Supo ser el empresario más influyente de la ciudad: Gustavo Shanahan fue presidente del directorio del principal grupo económico local; lideró como desarrollador inmobiliario Los Pasos del Jockey, lo que luego de convirtió en el Parque Habitacional Ludueña, y fue titular nada menos que de Terminal Puerto Rosario, el único puerto de la región que importa y exporta contenedores, en la etapa en que fue gerenciado por capitales catalanes para luego pasar a manos de Vicentin, pero ahora acaba de ser procesado como un integrante más de la narcobanda del piloto de avión peruano ligado a Los Monos Julio Rodríguez Granthon. Según la Justicia federal, si no hubiera accedido a cambiarle a dólares de manera regular los pesos que llegaban desde los búnkeres de Villa Banana al narco, que fue imputado en el crimen del pastor y ex concejal Eduardo Trasante y está preso en la cárcel de Marcos Paz, éste no podría haber bajado los cargamentos de cocaína de máxima pureza desde Bolivia a Rosario.
La investigación, dice el procesamiento firmado por el juez federal Marcelo Bailaque, inició por la remisión de una nota de la División Antidrogas Rosario de la Policía Federal Argentina que brindaba los datos proporcionados por un informante, quien dijo que “Villa Banana existían varias organizaciones narcocriminales” y señaló un domicilio de Valparaíso al 2600. Desde ese lugar, dos de los miembros del grupo identificados como Facundo Pérez y Waldo Pérez abastecían puntos de ventas de drogas con medio kilo semanal de cocaína, contó el testigo.
Estos dos sindicados tenían línea directa con el Peruano, identificado como Julio Andrés Rodríguez Granthon, sindicado organizador del grupo, quien según el informante impartía órdenes y “manejaría de a kilos de droga en Rosario”. Estos datos derivaron en medidas probatorias que incluyeron intervenciones telefónicas que permitieron individualizar a los integrantes de la organización, la división de roles y el lugar que cada uno tenía en el grupo delictivo.
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Dentro de la banda había quienes organizaban y dirigían, otros que desplazaban la droga, la fraccionaban y preparaban para la venta, los que administraban recursos económicos que en muchas ocasiones cambiaban el producido delictivo en dólares, en este rol ubicaron al empresario Gustavo Pedro Shanahan.
En las tareas de campo dedicadas a recolectar evidencia un uniformado fue baleado cuando se encontraba en las inmediaciones de la vivienda ubicada en Valparaíso al 2600, lo que precipitó el pedido de allanamientos por parte de la Fiscalía a cargo de Adriana Saccone y el titular de la Procunar, Diego Iglesias.
Los procedimientos fueron concretados el 14 y 15 de octubre en: Valparaíso al 2600, donde fue detenido un joven que es hermano de uno de los involucrados. Si bien fue indagado, no fue procesado ni tampoco sobreseído ya que restan aún producir pruebas. En Maipú al 2000 fue detenido Alexis Manzo y le secuestraron bolsas con restos de cocaína. En Espinosa al 6200 se encontró una cocina para estirar la droga, ya que fue hallado material de corte, además de gran cantidad de dinero. Allí fueron detenidos Gustavo Báez Aguilar y Richard Galeano Vázquez. En Zavalla 3100 se encontraron 38 gramos de marihuana, y una balanza de precisión y en un departamento de Alvear al 800 tres balanzas de precisión.
Al día siguiente, hubo allanamientos vinculados al manejo del dinero, entre ellas una cueva que funcionaba en España al 800 y relacionada con Shanahan. En total se hicieron 23 procedimientos: 20 en Rosario, uno en la Capital Federal, uno más en la localidad bonaerense de Martínez, en el norte del conurbano, y el restante en la prisión federal de Marcos Paz donde está detenido el Peruano.
Los procesados
La Fiscalía acusó a Alexis Ezequiel Manzo, Juan Román González, Gustavo Báez Aguilar, Richard Galeano Vázquez, Alfonso Sciortino, Néstor Ciotti, Gustavo Pedro Shanahan, Julio Andrés Rodríguez Granthon (el Peruano) y Alexis Julián P. como integrantes de una organización criminal encabezada por el Peruano, Facundo Ariel Pérez y Marcos Julián Díaz, los tres en carácter de organizadores.
Para la Fiscalía, el grupo delictivo se dedicaba primordialmente al tráfico ilícito de cocaína y marihuana y a otras actividades ilícitas relacionadas, como la disposición de armas de fuego de todo tipo y calibre y el manejo de dinero obtenido de la venta de estupefacientes es pos de mantener la estructura delictiva. Para la acusación este grupo funcionaba desde abril de hasta octubre de este año, cuando se produjeron las detenciones.
Además de los procesados la resolución aclara que hay varias personas que aún no fueron halladas, como por ejemplo el apodado Freddy Gaona. Sobre estas personas pesa ordenes de captura algunos de ellas están sindicadas como organizadores.
