El jefe de Gabinete Marcos Peña anunció ayer que modificará por decreto la ley de medios y que se creará el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que absorberá las funciones de la Afsca y de la Aftic. El funcionario sostuvo que esta decisión del presidente Mauricio Macri tiene el propósito de poner “fin a la guerra contra el periodismo en la Argentina”. Distintos sectores de la oposición y organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos salieron al cruce y repudiaron la decisión oficial.
El jefe de ministros reivindicó el rol “crítico e independiente” del periodismo y subrayó que el rumbo fijado por el gobierno en esta materia busca “una nueva doctrina en la relación del Estado con el periodismo” tras una etapa en la que se buscó “disciplinar a los medios”.
Lo expresó durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y Miguel de Godoy, que fue designado como titular del Enacom, cuya creación se instrumentará por vía de un decreto de necesidad y urgencia.
En este sentido, Peña anunció que el gobierno promoverá la creación de una comisión bicameral en el Congreso que “discutirá una nueva ley de comunicaciones” a partir de la convergencia de manera integrada de las actuales leyes de Medios y de Tecnologías de la Comunicación.
Peña enfatizó que se buscará “terminar la guerra del Estado contra el periodismo, la confrontación y la pelea, que ha sido inútil y dividió a los argentinos”.
Sostuvo que por decisión de la ex presidenta Cristina Fernández “se inició una guerra contra el periodismo y tuvo distintas expresiones siempre motivadas de una visión cerrada y autoritaria que planteaba que quien no se disciplinara a la voluntad presidencial debía ser combatido, marginado y perseguido por el Estado”.
Para el jefe de ministros, se inicia “una política pública de comunicación del siglo XXI, con una mirada en la que todos los argentinos puedan acceder a servicios de internet, telefonía y cable con pluralidad, competencia y modernidad”.
Peña insistió, además, en que el presidente Macri tiene la “concepción” de que “el periodismo tiene que ser independiente y crítico” y subrayó: “Queremos más transparencia en el sistema de la pauta (publicitaria), menos injerencia del Estado y que haya igualdad” respecto de la relación con todos los medios de comunicación social.
Defendió la creación del nuevo ente nacional de comunicaciones a través de un decreto, al sostener que se trata de “una herramienta” prevista en la Constitución nacional y “no” es “exagerado” hacer uso de este mecanismo.
Dijo que la ley de comunicaciones “tenía que regular un sector vital y determinante para la economía nacional y fue pensada en la misma lógica de otro capítulo de esa guerra creando la Aftic, que fue colonizada por La Cámpora y como otra herramienta política para ese mismo combate y relegando en ambos casos a la línea estatal que venía ocurriendo tanto en el Comfer como en la Secretaría de Comunicaciones”.
Para el funcionario, “el saldo de esa guerra fue malo para todos y no hubo ningún beneficio para los argentinos, ni aumentos en la cantidad de medios, de conectividades y accesos al celular que hoy tenemos en una fragilidad enorme y colapsan, y vastos sectores que no tienen acceso a telefonía celular que funcione bien y sobre todo un pasado dividido y peleado, con una tensión permanente hacia el trabajo del periodismo en el cual en esa guerra se trató de dividir entre buenos y malos, solo por la óptica política y no por la calidad del trabajo profesional”.
Y agregó: “El gobierno va a cambiar la doctrina de su relación con el periodismo y, en ese marco, a lo largo de los próximos meses iremos comunicando cambios en el sistema de pauta publicitaria, para rematar: “Las anteriores autoridades constitucionales nos dejaron una deuda enorme”.
Opositores apuntaron contra el gobierno y pidieron discutir en el Congreso
Distintos sectores de la oposición salieron ayer a criticar la decisión del gobierno nacional de disolver por decreto la Afsca y el Aftic, y de modificar la ley de Medios.
El parlamentario del Mercosur Agustín Rossi resaltó que el presidente Mauricio “Macri no puede seguir gobernando mediante DNU”. En un comunicado, afirmó: “Las medidas que ha tomado favorecen a los más poderosos y restringe la democracia argentina. Pareciera que para Cambiemos el Congreso no existe”.
El dirigente radical Leopoldo Moreau, que en los últimos tiempos se mostró cercano al kirchnerismo, calificó la medida anunciada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como un “acto ilegal, inconstitucional y antidemocrático” hecho a la medida del grupo Clarín.
“Es un acto de autoritarismo berreta de quienes añoran los tiempos en los que la dictadura militar también amparaba los privilegios de los grupos concentrados”, disparó. Y opinó que el DNU “está hecho para que el grupo Clarín pueda desembarcar en la telefonía móvil e incremente su poder concentrado”.
En tanto, el diputado socialista del FpV, Jorge Rivas, recalcó a través de su cuenta en Twitter que “una ley solo puede ser reformada por otra ley posterior”, con lo cual señaló que “lo de Macri es totalmente ilegal” y que “es presidente de la República, no rey absoluto”.
El ex diputado nacional y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, Juan Carlos Zabalza, coincidió en que “no se justifica un DNU” para realizar modificaciones en la regulación del mercado de medios audiovisuales. Y aseguró: “La ley de Medios, como toda ley, se puede cambiar y mejorar, tarea del Congreso”.
Por su parte, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto criticó el decreto y aseguró que se trata de un “atropello institucional”, al tiempo que indicó que el presidente Mauricio Macri tiene “capricho de patrón de estancia”.
“Hay una impronta de cambio que tiene que ver con un amplio desapego a la ley. No hay ninguna guerra contra el periodismo, acá hay un ejercicio de derechos”, sostuvo.
En declaraciones radiales, el dirigente peronista consideró que “este decreto intenta terminar con la institucionalidad de una ley debatida en la sociedad, aprobada en el Congreso y borrada de un plumazo por mecanismos de arquitectura jurídica de dudosa procedencia”.
Por su parte, la diputada nacional de Progresistas Victoria Donda opinó que “el gobierno de Macri prefiere dejar pintado al Congreso y resolver con su lapicera”.
Advirtió que “con las recientes intervenciones el presidente Macri disponía de 180 días para trabajar una nueva propuesta de ley en el Congreso, pero optó por la vía del decreto donde sólo necesitó de su propio consenso”.
