El intendente de Funes, Rolvider Santacroce, presentó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) una denuncia contra Gilli Inmobiliaria, desarrolladora de los barrios Funes City y Funes Town, ambos en la localidad de Funes, por haber comercializado lotes de ambos desarrollos, que habían sido puestos en garantía de una serie de obras que se habían comprometido a hacer y nunca hicieron. Las obras estaban relacionadas con los servicios básicos de ambos loteos.
Entre los acusados se menciona a Federico Gilli, Teresa Koval, María Cesca, y al escribano Diego Fernando García por haber facilitado la comercialización de los lotes. El mismo grupo económico, Lands SA, también fue denunciado en Villa Constitución. La denuncia, parte final de una larga historia de incumplimientos, fue presentada el viernes pasado y este lunes, en principio, será asignada a la Unidad de Delitos Económicos.
Según repasa la presentación del municipio, en 2009 la inmobiliaria Gilli desarrolló dos loteos gigantescos en Funes: uno llamado Funes City, en su límite este, pegado al aeropuerto; y otro en su límite oeste, Funes Town, pegado a Roldán. En Funes City se pusieron a la venta 1.810 lotes y en Funes Town 880. Tal como señala la denuncia, para dimensionar el tamaño de los loteos alcanza con decir que Funes City representa tres veces la extensión del casco antiguo de la ciudad.
Funes contaba en ese momento con una legislación muy clara que obligaba al desarrollador a no comercializar parte del loteo en concepto de reserva fiscal y espacios verdes, pero desde el Concejo permitieron que los desarrolladores cambiaran esos terrenos por dinero u obras necesarias para el municipio. Gilli cumplió con algunas de esas obras pero las que tenían que ver con los servicios, como por ejemplo la provisión de agua y gas, entre otras, quedaron en la nada.
Los desarrolladores no realizaron las obras de infraestructura prometidas a quienes adquirían los lotes. De esa forma, hoy no tienen los servicios básicos como agua potable, cloacas, gas natural y pavimento. Y precisamente, los lotes vendidos, según la denuncia, habían sido puestos como garantía de una obra que jamás se hizo.
En 2013 (los loteos arrancaron bajo la intendencia de Juvenal Rímini, en 2009), la intendenta de ese momento, Mónica Tomei, firmó un acuerdo con los desarrolladores, quienes se comprometieron a realizar una planta de osmosis inversa, además de las obras no realizadas hasta ese momento, y ese acuerdo se garantizó con lotes del mismo desarrollo en garantía. Se armó un fideicomiso en el que los empresarios transfirieron al municipio los lotes como garantía ante el no cumplimiento de las obras. El fideicomiso en garantía quedó administrado por BMR Mandatos y Negocios, la fiduciaria del Banco Municipal de Rosario.
El contrato dispuso una “cesión de derechos y acciones en poder especial irrevocable entre la Municipalidad de Funes y Lands” por 54 lotes de Funes Town “con el objeto de constituir una garantía autoliquidable que garantice el cumplimiento por parte de los fiduciantes de las obras”. Y como dato operativo no menor se determinó una cesión y transferencia irrevocable a favor de BMR de todos los derechos y las acciones de los 54 lotes. Incluso, se constituye un poder especial irrevocable a favor de BMR como agente fiduciario.
“Hasta aquí se podría interpretar que el Municipio contaba con garantías para poder hacer frente al incumplimiento del 2008 pero una serie de actos disruptores desbaratando derechos acordados haciéndolo litigiosos y/o imposible”, sostiene el intendente de Funes en su denuncia al MPA.
“A la fecha no se ha realizado ninguna obra y por lo tanto hay un incumplimiento hacia el Municipio y a los adquirentes de los inmuebles que abonaron lotes con obras de agua”, denunció Santacroce. Y agregó: “Para sortear las obligaciones impuestas se desplegaron diferentes maniobras defraudatorias y esto provoca que a la fecha se deban realizar con dinero público. Millonarias obras para llevar agua y gas que tendría que haber sido financiadas por los empresarios inmobiliarios”.
“En una maniobra inexplicable no fueron embargados ni caucionados, y algunos hasta fueron vendidos, pese al incumplimiento de las inversiones prometidas”, agregó el jefe comunal en relación a la empresa fiduaciaria BMR Mandatos y Negocios, encargada de controlar el cumplimiento del acuerdo.
