Profesionales, colegiaturas, instituciones, transportistas, trabajadores y familiares, entre otros sectores, se movilizarán ese miércoles a las 10.30 al Monumento a la Bandera para manifestar su rechazo a un decreto, al parecer inminente, del gobierno nacional, que avanza en la desregulación de las prestaciones a las personas con discapacidad. La protesta se convocó a escala nacional, con réplicas confirmadas en ciudades de Córdoba, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán. En Buenos Aires la movilización se hará hacia la Quinta de Olivos, con un petitorio. Y en Santa Fe capital la convocatoria es a partir de las 10 a la plaza 25 de Mayo, todas con los mismos motivos: los sectores relacionados con la atención a las personas con discapacidad venían reclamando una incremento de valores frente al desfasaje por inflación –un atraso del 45% en cuanto a la atención y de un 100% en el transporte, por los aumentos de combustible– y van a obtener, de firmarse la nueva normativa, todo lo contrario: en lugar de un nomenclador nacional actualizado se habilita a que cada entidad fije aranceles por su cuenta. “Es un retroceso a 1996”, sostuvo Mariel Chapero titular de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis), marcando el año previo a la sanción de la ley 24.901, que estableció el Sistema De Prestaciones Basicas en Habilitacion y Rehabilitacion Integral.
El decreto en cuestión tomó trascendencia pública el pasado 10 de mayo, cuando se conoció un borrador que estaba fechado dos días antes. Según Chapero, que elaboró un documento analizándolo junto a Luciano Urrutia, vicepresidente de Apridis, ya está en la Secretaría Legal y Técnica, es decir, solamente le falta la firma para que el plan desregulador tenga aplicación concreta.
La letra dice que “los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad” que están listadas en un capitulo de la ley vigente, “fijarán de forma independiente –y no vinculante entre ellos– los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad”.
Según explicó Chapero a El Ciudadano, los “financiadores” son las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, Pami, y el Estado mismo, a través de la Salud Pública, a quienes no están cubiertos por ninguno de los anteriores, que son los sectores más vulnerables. Y aún así –aclara– hay sectores todavía más vulnerables, familias que no reciben prestación alguna al no contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La titular de Apridis pone como ejemplo que en Santa Fe habitan cerca de 126 mil personas que padecen algún tipo de discapacidad, y a nivel mundial se estima que se trata de una problemática que comprende a entre el 10 y el 13% de la población. Así, a nivel provincial puede ocurrir que estén recibiendo cobertura y atención la mitad de quienes lo necesitan. Chapero considera que el 35% de personas con algún tipo de discapacidad en la provincia “están afuera del sistema”.
Frente a ello, las acciones del gobierno del presidente Javier Milei más que garantizar derechos los motosierra: parte del ajuste en el Estado comprende a las juntas evaluadoras, que son las que otorgan el CUD y ahora se suma la desregulación en curso. No parecería un buen estreno para Guillermo Francos: la Andis es parte del área de la Jefatura de Gabinete.
Frente a ese panorama, una treintena de diputados nacionales salieron a manifestarse contra la medida, advirtiendo que “de concretarse la desregulación de los aranceles, las personas con discapacidad quedarán en un estado de vulnerabilidad absoluta”. Además, el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto con el acompañamiento de Miguel Pichetto y Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal) que se tratará este mismo miércoles en la comisión de Discapacidad. Entre los fundamentos la iniciativa denuncia que “será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional”. Y explica que, al no haber aranceles prestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las obras sociales y las demás prestadoras de salud, “pueden fijar arbitrariamente” los aranceles. “Por mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en nuestro país en virtud de la ley 26.378 y con jerarquía constitucional en virtud de la ley 27.044, es obligación del Estado promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, subraya el proyecto.
Desde 1997 hasta ahora las prestaciones se actualizan desde el directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad, que está conformado por representantes del Pami, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Incluir Salud (programa de la Andis de asistencia financiera a provincias para la cobertura de quienes reciben pensiones no contributivas), la Superintendencia de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la Superintendencia de Servicios de Salud, y del Consejo Federal de Discapacidad. Con la modificación pretendida, se incluyen representantes del Ministerio de Capital Humano (Secretaría de Trabajo y Secretaría de Educación) y del Ministerio de Economía, que también decidirán sobre las prestaciones por discapacidad, por fuera del financiamiento.
“La obligación del Estado y de los gobiernos es resolver la vida de la gente y no complicársela cada día más”, disparó el diputado Valdés. E insistió en que con el esquema vigente todos los prestadores están obligados a brindar coberturas con aranceles unificados: “Hace que todos puedan acceder a una prestación de calidad. Permite a las personas con discapacidad tener salud y educación para poder autovalerse, que es la clave para que puedan tener una vida mejor, quienes muchas veces no tienen familiares ni recursos económicos”. En esa línea cuestionó que el decreto “significaría un enorme paso atrás”, ya que provocará “que haya personas con discapacidad de primera clase, quienes tienen la capacidad económica de pagar una prepaga, y luego personas con discapacidad de segunda o de tercera clase, de acuerdo a la amplitud de la cobertura que tenga, si es que tiene”.
Con todo, la desregulación sería un paso más en un ajuste que expulsó ya a 300 trabajadores del área, por lo que el mes pasado se convocó a un “abrazo simbólico” a la sede de la Andis en el barrio porteño de Núñez. Además de la reincorporación de trabajadores cesantes, los manifestantes reclamaron la continuidad de pensiones que se paralizaron, que serían más de 50 mil; el restablecimiento de actividades que dejaron de funcionar en tratamientos de rehabilitación y de Centros de Referencia del interior, que el gobierno nacional cerró.
Al desmantelamiento se suma el proyecto de decreto que desde Apridis, Chapero y Urrutia marcaron que, además de ser “un atropello”, también es ilegal, ya que obvió la consulta a los prestadores, la cual es obligatoria: “Se diseñó a espaldas de las organizaciones de prestadores de todo el país, pero sobre todo a espaldas y en contra de las organizaciones de personas con discapacidad”, sostuvieron.
Y advirtieron: “El sector de la discapacidad pasará a ser selectivo, no universal. La garantía de accesibilidad a los servicios se va a familiarizar, las familias deberán comenzar a ocuparse de una parte de la financiación de dichos servicios. Y a su vez la problemática alcanzará en gran medida a las provincias, es decir, sus servicios públicos de salud y de educación van a recibir las consecuencias de todo esto”.
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