Cada vez que salen a la luz las condiciones de encierro que padecen chicos de 16 y 17 años acusados de cometer un delito el Irar se convierte en noticia. Como un lugar “cruel, inhumano y degradante”, en palabras de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, cuyas condiciones de alojamiento implican “tortura”, según un polémico fallo emitido este mes por los jueces de Menores de Rosario y San Lorenzo. Pero lo que parece quedar siempre fuera del debate son las circunstancias de vida que llevaron a esos pibes a terminar tras una reja, qué hace el Estado para revertir esa situación –antes y después de apresarlos–, y qué es de ellos cuando recuperan la libertad. Esta última pregunta se la planteó un colectivo de trabajadores del instituto que encontró como respuesta una cifra desgarradora: en el último lustro, casi medio centenar de jóvenes fueron asesinados en la ciudad poco después de salir del Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar).
Para alcanzar esos datos, el Colectivo de Investigación Militante sobre los Jóvenes y el Poder Punitivo (CIMJPP), integrado por trabajadores del Irar y de otros organismos vinculados con la problemática de niñez y adolescencia, buscó información en distintos organismos oficiales que no le fue suministrada. Pero las respuestas estaban ante los ojos de cualquiera. Sólo bastaba mirar la sección policiales de los diarios locales que, junto con los datos de los jóvenes asesinados, publicaban sus antecedentes penales.
“Nosotros como colectivo quisimos ver cómo estaban los pibes que pasaron por el Irar, si volvieron a estar presos, si tenían causa abierta, si murieron. Por eso buscamos la situación procesal de cada uno, pero oficialmente no nos quisieron brindar esa información. Nos dijeron que teníamos que pedir autorización a la Corte Suprema de Justicia, que nos negó esos datos. Por eso, lo único que pudimos hacer es mirar las noticias y vimos que mueren”, dijo un integrante del CIMJPP, quien pidió no ser identificado. El trabajador explicó que es un dato que el Estado no produce y que trataron de reconstruirlo en forma artesanal, por lo que no descartó que las cifras sean más altas aún.
Muertos, pero “peligrosos”
Otro dato significativo surgió de esa construcción realizada en base a relatos periodísticos. Y es que esos chicos que habían sido asesinados a tan corta edad –no más de 22 años, cuando ya no eran “menores”– aparecían en las crónicas enajenados de sus historias personales y cuya única referencia a su situación de vida eran sus antecedentes penales, su peligrosidad, sus gruesos prontuarios. “Es decir que no sólo encontramos en los diarios que los habían matado sino que aparecían como asesinos ellos”, dijo uno de los trabajadores que participó del informe (ver recuadro). “Todos murieron violentamente, en el mal llamado ajuste de cuentas o en manos de la Policía. Y sabemos que allí también se esconden cifras de casos de gatillo fácil que son contados como enfrentamientos, ya que las noticias se basan en la versión policial”, agregó.
Según los datos suministrados por el colectivo, en los últimos cinco años, desde mediados de 2009 hasta hoy, al menos 45 chicos que estuvieron detenidos en el Irar fueron asesinados después de recuperar la libertad: en su gran mayoría, en el año siguiente a su egreso. En el período que va desde agosto de 2009 hasta el mismo mes de 2014, según esta fuente, 800 pibes ingresaron al menos una vez al instituto de Saavedra y Cullen, cifra que no contempla los reingresos, ya que muchos de ellos, en el corto lapso de dos años, tienen hasta cuatro entradas.
Salen peor
Este mes, el Irar volvió a ser noticia luego del polémico fallo de los juzgados de Menores de Rosario y San Lorenzo que ordenaba el traslado de los jóvenes detenidos a cárceles de adultos. La decisión judicial, que finalmente no se concretó, se basaba en que las condiciones de alojamiento son “inhumanas” e implican “tortura”. Pero, pese a que esos fueron los argumentos, el hecho de que los chicos sean trasladados a un penal común despertó todo tipo de críticas porque la medida vulnera tratados nacionales e internacionales sobre los derechos humanos de niños y adolescentes.
