Alvaro Arellano
Entre fines de noviembre y principios de diciembre se conocerá la resolución de la Corte Suprema de Santa Fe sobre el concurso de acreedores de Vicentin. Si bien los magistrados no se inclinarán por el avocamiento, dejarán en claro su rechazo a la última oferta presentada por el directorio y todo indica que habrá un avance hacia el proceso de cram down (o salvataje), en el que emerge un actor tapado hasta el momento.
Se trata de Claudio Rosso, un hombre de negocios vinculado a una importante cadena argentina de supermercados mayoristas con domicilio fiscal en Capital Federal, que desde hace tiempo viene siguiendo de cerca la trama judicial que envuelve a la agroexportadora y acreedores y que tiene un fuerte interés en encabezar el conglomerado de empresas que se harían cargo del salvataje de la devenida en default.
Más allá del perfil comercial, que también lo vincula a la gestoría de seguros, la particularidad del apuntado es que tiene una relación directa con el Vaticano y es corresponsal en varios países, entre ellos en Argentina, de la edición mensual “Il Mío Papa”, una revista dedicada a repasar la actividad del Papa Francisco. En el mundo empresarial es identificado como un hombre de negocios, pero también como una personalidad con actividad en la vida política nacional e internacional.
Un análisis en clave política, relaciona directamente a Claudio Rosso, quien también es vicedirector Ejecutivo de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, con el titular de la mencionada cadena de supermercados mayoristas, empresario de buena relación con el kirchnerismo, quien además hasta el día de hoy aparece como socio de Vicentin en un complejo productivo de la provincia de Santa Fe.
Una lectura aún más profunda puede invitar a pensar hasta en una injerencia proveniente desde El Vaticano. Basta recordar que en medio de las negociaciones de Argentina para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Alberto Fernández agradeció de manera pública en reiteradas oportunidades al Papa Francisco por su colaboración para destrabar el acuerdo. No sería extraño en este caso que el vínculo entre Rosso y la Máxima Santidad, haya influido en las pretensiones del empresario de encabezar el cram down y encontrar una salida al conflicto.
Fuentes allegadas a este medio, describieron al empresario en cuestión como “un estratega”, con proyectos a largo plazo y vínculos con destacadas personalidades del mundo empresarial y político. Dentro de su extenso currículum también se destaca como miembro del directorio de Inese, una entidad que agrupa a la mayor red de profesionales del sector asegurador.
En el marco de reuniones que organizó recientemente esa entidad, Rosso mantuvo encuentros con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso y con el de Chile, Gabriel Boric. La asesoría en seguros es una de sus principales ocupaciones actualmente.
En paralelo, se desempeña como miembro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Además es consejero en la Federación Interamericana de Empresas de Seguros y director de Servhiseg, una firma que brinda asesoramiento en temas de higiene y seguridad.
Junto a Rosso, hay un listado de empresas con intenciones de encabezar el salvataje, entre ellas varias de las acreedoras que durante el proceso concursal manifestaron su abierto rechazo a las reiteradas ofertas de Vicentin y empujaron para una salida vía salvataje.
Más allá de que las intenciones del empresario mencionado se concreten o no, el fallo de la Corte dejará en claro que la última propuesta de la agroexportadora no puede ser aceptada, por motivos similares a los que advirtió el procurador Jorge Barraguirre, y el juez Fabián Lorenzini no tendrá muchas más alternativas que atenerse a la resolución del máximo tribunal provincial y dar lugar a la conformación del Cram Down.
Sería la última instancia, previa a la quiebra, que permitiría a los acreedores y actores interesados, formular una propuesta para tomar el control de la compañía. Además de los actores ya mencionados, esta instancia se podría completar con la participación del Banco Nación.
El ex presidente de la Entidad Eduardo Hecker, manifestó abiertamente en más de una oportunidad, incluso durante una visita a Rosario, la posibilidad del cram down como una salida concreta con el apoyo del Nación una vez finalizado el período de exclusividad. Con el cambio de autoridades, Silvina Batakis no volvió a hacer mención al tema, aunque allegados a la actual presidenta de la entidad reconocen que el tema Vicentin se trata habitualmente entre autoridades del Nación.
Cómo sigue la causa
La posibilidad del cram down cobra cada vez más fuerza en medio del curso judicial que deberá definir los destinos del controvertido concurso por 1.500 millones de dólares. Desde la Corte santafesina mantienen el hermetismo, pero todo indica que entre fines de noviembre y principios de diciembre se terminará por conocer lo que por estos días está siendo analizado por los miembros del tribunal. No habría avocamiento, pero tampoco se daría lugar a la oferta.
Cabe recordar que hace poco más de un mes, el procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre, desestimó el avocamiento del máximo tribunal al considerar que la gravedad institucional “no ha sido demostrada”, en el pedido efectuado por el Grupo Grassi, acreedor que consideró que existieron una serie de “inconductas procesales” y arbitrariedades durante el proceso por parte de juez, Fabián Lorenzini.
Si bien la definición del procurador no tiene carácter vinculante, los miembros de la Corte tendrán en cuenta sus argumentos. Más allá de desestimar el avocamiento, Barraguirre dedicó un apartado para advertir sobre la última propuesta de pago efectuada por el directorio de Vicentin.
En ese sentido, apuntó: “Un cuidado fundamental está dado en relación a la propuesta de pago: tal como está formulada, podría implicar la violación del principio de igualdad de trato en tanto un sinnúmero de acreedores parecerían obtener el pago del ciento por ciento de su acreencia mientras que otros obtendrían un porcentaje notoriamente inferior”.
Fuentes judiciales indicaron a este medio que, de no mediar alguna circunstancia inesperada, la Corte no procederá con el avocamiento pero dejará en claro que la oferta de la concursada no puede ser aceptada. Una vez finalizado el período de exclusividad, quedaría el escenario abierto para que avance el salvataje a manos de un conglomerado de empresas.
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