Alvaro Arellano
El gobierno nacional intensifica la fiscalización en las operaciones de comercio exterior a través de la Dirección General de Aduanas (DGA) con el objetivo de ponerle un freno a la salida de dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La amplitud de la brecha entre el dólar oficial y los financieros, dio lugar a una mayor especulación y al crecimiento de maniobras de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y ahora también alquiler de cautelares para importar.
Durante los últimos días, desde Aduanas detectaron un primer universo de 13.640 operaciones irregulares que involucran a 722 empresas, por un monto cercano a 1.250 millones de dólares. Se verificaron maniobras y artilugios en distintos rubros, que van desde la importación de “chatarra tecnológica”, pasando por la compra y sobre facturación de barbijos, hasta la subfacturación para exportar litio.
Esta semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó denuncias en la Justicia argentina contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas utilizando bancos extranjeros. En ese sentido, confirmó algo que había anticipado durante sus primeros anuncios, y que tiene que ver con el inicio de intercambio de información entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos “para investigar de manera articulada y coordinada delitos que perjudican al Estado Nacional”.
En tiempos de (mayor) escasez de dólares y reservas, Argentina tuvo que afrontar las consecuencias de la falta de autoabastecimiento energético y sumado a eso los efectos de la guerra, que llevaron el combustible a valores históricos. Durante los últimos meses este fenómeno comenzó a influir en la balanza comercial ya que cada vez se necesitó de mayores volúmenes de dólares para abastecer la demanda durante el invierno. En paralelo, desde el gobierno nacional empezaron a poner la lupa en otros conductos que permiten la salida de moneda extranjera.
Una de las maniobras más recurrentes en este contexto por parte de algunas empresas, tiene que ver con la sobrefacturación de importaciones, también conocida como “rulo importador”. Consiste en declarar el ingreso al país de mercadería a valores sensiblemente superiores a los reales, con el propósito de acceder ilícitamente a una mayor cantidad de dólares a precio oficial, para luego ser transferidos al exterior y, finalmente, convertirlos al valor del dólar financiero. Una muestra de los efectos colaterales, o de las “oportunidades” que ofrece la amplia brecha cambiaria en Argentina.
Cuanto más amplia esa brecha cambiaria, mayor ganancia para el que desarrolla este tipo de maniobra. Cada vez con mayor frecuencia se detectan casos de sobrefacturación de importaciones para hacerse de dólares en el país al tipo de cambio oficial y luego cambiarlo en el exterior al dólar financiero, como de subfacturación de exportaciones donde ingresan menos dólares a las arcas del Estado y se dejan las divisas en el exterior.
Para este último artilugio se conforma lo que se conoce como triangulación comercial, un recurso lícito para el comercio exterior, pero que en este caso sufre distorsiones. Se trata de operaciones en las que la mercadería proviene de un país, la factura de otra jurisdicción, pero sobrefacturada, es decir, a un precio superior a lo que vale la mercadería. Desde aduana indicaron que esto suele suceder con máquinas electrónicas o mineras de bitcoin que vienen desde China, se facturan desde una empresa de Estados Unidos pero el valor de la factura de la empresa norteamericana es superior al valor de origen de la mercadería que salió de China. Entonces, si no hay un valor agregado o un proceso productivo adicional, no hay justificativo, más allá del transporte, para que tenga un valor de sobrefacturación sustancial. Son algunas de las maniobras que Aduana empezó a trabajar desde Afip.
Caso por caso
Los primeros días de agosto Aduanas dio a conocer algunos casos que exponen este tipo de artilugios. En uno de ellos se detectó el caso de una empresa que importó supuesto material tecnológico al Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, pero en realidad se trataba de simples cajas vacías o “tecnología basura”.
La mercadería tenía como origen China, pero estaba facturada por una empresa extranjera con sede en el estado de Delaware, Estados Unidos, constituida el 15 de mayo de 2020. Lo llamativo para la Aduana fue que las facturas que amparan las destinaciones tienen como fecha de emisión el mes de marzo de 2020, dos años antes de las “supuestas importaciones” que se detectaron y dos meses antes a la creación de la empresa trader del exterior. Por este motivo la operación pasó a canal rojo y verificación exhaustiva.
