Bruno Bettiol
En abril pasado la faltante de un arma secuestrada que había sido solicitada por la Fiscalía al depósito de la División Científico Forense de Casilda develó un robo masivo de pistolas y revólveres de esa instalación. Detrás de esa maniobra, se expuso este viernes en una audiencia imputativa, estaba un policía rosarino llamado Iván Jesús Ferreira a quien acusaron de comercializar varios de esos elementos que constituían pruebas de causas en trámite. Junto con él, en el marco de una asociación ilícita, la fiscal Marianela Luna ubicó a otro uniformado, Cristian Peralta, y a dos civiles que oficiaban de compradores o intermediarios. Tres de los involucrados, excepto una mujer –de quien la fuentes dijeron que pertenecía a las fuerzas en un primer momento– que se encuentra prófuga, quedaron en prisión preventiva por 90 días, según resolvió la jueza Mariel Minetti.
La División Científico Forense está ubicada en la esquina de bulevar Argentino y Lisandro de la Torre, en barrio Nueva Roma, donde hace años funcionó la sede del Comando Radioléctrico. También allí, separada por una puerta está la sede de la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El 13 de abril pasado se encendió la alarma entre el personal de la División Científica de Casilda. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) había solicitado una de las armas en custodia y no aparecía. El encargado de esa división notificó a la fiscal Luna la faltante.
Un armario que oficiaba de armero estaba violentado. A pesar de que tenía candado era evidente que alguien había forzado las puertas. Por ello, tomó intervención el personal de la Agencia de Control Policial (ACP; ex Asuntos Internos) y a la par de las medidas administrativas, la ACP secuestró cinco celulares del personal, incluido el del comisario que alertó la anomalía.
El resultado del recuento fue escandaloso: unas 27 armas –escopetas y revólveres calibre 32, 38 y pistolas 9, 11.25 y 40– se habían esfumado. También faltaban municiones de diversos calibres, señaló el legajo de investigación.
Las entrevistas a los uniformados que prestaron servicios en esa repartición –pasados a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad en forma preventiva– indicaron que el último recuento de las armas en custodia se había llevado a cabo en diciembre de 2020 y no había arrojado irregularidades.
La lupa de los investigadores se posó sobre Iván Jesús Ferreira, un empleado que solía deambular en los horarios nocturnos, como señaló el testimonio de un integrante de la Brigada Operativa: “Las veces que me tocaba cubrir de noche con frecuencia escuchaba ruidos en sector de cochera y al observar por la ventana, que tiene vista al patio y cocheras, notaba que el suboficial Ferreira salía por la puerta trasera de su dependencia y se dirigía a su automóvil que dejaba estacionado en la dársena más cercana a su puerta, pero al notar que se trataba de él continuaba con mis labores restándole importancia a la situación”.
En ese marco entró en escena el testimonio de un policía que luego de prestar funciones en la AIC Casilda pasó a desempeñarse en la comisaría 10ª de Rosario. Allí conoció al otro imputado, Cristian Peralta.
“¿Viste eso de Casilda? ¿Te enteraste?”, le preguntó Peralta al policía de la 10ª agregando que habían robado en un depósito de armas y que él –Peralta– le había comprado a un muchacho que trabajaba ahí, un tal Ferreira, que hacía desde octubre del año pasado que “andaba vendiendo armas”.
Peralta confesó que le “daba miedo porque el chico estaba en disponibilidad y si tenían el celular de él, que había hablado por mensajes con Ferreira, lo podían llegar a citar por los mensajes.
A Peralta lo imputaron por asociación ilícita en carácter de miembro, y violación de los deberes de funcionario público. Es que en conversaciones recuperadas del celular de Ferreira ambos hablaron de la comercialización de 3 revólveres calibre 32 y una escopeta 12/70. “¿Después te puedo llevar los cartuchos de la 12?”, dijo Iván. “Pasa por la 10ª antes”, respondió Peralta.
Estas escuchas ubicaron a Ferreira como el principal proveedor del material armamentístico, tanto armas como cartuchos, y a Cristian Peralta como un revendedor y cliente, detalló el legajo
El círculo se cerró sobre Ferreira con el peritaje a su celular. A pesar que gran parte de los audios relevantes para la investigación habían sido borrados, algunos chats fueron determinantes como el siguiente, del 22 de marzo, donde el apodado Turco ofició de interlocutor. Este hombre fue identificado como Brandon Ezequiel G., imputado en carácter de miembro de la asociación ilícita.
—Vamos hacer maneje, Turco.
—¿Con qué? Dale
— Jajaja no sé, hay que ver.
—Avísame qué hay. ¿De 38 cuánto hay?
—De largo unas 6 o 7 creo
Una ex pareja del imputado Peralta, Carina N. es la otra involucrada en la maniobra, a criterio de la Fiscalía. Esta mujer se encuentra prófuga y posee una causa por tenencia de arma de fuego, se explicó en el marco de la investigación. De todas maneras, fue imputada por integrar la asociación ilícita en carácter de miembro: “Recibía el material armamentístico previo acuerdo con Peralta y Ferreira, para su posterior comercialización”.
Ferreira y Peralta fueron detenidos el pasado 11 de agosto en Rosario. Peralta se encontraba en la comisaría 15ª y Ferreira en su vivienda y con carpeta médica.
El propio Ferreira recibió la calificación penal más gravosa, por delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, robo agravado por ser cometido por un funcionario público, malversación de efectos públicos, violación de los deberes de funcionario público, violación de sellos, consumados, en carácter de autor y en concurso real.
Pero no sólo armas le atribuyen robar. “Surge de lo analizado que al menos desde diciembre del año 2020 Jesús Iván Ferreira se encuentra involucrado en la venta de armas de fuego y con el análisis de las conversaciones es posible distinguir que no se trata de un campo único de comercialización, ya que resultan conversaciones en las que se lo ve ofreciendo a la venta tanto teléfonos celulares como dinero apócrifo, elementos todos en resumen que coinciden con los que pueden hallarse al alcance dentro del depósito de secuestro de una entidad policial”, señaló la fiscal Luna y citó pasajes de conversaciones como evidencia.
En los tribunales de Casilda, la jueza Minetti escuchó a las partes tuvo por formalizada la audiencia imputativa dictando para los tres acusados presentes la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.
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