Según se explica en la denuncia, en 2016, cuando el intendente era ya León Barreto (Cambiemos), aparece en los clasificados de La Capital un aviso en el que se ofrecía un emprendimiento en Funes, cancha de tenis, fútbol, salón de evento, todo sobre 13.000 m2 y se ponía el número de celular de Patricia Gilli. Años después se supo que esos lotes eran parte de los que formaban las garantías.
La denuncia enumera más casos en los que se detectaron ventas similares de lotes que debían estar a resguardos como garantías pero que habían pasado a manos de particulares entre finales de 2015 y 2017. Y, mientras tanto, Gilli o Grupo Lands, no terminó ninguna de las obras comprometidas.
Es por eso que la conducción de la fiduciaria del Banco Municipal entre 2013 y 2017 queda así envuelta la polémica. Porque, según se denuncia, no hizo lo suficiente para evitarlo. En 2016, el Grupo Lands inicia una acción civil contra BMR pidiéndole la liberación de los lotes y argumenta que las obras no fueron hechas sino porque se habría calculado mal el costo inicial. En sucesivos cambios catastrales la Municipalidad, en ese momento a cargo de Barreto, liberó alguno de sus lotes.
BMR ganó la pulseada al mostrar que las exigencias de obras seguían sin cumplirse y el juzgado de primera en los civil y comercial de la octava nominación dispuso ese año una cautelar con “la prohibición de no innovar sobre los lotes objetos del fideicomiso de garantía”.
Sin embargo, sobre mediados de 2019 Barreto le pido a BMR que disponga la escrituración de los lotes a nombre de Grupo Lands. Pero allí BMR se opuso y antes de que se vaya Barreto presenta una denuncia penal en el MPA para que se investigue qué ocurrió allí.
Luego de asumir la intendencia en 2019, Santacroce detectó que hubo más lotes de la garantía que cambiaron de manos, no pudiendo así ejecutarlos para costearlas tareas de infraestructura en los barrios en cuestión.
En noviembre de 2020 denunció por incumplimientos de contratos a los directivos de Gilli y Lands en el juzgado de primera en los civil y comercial de la octava nominación a cargo del magistrado Luciano Juárez. Tras la presentación de Santacroce, la Justicia intimó a los empresarios a cumplir lo dispuesto por la cautelar de 2016 y remite al MPA las actuaciones por presunta comisión de delito de desobediencia de una orden judicial.
La Intendencia siguió denunciando nuevos de incumplimiento de la cautelar. Y por eso ahora, además de la acción civil, presentó una denuncia penal. En esa denuncia actúa también contra BMR: “Hay méritos suficientes para definir al accionar de BMR Mandatos y Negocios como mínimamente cuestionable ya que nunca formalizaron la inscripción correspondiente de los bienes en garantía y no nos consta la realización de las medidas conducentes a salvaguardar los intereses que le fueron conferidos”.
“El fiduciario se constituye como administrador y garante de los bienes encargados y al violar sus deberes logró un lucro indebido causando un daño patrimonial. Desconocemos si por consecuencia del acto infiel se produjo un enriquecimiento a los directivos de BMR Mandatos y Negocios, pero el daño patrimonial existió”, denunciaron.
La Municipalidad agrega en su denuncia al escribano Diego Fernando García porque “aparece vinculado a acciones judiciales solicitando las habilitaciones de cuentas para escriturar lotes que estaban en garantía”. Incluso aportan un documento en el que el apoderado de BMR, Luis Ortolani, lo intima a “abstenerse de realizar tareas registrables sobre los lotes en garantía del municipio”.
En la denuncia, Santacroce señala que “no hay un mero incumplimiento, sino toda una maniobra desplegada por Lands con la presunta participación de un profesional notarial y la acción omisiva debía velar por los intereses de la Municipalidad”. “Posiblemente la ingeniería defraudatoria trascienda a los denunciados y pueda llegar hasta funcionarios, pero eso será materia de investigación y pongo a disposición todo los medios que están a mi alcance”, escribió.
Quiebra en 2018
En junio de 2018, la Justicia provincial dictó la quiebra del empresario rosarino Federico Carlos Gilli, socio de la firma Gilli Inmobiliaria SRL y director de la desarrolladora Grupo Lands SA. Lo hizo a través de un fallo del Juzgado Civil y Comercial de la 14ª Nominación, a cargo del Marcelo Carlos Mauricio Quaglia, en el cual nombró como síndico del proceso a la contadora Vanina Muro.
La resolución se dio como resultado de una situación económica que desde el entorno de Gilli calificaron como “delicada” en aquel momento.
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