Las protestas de efectivos policiales continuaban hoy en La Pampa y, en menor medida, en Salta, donde el 95 por ciento de los efectivos en actividad aceptaron la propuesta salarial formulada por el gobierno de la provincia.
Mientras tanto, desde el gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró hoy que es «absolutamente imprescindible» que los hechos de saqueos y hechos de violencia producidos en el marco de las protestas policiales «sean debidamente investigados» para identificar no sólo a los «autores materiales» sino también a «los autores intelectuales».
«Objetivamente, una acción deliberada de esta naturaleza no puede ser pergeñada de un modo aislado. Nos parece, por el modus operandi, que se trata de una estrategia con una finalidad determinada que merece una investigación exhaustiva por parte del Poder Judicial», postuló esta mañana el jefe de ministros en su habitual contacto con la prensa.
En tanto, tras el autoacuartelamiento de policías en La Pampa, el gobernador de esa provincia, Oscar Mario Jorge, señaló esta mañana que el conflicto policial se encontraba «centralizado» en Santa Rosa y consignó que había coordinado con el gobierno nacional el envío de gendarmes «para reforzar el control de las calles» de esa ciudad.
Al respecto, Capitanich consignó que «el informe reciente» de la situación en La Pampa daba cuenta de que las protestas eran mantenidas por «personal subalterno» de la Policía provincial y que las autoridades estaban analizando un petitorio con «doce puntos» planteados por los efectivos en conflicto.
La toma de la Jefatura de Policía pampeana se produjo durante la madrugada, luego de que un grupo de efectivos realizara anoche una movilización que llegó hasta la Casa de Gobierno, donde entregó un petitorio de doce puntos, entre ellos el reclamo de un básico de 6 mil pesos y del descabezamiento de la cúpula policial, encabezada por Ricardo Baudaux.
Por otro lado, en Salta las protestas hoy habían quedado circunscriptas a un sector acotado de la Policía -integrado por jubilados, exonerados y familiares-, luego de que un 95 por ciento de los efectivos en actividad aceptaran la oferta salarial planteada por el gobernador Juan Manuel Urtubey.
Así lo precisaron fuentes gubernamentales, que detallaron que incluso los bicipolicías, que en porcentaje eran los que más habían adherido a la medida de fuerza iniciada ayer por la mañana, ya habían vuelto ayer mismo a sus puestos de trabajo.
En tanto, en Tierra del Fuego, los policías que habían encabezado una protesta en la ciudad fueguina de Río Grande resolvieron ayer por la tarde levantar el piquete que mantenían desde el lunes, por lo que la situación con la fuerza de seguridad de esa provincia “quedó resuelta”, según afirmaron a Télam fuentes gubernamentales.
Por su parte, en la capital tucumana se realizó anoche una nueva marcha en la Plaza Independencia en repudio a los saqueos que se habían producido en los dos días previos, en el marco del conflicto que mantuvo la Policía de la provincia en demanda de una mejora salarial.
Con carteles, panfletos y cacerolas, los manifestantes expresaron en San Miguel de Tucumán su descontento por la actitud asumida por los efectivos policiales que dejaron a la provincia sin seguridad durante dos días.
En tanto, el Poder Ejecutivo de esa provincia dispuso ayer el cambio de la cúpula de la Policía, cuya conducción quedó en manos del comisario Dante Bustamante, luego de que Jorge Racedo hubiera puesto su renuncia a disposición del gobernador José Alperovich tras el conflicto policial.
En su habitual contacto con la prensa de las mañanas, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, insistió hoy con que la seguridad pública es «un poder no delegado» por las provincias en la Nación, con lo cual la resolución de estos conflictos es de «competencia exclusiva» de las provincias.
De todos modos, destacó los «esfuerzos» del gobierno nacional para cooperar con las provincias a través del envío de gendarmes, aunque sostuvo que el Estado Nacional «cuenta con recursos limitados», en referencia a la cantidad de efectivos que puede destinar a esa tarea tanto en la Gendarmería como en la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En este sentido, subrayó que los integrantes de esas fuerzas constituyen «un número de agentes limitado para resolver la problemática general» y sostuvo que, mientras que «en las 24 jurisdicciones provinciales existen aproximadamente 205.000 agentes de seguridad», la Gendarmería cuenta en total con «unos 36.000 miembros».
«Entonces es muy difícil poder modificar el objeto de seguridad o el objetivo de seguridad de cada una de las fuerzas», señaló Capitanich, e insistió que los ciudadanos no pueden estar «a expensas de grupos que se apropian de bienes ajenos o que generan procesos de extorsión para reivindicaciones salariales».
