La llegada de una citación a los integrantes de La Toma para una audiencia el próximo 22 de marzo por parte del Juzgado N° 14 en lo Civil y Comercial, en el marco del expediente por la quiebra del hipermercado Tigre, disparó la alarma entre los trabajadores que desarrollan sus actividades en el edificio ubicado en Tucumán al 1300. Esto ocurrió la semana pasada –y si bien no se aclaran los motivos de la convocatoria– el uso de la palabra “ocupantes” para citarlos adquiere un significado que los preocupa, y mucho, según afirmaron desde la cooperativa a este diario.
Cabe recordar que en febrero de 2009, el entonces gobernador Hermes Binner firmó el decreto que promulgaba la ley de expropiación del inmueble que venían ocupando desde 2001 los trabajadores el Centro Cultural La Toma, donde anteriormente funcionó el hipermercado Tigre.
En aquel momento se cerraba una lucha que comenzó cuando los trabajadores tomaron la sede del supermercado donde trabajaban. La firma del decreto 139 por parte del mandatario terminó formalizando la ley 12964 que la Cámara de Diputados aprobó en su sesión del 18 de diciembre de 2008, luego de que Senadores hiciera lo propio.
La llegada de esta citación hizo que el último viernes las más de 30 organizaciones que desarrollan sus actividades allí realizaran una asamblea “a los fines de considerar una nueva agresión del poder judicial que por medio de una cédula intenta citar a los «ocupantes del inmueble» para dar curso a las pretensiones de un banco”.
Frente a esta especie de déjà vu o vuelta al pasado, en ese encuentro se decidió convocar para el lunes 14 de marzo a todas las organizaciones populares, políticas, sociales, sindicales, legisladores, concejales y miembros de sectores políticos o gremiales a una asamblea pública en defensa de La Toma.
El presidente de la cooperativa de Trabajadores en Lucha, Carlos Ghioldi, contó a El Ciudadano que la semana pasada recibieron una citación por parte del juzgado 14 “donde nos tratan de ocupantes del inmueble”.
“Lo que entendemos es que desde algún oscuro espacio de la Justicia se están desconociendo, justamente, leyes como la de expropiación del lugar, que fueron votadas de manera unánime en la Legislatura”, explicó.
El dirigente social calificó a la citación como “una falta de respeto directo a las instituciones democráticas”.
“Es por eso que hemos decidido convocar a una asamblea pública para el 14 de marzo a las 18 para organizarnos y movilizarnos ante la que consideramos como una nueva embestida contra La Toma. Vamos a convocar a todas las organizaciones sindicales, políticas y sociales para defender un espacio que es de los trabajadores. También, para defender las leyes que han sido votadas en el Congreso provincial. La idea es sensibilizar a la opinión pública para que este puñado de funcionarios judiciales desista con su actitud”, indicó.
“Si bien no nos dicen por qué nos citan, el uso de la palabra «ocupantes» deja en claro que desconocen y rechazan todo lo obtenido tras años de lucha. Es como volver al 2001 y decirnos «los consideramos ocupantes por lo que tienen que irse de ese lugar porque no es de ustedes». Es algo muy grave. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a organizar un plan de lucha para defender cada una de las conquistas”, añadió.
Cabe recordar que el lugar se convirtió en el espacio cooperativista y cultural que continúa en estos días luego de que el ex hipermercado Tigre decidiera cerrar la empresa. En ese marco, los trabajadores decidieron hacerse cargo de su futuro y lo reconvirtieron en una cooperativa donde unas treinta instituciones desarrollan actividades y emprendimientos económicos.
Todo esto se dio en un marco político social muy complejo, como el que marcó la crisis de 2001, donde miles de empresas abandonadas o quebradas fueron ocupadas y puestas a funcionar por sus ex empleados.
En la actualidad, varias instituciones y organizaciones tienen sede y desarrollan cotidianamente sus actividades en La Toma, y otro tanto lo hacen ocasionalmente. Se usa de teatro, de galería de arte de la Facultad de Humanidades y de taller de trabajo. Tiene espacios de producción, un mercado popular, una carnicería y un bar. Funcionan también un comedor universitario, los centros municipales de economía social, con sus artesanos, y se están instalando escuelas de oficios. También está la Asociación de Actores, el Sindicato de Guardavidas; la CTA de los trabajadores; la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep); la Mutual de Psicólogos; el Centro Aprender a Vivir Mejor, que trabaja la violencia de género; organizaciones de derechos humanos como APDH, Familiares, y el Espacio Juicio y Castigo.