La basura tecnológica se pretendía importar a USD 1,5 millones, cuando en realidad el valor de la “mercadería” no superaba los USD 30 mil (el valor residual del plástico y el aluminio de los equipos simulados). Respecto a este caso, desde Aduanas indicaron: “Si se considera la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación, haberle permitido girar a la empresa importadora los USD 1,5 millones le hubiera implicado una ganancia ilícita de $ 300 millones”.
Otro caso está relacionado a la importación de barbijos provenientes de China. Desde Aduana lograron desactivar una operación en la que se estima que el valor real de la mercadería importada ascendería a USD 563.000, mientras que el valor declarado en las operaciones investigadas fue de USD 4.120.000, es decir una sobrefacturación total estimada de un 730%.
En esta oportunidad, dos empresas del rubro textil declararon el ingreso al país de barbijos, al amparo de los beneficios del Decreto N° 333/2020 (dictado en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, que eximía al producto del pago de derechos de importación) a valores muy superiores a los del mercado internacional e inclusive local.
De la investigación en Aduana se determinó que una de las empresas importadoras declaró un contenedor con 888.000 barbijos tipo KN-95, a un valor total de compra en China de USD 858.684, es decir, un valor unitario en origen de USD 0,967 por barbijo ($ 130 cada uno), cuando paradójicamente comercios minoristas pueden adquirir el mismo producto a un precio unitario inferior. En total, se trata de 1,7 millones de barbijos sobrefacturados.
En tanto, a mediados de julio se detectó también una maniobra de subfacturación que involucra a una empresa de litio, que entre que entre 2018 y 2019 generó un perjuicio de US$ 8 millones en derechos de exportación.
La maniobra comprende a más de 400 operaciones de exportación efectuadas por una empresa argentina (que por cuestiones procesales aún no puede ser identificada) a una empresa vinculada del exterior. La firma local le exportaba a valores sustancialmente inferiores a los estimados de mercado y a los utilizados por otro exportador comparable.
Las tres mencionadas son maniobras que lograron ser detectadas por la Dirección General de Aduanas y por las que se presentaron respectivas denuncias luego del trabajo en conjunto con Afip. La información ya se encuentra en manos de la Justicia y durante los próximos días, avanzarán en el cruce de datos con la unidad de inteligencia financiera estadounidense.
Alquiler de cautelares
Los artilugios de algunas empresas en el comercio exterior no quedaron simplemente en facturar de más o menos, sino que algunas también apelaron a la pata judicial para sortear la ley.
A mediados de julio se conoció que la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo una maniobra de importación por parte de la empresa Yoko S.A. El organismo descubrió que esa firma había obtenido autorizaciones judiciales, a través de medidas cautelares, para importar mercadería y luego se las facilitó a otra firma llamada Tropea S.A. para que pueda realizar operaciones por fuera del marco de la ley. El hecho tomó una notable trascendencia luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se manifieste al respecto a través de su cuenta de Twitter.
Yoko S.A. acudió a la Justicia durante el año pasado argumentando que no podía seguir produciendo si no le ampliaban las autorizaciones ante la Afip para importar. Un juzgado accedió a ese pedido y le concedió una medida cautelar para que pueda seguir importando sin la necesidad de cumplir con el procedimiento habitual, lo cual también le habilitó a la empresa la posibilidad de acceder a dólares con valor oficial.
Ese trámite se repitió en tres oportunidades pero no fue lo más llamativo del caso. Es que además de que la Justicia le concediera ese permiso a Yoko en reiteradas ocasiones, luego se conoció que la firma marroquinera le cedió esa autorización para importar a otra empresa del rubro sin que lo advirtiera la Afip, el gobierno nacional o el Banco Central.
En definitiva, la DGA constató que Yoko le “alquiló” ese permiso a Tropea para que pueda traer la mercadería proveniente desde el exterior, permitiéndole de esa manera el acceso al dólar oficial y con reservas del Banco Central, un atajo al margen de la ley y que constituye un delito penal, en un contexto de faltante de dólares y dificultades para el universo de empresas que tienen que importar para seguir produciendo.
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