado a Granthon exactamente siete días antes de que asesinaran a Eduardo; entre otras que hemos solicitado durante todo este tiempo. Nosotros tenemos el mismo o mayor interés que la fiscalía en ir a un juicio oral, pero no logramos explicarnos por qué antes de eso no sustanciar algunas cuestiones tan de sentido común como contar con la información de ese teléfono, secuestrado en una fecha tan expresiva”, finalizaron.
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