Entre las voces que expresaron su rotundo rechazo estaba la de los mismos trabajadores civiles que cumplen tareas en el Irar, quienes emitieron un comunicado, y la de integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) que calificaron el fallo como una “barbaridad”. En ambos casos se volvió a reflexionar sobre cuál es la función del encierro en chicos en conflicto con la ley penal y se hizo hincapié en que el paso por el instituto no les brinda recuperación ni rehabilitación alguna.
“Hay un montón de componentes y aristas diversas que hacen que se haya caído en una situación tan caótica como ésta. Los chicos salen en peores condiciones, recargados de violencias, más allá del trabajo y buena voluntad de los trabajadores. El lugar está peor que nunca. Se fue deteriorando desde el edificio hasta las relaciones interpersonales. Las palabras a veces parecen vacías pero reciben un trato cruel, inhumano y degradante”, dijo Lilian Echegoy, militante de la CTC, quien denunció la falta de políticas públicas en materia de adolescentes y niños.
Consultada sobre la cantidad de jóvenes que son asesinados luego de su paso por el Irar, Echegoy dijo que, antes de que el año pasado Rosario alcanzara la peor estadística de homicidios de su historia, ya observaban con preocupación, junto con asesores de menores, la cantidad de muertes de pibes muy jóvenes en distintos barrios de la ciudad y que la mayoría de ellos habían pasado por algún dispositivo municipal o provincial.
“Esto indica que todas las políticas implementadas fueron fracasando. Han fallado todos los dispositivos antes de que lleguen al Irar, y una vez que llegaron se encuentran con esta situación”.
Al respecto agregó que existe “alguna responsabilidad del Estado en cuanto al retiro para la protección de adolescentes y niños”.
En esa línea, uno de los integrantes del CIMJPP planteó que habría que reflexionar, antes de preguntarse si el pibe sale mejor o peor del Irar, cuál es la función del encierro de adolescentes de 16 y 17 años. “El ideal correccionalista de la prisión es obsoleto.
Hace más de cien años que se sabe que la cárcel no rehabilita y que la gente no entra para salir mejor. Al Irar se le otorga una función de restaurar y otorgar derechos como la escuela, la salud, para que el chico reflexione y recapacite. Pero, en realidad, la mitad de los pibes se van a los 15 días y cuando salen no les cambiaron las condiciones que los trajeron acá. De acá va al mismo afuera. A muchos de ellos los mandan acá para que no estén en la calle matando, como un depósito”, concluyó.
Selectividad penal: tratamiento desigual
¿Qué diferencia a un niño de un menor? En términos jurídicos y mediáticos, pareciera ser que es el sector social al que pertenece, en especial cuando se trata de adolescentes acusados de cometer un delito. Sobre ese tratamiento diferencial disertó la socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la UBA Silvia Guemuremen, en el marco de un ciclo de actividades organizado en junio por el Colectivo de investigación militante sobre los jóvenes y el poder punitivo (CIMJPP).
“Tanto el tratamiento mediático como el tratamiento judicial es diferencial según los jóvenes procedan de uno u otro sector social. Siempre se dice que el sistema penal es selectivo y, efectivamente lo es: captura a los más desfavorecidos del sistema social y a los sectores socialmente más vulnerables”, expresó Guemuremen en el marco de la charla titulada “Los unos y los otros”.
La socióloga expuso el tratamiento mediático de casos donde los imputados, además de ser menores, pertenecen a clases sociales opuestas. “Hay sectores más pudientes que compran todo el stock de garantías en el mercado. Cuando alguno de estos jóvenes está involucrado en un delito grave, como un homicidio, el tratamiento que recibe, tanto mediático como judicial, es atípico y desaparece el carácter peligroso de los victimarios.
En cambio, cuando se trata de adolescentes de clases vulnerables se activa la presión mediática y el coro de los legisladores y de la sociedad indignada con su sensibilidad punitiva exacerbada pide más castigo y bajar la edad de imputabilidad”, concluyó.
