Claudio de Moya
La construcción de un nuevo edificio de tribunales en Casilda, que concentrará dependencias del Distrito Judicial 7, moderno, con tecnología, destinado a agilizar el servicio de justicia, parece en principio una buena noticia. El sitio para levantarlo, sin embargo, es objetado por numerosos vecinos de la ciudad situada a una hora de auto de Rosario. Se trata de un predio dentro del Parque Sarmiento, el mayor pulmón verde local, atravesado por el arroyo Candelaria. Es, además, una zona de riesgo hídrico según un estudio de la Universidad Nacional de Rosario y está definido como ecosistema de humedales por la ley provincial de áreas naturales protegidas.
La controversia se agudizó porque en julio último se adjudicaron los trabajos tras 15 años de confeccionado el proyecto que, durante ese lapso, sumó reiteradas objeciones. Y este miércoles, apareció un cartel de obra provisorio acompañado de una primera acción que es todo un símbolo: operarios con motosierras comenzaron a despejar terreno con una poda extrema de árboles que hace más de medio siglo dan sombra al lugar, en una jornada con 40 grados de temperatura.
El lote en cuestión, de 3.650 metros cuadrados, tiene acceso por bulevar Ovidio Lagos, entre Catamarca y San Luis. La obra se promociona como la más ambiciosa en la historia de Casilda. Está proyectada una superficie cubierta total de 4521 metros cuadrados en cuatro niveles más subsuelo para estacionamiento. Los trabajos incluyen una “refuncionalización” del parque Sarmiento que no está clara, sobre un espacio elegido por los casildenses para numerosas actividades de recreación, incluso escolares, deportivas e infantiles.
El convenio para la obra se firmó en 2007 con la cesión del predio, propiedad del Estado provincial, al Poder Judicial. Contó con el respaldo del Ejecutivo local, comandado por el entonces intendente y hoy senador provincial Eduardo Rosconi, y la aprobación del Concejo Municipal. La iniciativa durmió tres lustros hasta que este 2022 se anunció la licitación pública 26/22, con un presupuesto de 1.300 millones de pesos y un plazo para la ejecución de la obra de 730 días a partir de la adjudicación. En paralelo, se reactivó la resistencia de miles de vecinos que pusieron sobre la mesa lo que consideran una irracional elección del sitio de emplazamiento.
El edificio fue pensado para alojar la Defensoría General, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, la Oficina de Gestión Judicial, el Fuero Penal, los Juzgados Civil 1 y 2, el de Familia, el de Menores, la Asesoría de Menores, el Juzgado de Circuito, la Fiscalía de 1º Instancia, la Cámara Gesell y un futuro Juzgado Laboral. Hoy, son instancias desperdigadas en la ciudad, muchas de ellas en locaciones alquiladas. Los vecinos no se oponen a su unificación, sí a que sea, como sostienen, a costa de avasallar el pulmón de la ciudad y con ello parte de su calidad de vida.
Carina Vaudagna es docente. Relató a El Ciudadano la tristeza que la ganó a ella y sus pares al ver cómo este miércoles, alrededor de las 10, ingresaron operarios al sector cercado del parque con maquinarias y motosierras para mutilar una añeja arboleda plantada hace varias décadas por los propios vecinos. Casi como ironía, fue en medio de una ola de calor en la que la sombra es un resguardo preciado. Sobre el alambrado que impide el ingreso al espacio, apareció en la misma jornada un tardío cartel de obra. Tiene casi todos los casilleros de información vacíos, pero resalta el Poder Judicial como autor del proyecto, director de obra y comitente.
Vaudagna se incorporó a los vecinos que se oponen a la construcción del edificio en el parque tiempo después de que se formara la Asamblea Casilda, en julio último. Destaca la heterogeneidad del colectivo, que integran jóvenes, docentes como ella, militantes ambientales, proteccionistas y habitantes sin otro rasgo distintivo que la defensa de un espacio que utilizan como recreación y hasta práctica de actividades deportivas. Un sitio que, de continuar los trabajos, será radicalmente transformado. “Más cemento no es sinónimo de progreso”, resume la oposición de miles de casildenses a un enroque de paisaje que juzgan regresivo.
La resistencia al cambio de uso en el Parque, además de movilizaciones como las de este miércoles hacia la Municipalidad y la casa del senador y ex intendente Rosconi, se materializa en asambleas ciudadanas, pedidos de acceso a la información pública sin respuesta y reuniones con autoridades locales. Y está cristalizada en la suma de más de cuatro mil firmas que avalan la petición del Grupo Árbol Casilda.
En la zona se instaló además un acampe para visibilizar el conflicto entre el interés colectivo y una megaobra que, señalan los vecinos, está floja de papeles. Por ejemplo, el de impacto ambiental, no menor por las características del predio.
Un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario incluye la zona elegida para los nuevos Tribunales dentro de la mancha potencialmente anegable en la recurrencia de crecida a 100 años del arroyo Candelaria (delimitada en rojo en la imagen siguiente). En esos territorios no debe haber asentamientos permanentes, de acuerdo a la normativa provincial. Vaudagna recuerda que la zona quedó bajo el agua en 2015.
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El proceso que desemboca en la construcción está blindado de recurrentes pedidos de informes fundados en resguardos técnicos y jurídicos. Uno, cursado a la Legislatura provincial, lleva la firma del diputado Leandro Busatto. Otros, a la Municipalidad, fueron tramitados por la Agrupación Unida Ciudadana Casilda y la seccional local del gremio metalúrgico UOM. Hay pronunciamientos en el mismo sentido de los docentes de Amsafé delegación Caseros y del Consejo Académico de la Escuela Agrotécnica de Casilda, que depende de la UNR, además de varios colectivos ambientales.
Este lunes, la Asamblea Casilda presentó el pedido de un amparo judicial para frenar las obras. En particular, reclaman que se de a conocer, si es que existe, el estudio de impacto ambiental al que obliga la ley provincial 11.717 mediante su reglamentación 403/2016.
La medida sucedió a una tensa reunión, el jueves de la semana pasada, en el Palacio Municipal con el intendente Andrés Golosetti y su equipo, en particular con el secretario de Planeamiento Urbano y Hábitat, Raúl Pietronave, su par de Legal y Técnica, Marcelo Zanetti, y la ingeniera Liliana Boggio de Arbolado Público.
Al cabo de unas tres horas, los casildenses que asistieron se llevaron la admisión oficial de que no hay análisis de impacto ambiental, que las autoridades no consideran necesario, y un descargo de futuros reclamos en el Poder Judicial. Ese día, no consiguieron otras precisiones.
Este jueves, como continuidad de la resistencia ciudadana, la Asamblea Casilda convocó a una serie de actividades que, a partir de las 19.30, incluyen exposición y debate con especialistas de la UNR y presentaciones artísticas.
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