A mediados de junio los mandamases de la firma Guardati Torti quedaron presos. La medida cautelar de encierro llegó tras cuatro imputaciones por desmanejos que realizaron en sus empresas, una agencia de Bolsa y una corredora y acopio de granos, donde muchos clientes terminaron con sus cuentas vacías, siempre según la acusación.
La última imputación tuvo que ver con la firma de dos contratos con dos acreedores donde ataron una reparación económica a su voto favorable en el concurso de acreedores que transita la firma en el fuero civil: dejó tras las rejas en forma preventiva a Juan Carlos Guardati y Ángel Alberto Torti.
El primero sólo estuvo una semana encerrado en un lugar de detención. Logró un arresto domiciliario debido a una enfermedad que, según su defensa, transita; ahora la misma suerte corrió su socio que también se fue cumplir la medida cautelar a su casa.
La decisión fue tomada por el juez Hernán Postma en una audiencia donde la Fiscalía solicitó un arresto domiciliario por cuestiones de salud. El imputado de 79 años logró el regreso a su casa con algunos controles.
El inicio de la causa
El diciembre los directivos Ángel Alberto Torti y Juan Carlos Guardati, Natalia Susana Guardati, Noemí Alicia Ponte, Susana Margarita Alesandrini, Alejandro Damián Giacomino, Juan Martín Guardati y Laura Marcela Torti y el síndico titular Gustavo Ricardo Rossi, fueron imputados por varios delitos vinculados a la falsificación de balances y desmanejos.
En febrero se los volvió a imputar por 156 hechos de administración fraudulenta donde sus clientes fueron víctimas del vaciamientos de las cuentas que administraba la firma. La tercera imputación se produjo por el vaciamiento de una cuenta de una empresa de transporte por 19 millonesde pesos. En estos tres casos los imputados se fueron a sus casas con algunas restricciones pero en la ultima imputación no corrieron la misma suerte.
Juan Carlos Guardati y Ángel Torti fueron imputados por el delito de colusión que se produce cuando se hace un convenio que estipula ventajas especiales para el caso de aceptación de un concordato, convenio o transacción en el que intervenga un deudor, director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa o persona jurídica de otra índole en estado de quiebra o concurso.
Puntualmente le ofrecieron a dos acreedores una reparación económica, en un caso por 7 mil dólares y en otro por 65 mil dólares lo que quedó supeditado a su voto favorable en el concurso preventivo que atraviesa la firma. Ambos imputados terminaron con arresto preventivo, pero una semana después Guardati logró un arresto domiciliario, una semana más tarde también se fue a su casa Torti.
Los máximos directivos de la firma Guardati Torti quedaron presos por 90 días tras nueva imputación
La morigeración al encierro preventivo fue solicitada por la fiscalía, a cargo de Sebastián Narvaja, a través de un arresto domiciliario y un monitoreo con tobillera electrónica y cámaras de seguridad. La defensa de Torti, a cargo de los abogados Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo, adhirió al pedido fiscal.
A lo que el juez dispuso el arresto domiciliario de Torti en un edificio céntrico y dispuso que la comisaría con jurisdicción en la zona realice controles esporádicos y sorpresivos en el domicilio.
A su vez la defensa puso a disposición de la Fiscalía las cámaras del edificio donde cumplirá la medida cautelar y además deberá facilitar al MPA el acceso remoto a estas cámaras. A Torti se le fijó la prohibición absoluta de mantener contacto con las víctimas y solo puede tener contacto con los profesionales que intervienen en cuestiones jurídicas que los respresenten.
Además se dispuso que el Consultorio Médico Forense lo examine a los fines de determinar, en razón de su patología de salud, si está en condiciones de utilizar una tobillera electrónica, que en caso afirmativo deberá colocarse el dispositivo.
Versiones de acuerdo
También en el frente judicial, según publicaron los portales especializados Puntobiz y Ecos365, hubo acuerdos con los acreedores tanto en materia penal como civil. La agrofinanciera del grupo, o sea GyT, logró aval del 75 por ciento del capital adeudado y más del 60 por ciento de la cantidad de acreedores, sobre el filo del plazo. Y en la causa penal, resarcirá económicamente a 78 ahorristas que invertían en la Bolsa y que denunciaron al directorio por estafa. De todas maneras, hay otros 70 que aún no acordaron, siempre según las fuentes mencionadas. En tanto, en cuatro semanas vencen los plazos para el otro concurso, el de GyT Plus.
Delitos de guante blanco: uno de los directivos de Guardati Torti logró marcharse a su casa
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