Los roles
El magistrado Bailaque, a cargo del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario, resolvió procesar al grupo por el delito de comercialización de estupefacientes agravado, a excepción de Alexis P. El magistrado explicó que Julio Andrés Rodríguez Granthon era el organizador y fiscalizador el grupo delicitivo. Daba directivas desde el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de Marcos Paz, donde cumple condena impuesta por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario por narcotráfico.
Se comunicaba con los miembros de la organización que estaban en niveles inferiores a través de los teléfonos del propio Servicio Penitenciario Federal. La resolución ejemplifica con una comunicación que mantuvo con Facundo P. Allí para referirse a las diferentes calidades de drogas usa las palabras “Sprite”, “Coca Cola” y “Manaos”. En esa charla coordinó el movimiento comercial de estupefacientes y la transformación de su producido en dólares, cuenta el fallo.
Mientras que Alexis Ezequiel Manzo y Alfonso Sebastián Sciortino se dedicaban a la elaboración, fraccionamiento y venta de la droga y Richard Galeano Vázquez y Gustavo Báez Aguilar elaboraban el material estupefaciente que comercializaba la organización en una cocina que se encontró en Espinosa al 6200.
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La pata económica
Para el juez, el ex titular de TPR era parte de la organización delictiva y se ocupaba de cambiar el dinero nacional producto del narcotráfico por divisas extranjeras. El juez relató que desarrollaba su actividad en un edificio de calle España al 800; hasta allí llegó en agosto de este año Marcos Díaz, sindicado bolsero del grupo que vinculaba el búnker con la cueva: fue con bolsos vacíos y los sacó llenos del lugar. En otra oportunidad se constató que Shanahan y Díaz estuvieron en un edificio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde el segundo salió con dos bolsos y una mochila de grandes dimensiones llena.
A otro que el juez procesó fue a Néstor Ciotti, quien tenía un nexo con el grupo a partir de Marcos Díaz. Según la resolución, su función era guardar el dinero ganado por su contacto con la venta de estupefacientes para su posterior cambio a dólares. El último encausado es Juan Román González; este hombre se encargaba de cambiar divisas, que entregaba a los organizadores para la adquisición de estupefacientes.
Además el magistrado dictó la prisión preventiva para el grupo. El Peruano ya se encuentra preso. Para Manzo, Sciortino, González, Báez Aguilar y Galeano Vázquez la medida cautelar fue de encierro preventivo. Mientras que para Shanahan y Ciotti se dictó un arresto domiciliario con dispositivo electrónico, para su control y la prohibición de salir el país. Además dictó la traba de embargos sobre los procesados. Cada uno fue embargado por 6.480.000 pesos; en caso de no poseer bienes serán inhibidos.
El desarrollador
En octubre de 2013, el Juzgado Civil y Comercial Nº5 oficializó la quiebra de Shanahan, quien para entonces tenía innumerables frentes abiertos en el fuero civil y comercial. Hasta el momento la mayoría de las medidas cautelares en su contra las venía levantando vía firma de convenios, como las que se acumularon en los juzgados 10 y 18, entre otros, pero no pudo terminar de atajar las deudas, que habían comenzado a jaquearlo tres años antes.
Para entonces también el financista había sumado el pedido de quiebra del fondo fiduciario del desarrollo inmobiliario Los Pasos, un barrio privado pegado al Jockey Club, del que había sido fiduciario hasta 2011, cuando los restantes inversores lo corrieron porque dejó de poner el dinero comprometido y el loteo, de 190 hectáreas, no podía avanzar al no concretarse las obras de infraestructura básicas. También se lo acusó de trasladar deuda personal al pasivo del fondo.
El empresario supo tener la mayoría accionaria de Terminal Puerto Rosario SA, concesionaria de los muelles multipropósito I y II, el único puerto de la región autorizado a importar y exportar contenedores. En septiembre de 2013, el nombre de Shanahan apareció en la prensa española, concretamente en el diario El Mundo, en cuyas páginas el empresario rosarino ventiló presuntos negocios sucios de su ex socio en el puerto, el catalán Jordi Pujol (h). “Jordi metió de golpe los 12 millones de dólares en negro”, le contó al periodista. Según su relato, el hijo del ex presidente catalán usó el puerto rosarino para blanquear dinero.
En una segunda entrega del periódico, Shanahan contó que también se había lavado dinero español en Argentina a través de la sociedad que él y Pujol formalizaron con el empresario ibérico del juego Artur Suqué para quedarse con la construcción y concesión de los casinos de Santa Fe y Melincué. Tres años más tarde, consultado por la Justicia, negó esa acusación y haber sido testaferro de los catalanes; para el juez quedó la sospecha de que se había echado atrás tras recibir un pago de 135 mil dólares de Pujol, quien se hizo con el puerto en 2007 y cinco años después se lo traspasó a Vicentin, la firma local defaulteada meses atrás, cuyos directivos fueron imputados por estafa el pasado 26 de octubre en Rosario.
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