El senador Armando Traferri denunció ante la comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos por faltas graves. Aseguró que la investigación que estos dos funcionarios llevan en su contra «es sesgada y dirigida a su persona en forma maliciosa» y profundizó sobre la evidencia que según el MPA lo vincula con el proceso. Entre ella, la declaración del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el abreviado que firmó este ex funcionario, al que tildó de insólito procedimiento «que benefició a un coimero confeso, con el acceso a una libertad condicional y unas rupias en el bolsillo. Así se escribe la historia”. La presentación se da también en el marco de que el próximo 24 de noviembre la Justicia se apresta a analizar si acepta o no el convenio celebrado entre el empresario arrependido Leonardo Peiti y los mencionados fiscales, a través del cual el sindicado capo del juego ilegal pretende, tras involucrar en delitos a cuatro legisladores, convertirse en imputado colaborador a cambio de una reducción de pena, de 6 a 3 años de cárcel.
Para el legislador, los fiscales que lo investigan cometieron faltas graves, especialmente con base en dos cuestiones: los datos de tráfico de su celular sin autorización judicial y el abreviado de Ponce Asahad en su carácter de imputado colaborador, al que tildó de ilegal.
Aseguró que hay una pretensión de los fiscales “de involucrarme a cualquier precio, como organizador o jefe de una asociación ilícita, destinada a la protección y explotación del juego clandestino”
Dijo que el origen radica en las declaraciones del ahora condenado ex fiscal Gustavo Ponce Asahad que, a su criterio, no goza de fidelidad. Dijo que este ex funcionario ya en diciembre pasado mostró su enojo contra los legisladores y la vicegobernadora Alejandra Rodenas porque votaron su desafuero.
Refirió que de las declaraciones de Ponce Asahad surgen distintos nombres y posibles comisiones de delitos como cohecho, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes y agrego que si el ex fiscal del MPA es creíble los fiscales no pueden ser selectivos ante la gravedad de las situaciones expuestas y personas nombradas.
También dijo que el procedimiento abreviado de Ponce Asahad es ilegal y a la vez se presenta como un elemento incriminador. Cuestionó que la declaración del ex fiscal encuadre dentro de la figura del imputado colaborador, ya que lo dicho lo había declarado anteriormente. También la pena acordada, que se dividió, según su explicación, erróneamente a la mitad, lo que le permitió obtener la libertad y no le aplicó multa que fija la norma, lo que le valió a la jueza que homologó el acuerdo, María Isabel Mas Varela, una denuncia.
Además, Traferri aseguró que la provincia no sancionó una ley que incorpore la figura del arrepentido o imputado colaborador. “La omisión de aplicar debidamente la ley (in)aplicable, permitió el escándalo de que el ex fiscal Ponce Asahad, reconociendo ser coimero desde su cargo, se fuera en libertad a su casa, y con plata en el bolsillo, producto de sus fechorías”, aseguró.
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Datos telefónicos
Traferri dijo que en el afán de incriminarlo los fiscales cometieron ilegalidades. Dijo que antes, durante y después del pedido de desafuero realizaron una pesquisa sobre los datos de tráfico de su celular que le fue asignado por la Legislatura sin autorización judicial.
Dijo que los fiscales “violentando mi derecho a la intimidad, obtuvieron ilegalmente el registro de llamadas y mensajes entrantes y salientes del número de celular que utilizo correspondiente a los años 2017, 2018, 2019 y 2020..”, aseguró que no sólo supieron de las líneas telefónicas con las que se comunicó en los últimos cuatro años, sino también su localización en ese período. Lo que además es una clara violación a la inmunidad que tiene como senador, aseguró.
Peiti
También se refirió a algunos trascendidos sobres los dichos de Leonardo Peiti, acusado de juego ilegal, en su última declaración por parte de sus abogados donde nombran también a otros senadores: en total, dos peronistas y dos radicales. Uno de ellos se presentó ante los fiscales y le expidieron “una suerte de certificado de buena conducta”, aseguró.
Aclaró que su contacto con Leonardo Peiti fue porque este empresario, que está a punto de cerrar un acuerdo abreviado el próximo miércoles 24, le presentó un proyecto para Lotería de Santa Fe. A lo que agregó que ese proyecto chocaba con los del gobernador Omar Perotti que por decreto concedió por 15 años la explotación del juego online a Boldt y al Casino City Center, y hay una denuncia por ello, refirió.
El senador no dejó de lado la cuestión política, al evaluar la situación. Dijo que se distanció del gobernador por su participación en la aprobación del Presupuesto del año 2020.
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Auditoría
Independientemente de la investigación sobre juego clandestino dijo que no hay un criterio reglamentario y objetivo para la asignación de causas, ello es a criterio del fiscal regional o general, según el caso. “Esto determina un círculo vicioso que funciona como valla de contención ante cualquier embestida contra los fiscales que denuncio”, aseguró.
Para Traferri todo esto excede una cuestión personal y se refirió a que existe una “ilegal y sistemática manera de funcionar por parte del conjunto de fiscales del MPA”. Para el senador hay una clara intensión de montar una investigación sólo para perjudicarlo.
El senador pidió además que se excluya a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación al entender que los fiscales han tenido un fuerte espaldarazo de la Fiscalía General y Regional de la 2a Circunscripción (que corresponde a Rosario), de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA y del ex titular de la Dirección de Investigación Marcelo Sain a quien le dedicó varios renglones.
Sain terminó eyectado de su cargo como jefe de la policía judicial por parte de la Legislatura, que lo separó del cargo por abrumadora mayoría. El también ex ministro de Seguridad de Omar Perotti volvió a recurrir a la Justicia laboral tras decisión legislativa, y advirtió ante quien quisiera escucharlo: «Ahora van por el gobernador», y «hay que cuidar a los fiscales Edery y Schippa Pietra».
También Traferri hizo referencia a la desestimación de la denuncia penal que realizó contra los fiscales por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no archivar la causa tras el rechazo de su desafuero. Lo que fue respaldado por los fiscales general y regional. “Hay, en definitiva, un MPA corporativamente militante, con relación a los supuestos hechos delictivos que se me pretenden adjudicar”, aseguró.
Final: Legislatura eyectó a Marcelo Sain del sillón de jefe del Organismo de Investigaciones
