Pablo Soria
La Justicia de San Lorenzo aceptó la acusación fiscal y llevará a juicio oral y público al comerciante imputado por atentar a balazos contra la casa de Amaro González, el presidente comunal de la localidad de Timbúes, en un hecho acontecido el 5 de mayo de 2018.
El juez Carlos Gazza dio lugar a la acusación presentada por el fiscal Juan Ledesma contra Carlos Bonaducci, a quien le atribuyó el delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. En otra causa que se le abrió por tenencia ilegal de arma de fuego, lo condenaron en diciembre de 2019 a un año de prisión condicional.
Ledesma solicitó una pena de 5 años de prisión efectiva para Bonaducci por atacar a balazos la vivienda de Fito González y poner en riesgo la vida del dirigente político y de sus familiares. “Adherimos a la solicitud del fiscal. Que la causa vaya a juicio es muy importante. Hay un cúmulo de pruebas y es probable que obtengamos una condena que haga justicia”, expresó Alfredo Olivera, abogado del jefe comunal de Timbúes.
La madrugada del sábado 5 de mayo de 2018, agentes comunales y efectivos policiales intervinieron en un operativo para retirar un carrito de comidas rápidas que era propiedad de Bonaducci, ubicado enfrente de un boliche bailable de Timbúes. La investigación del Ministerio Público de la Acusación refiere que el comerciante gastronómico empezó a los gritos, insultó al personal de la Guardia Urbana y de la Comisaría 9° de la Unidad Regional XVII.
Olivera pidió perdón por las expresiones y aseguró que el comerciante “tuvo la intencionalidad de concretar la amenaza y el amedrentamiento” al presidente comunal de Timbúes. Y expuso que “cuando lo retiraban advirtió lo que iba a hacer y finalmente hizo. Insultó a Fito y amenazó con que iba a cagarlo a tiros”, ratificó el represente legal de la Comuna.
Un par de horas después de que lo desalojaran del puesto de venta gastronómico, la investigación situó a Bonaducci a bordo de su auto Audi A5 por las inmediaciones de la casa de Fito González, en Mitre y Sargento Cabral. “Las circunstancias lo ubican en tiempo, modo y lugar”, refrendó Olivera.
Al día siguiente del ataque a tiros detuvieron a Bonaducci en su domicilio de Martín Fierro al 1900. Los efectivos de la Agencia de Investigación Criminal secuestraron dicho auto de alta gama y también incautaron una escopeta calibre 12/70 con culata rebatible y 11 cartuchos del mismo calibre. Sin embargo no hallaron el arma con la que el comerciante perpetró el ataque.
En forma simultánea al procedimiento en su domicilio particular, se allanaron dos mini market que son propiedad de Bonaducci en zona urbana de Timbúes. “El auto permanece secuestrado desde hace tres años y es el único que había de esas características en Timbúes. Fue peritado y encontraron fragmentos de pólvora en el asiento del acompañante, en el techo y en el asiento del conductor”, especificó el abogado querellante.
Bonaducci estuvo un mes en prisión preventiva efectiva hasta que en junio de 2018 el entonces juez Eduardo Filocco dispuso su libertad con restricciones. “Queremos que se haga justicia. Entendemos que la gravedad del hecho no abarca solamente al atentado físico contra Amaro González y su familia. También implica una manifestación de una actitud antidemocrática y absolutamente agresiva hacia los poderes establecidos”, reflexionó Olivera.
Desde la querella esperan que el juicio se celebre antes de fin de año. “Fiscalía presentará una importante cantidad de testigos. Aquel ataque estuvo revestido por una clara manifestación del imputado como opositor político de Amaro”, concluyó el también funcionario comunal.
En diciembre de 2019, el comerciante fue condenado a un año de prisión condicional y debió resarcir económicamente con 15 mil pesos a Amaro González. Tuvo que hacer donaciones y realizar tareas comunitarias por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.
Debió hacer donaciones de alimentos no perecederos y electrodomésticos a una entidad de bien público de Timbúes y realizar tareas no remunerativas en la Iglesia Redentor y en el Club Villa La Ribera durante cuatro horas semanales por el período de la pena fijada por la juez Griselda Strólogo.
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