El abogado Aníbal Faccendini es presidente de la Asamblea por los Derechos Sociales y autor del libro “Agua y saneamiento. Derecho Humano Esencial”. Presentado el año pasado con la presencia del constitucionalista Eduardo Barcesat, el trabajo aporta un encuadre sociológico, jurídico y filosófico a la lucha por la preservación del agua y la soberanía de los ciudadanos sobre el recurso natural más esencial para la vida humana. En las páginas del libro de UNR Editora, se recoge toda la experiencia santafesina en la lucha contra la privatización del agua potable a partir de 1994. Faccendini y la ONG que preside, junto a la Unión de Usuarios y Consumidores y los partidos socialista, radical, demócrata, entre otros, fueron los puntales de la resistencia hasta 2006, cuando los servicios volvieron a manos del Estado provincial. En esta entrevista repasa esa experiencia, habla de las implicancias que ONU haya declarado derecho humano esencial el acceso al agua y lamenta que Santa Fe no haya cambiado el marco regulatorio generado por la ley 11.220 ni incorporado a los ciudadanos al control y manejo de sus empresas de servicios públicos.
—¿Por qué cree que se llegó en 1995 a la privatización de los servicios sanitarios?
—En el libro se hace una crítica a la solidaridad de actores políticos, sociales y sindicales que permitieron la privatización, como así también de quienes se opusieron. Es importante recordar que la ex Dipos era una típica empresa estatal “hacia adentro”. No era deficitaria, pero no daba respuestas a la gente y eso ayudó a los que acordaban con la privatización, con el argumento de la eficiencia y la inversión. No fue así. No hubo buen servicio, no hubo inversiones, hubo violaciones a los derechos humanos y la tarifa se incrementó más de 25 por ciento en un período de estabilidad.
—¿A qué se refiere con que se violaron derechos humanos?
—Hay muchos antecedentes en el derecho internacional y en la historia del agua en Argentina que debieron ser tenidos en cuenta por quienes votaron la privatización. En especial, tres hechos centrales: la resolución de Naciones Unidas de 1993 que dice que el agua es un derecho esencial; antes que eso la Convención Mundial sobre el Agua de 1977 en Mar del Plata, y se corona en 2010 con la declaración de ONU que declara el agua derecho humano esencial. Yo puedo vivir sin internet, hasta un mes sin comer, pero no puedo vivir sin agua. Con lo que sucedía aquí, se violaba ese derecho humano. El agua no se puede mercantilizar como cualquier otra mercancía, por que no se puede sustituir. Si no puedo pagar el agua de red menos voy a poder hacerlo con agua envasada. ¿Cómo van a votar una ley que si no pagás te cortan el agua? Por eso en 2005 nos presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
—El espíritu de la ley que originó la privatización va en otra línea.
—Así es. El derecho fue avanzando con los tiempos para ir desplazando el dolor del cuerpo por deudas. Antes si una persona no pagaba se lo vendía como esclavo y con eso el acreedor se cobraba la deuda. En la Edad Media y parte de la Moderna era prisión por deuda, es decir el cuerpo seguía sufriendo las consecuencias de no pagar. El avance que lograron la modernidad y los derechos humanos es desplazar o proteger el cuerpo en su integridad psicológica y física de las deudas. Entonces, te rematarán un bien, pero tu cuerpo no paga las consecuencias. Acá, eso no ocurría. La ley 11.220 de privatización, que lamentablemente hay que decir que sigue vigente, es un arcaísmo, porque el artículo 92 sigue poniendo el cuerpo en su integridad como sujeto de extorsión y opresión ante una deuda cuando manda cortarle el agua al que no paga. Vale aclarar que, si bien jurídicamente está vigente, este tipo de medidas hace unos años que no se aplican.
—¿Hacia qué modelo de prestación de servicio habría que avanzar?
—Debe haber representación ciudadana en el ente regulador. Ni hablar de la EPE, que está mucho más atrasada y ni siquiera tiene un ente de contralor. Hay que pasar a la empresa pública, que implica que haya una participación sustantiva y ejecutiva de los ciudadanos, tanto en la empresa como en el Enress.
—¿Por qué cree que este gobierno no avanzó? En los 90 y la década pasada los funcionarios y partidos que lo integran compartieron la misma pelea por el derecho al agua.
—Creo que hay varias razones. Una es que las actuales autoridades hicieron hincapié, dado el atraso que dejó el grupo Suez, en hacer obra de infraestructura; también pasó algo muy propio de la política argentina, que es el concepto de “confiabilidad del que está”: si esto lo hago yo está bien, pero si lo mismo lo hace o lo propone otro no sirve o está mal.
—¿Cuestión de pertenencia política?
—Me imagino que la pregunta que se deben hacer muchos funcionarios es “¿cómo me van a cuestionar si estuvimos todos juntos en la lucha por el agua?” La pregunta debería ser al revés: ¿si estuvimos todos juntos en la lucha por el agua, por qué no lo hacemos? Hubiera sido muy bueno, por ejemplo, que haya un representante de los ciudadanos en las empresas públicas. Sería una iniciativa pionera en el país, como fue la ley 13.036 sobre venta de agua, que es una de las pocas que existen en Argentina. Además, la audiencia pública debe ser vinculante, no para hacer catarsis.
—Sí, pero eso no explica que haya temas que desaparecieron de la agenda, o que haya tenido que ser el Enress el que forzara una audiencia pública para discutir aumento de tarifas o su segmentación.
—Creo que se piensa que quienes resistimos y dimos la pelea del agua, entre partidos políticos y organizaciones sociales, fuimos “los campeones del agua”, y que ahora ya está. Pero acá hay todavía 200 o 300 mil personas que en Rosario sufren la baja presión y no tienen agua en período estival. Esto no es responsabilidad de este gobierno, porque viene de la época de la privatización. Pero la pregunta es por qué no se trabaja más abiertamente en estos temas. Creo que no hubo voluntad política para cambiar la realidad en muchos aspectos. Que faltó creatividad, imaginación, se tiene miedo a la innovación. Todos tenemos miedo a la innovación. Pero si no inventamos no existimos, como decía un pensador.
—¿Cómo se resuelve el caso de las audiencias públicas? Los gobiernos siempre suponen que es el escenario para que opositores se embanderen en la supuesta defensa del bolsillo de la gente y frenen el financiamiento de los servicios, siendo que al final ningún actor que no sea el gobierno es responsable si la prestación no es buena o faltan obras.
—Bueno, sí… Pero hay que debatirlo. Dentro de la democracia todo se acuerda, incluido el desacuerdo. O incluso acordamos que no estamos de acuerdo.
—La referencia es a situaciones críticas como la de Assa. Aunque volvió al Estado es deficitaria, demanda recuperar años de desinversión en infraestructura y hay que decir que tanto éste como el anterior gobierno provincial le destinaron cuantioso subsidio estatal. Entonces la valoración política sobre cuánto de esa inversión debe ser sustentada con tarifa y cuánto con subsidio estatal directo es un terreno de discusión permanente. Y lo más sensible siempre es el tema de la tarifa.
—Es un tema complejo y hay que asumirlo como tal. En estos casos es fundamental la transparencia informativa. Yo no sé si todos los ciudadanos saben del déficit que dejaron los franceses. Me arriesgaría a decir que muy pocos los saben. Segundo, hay que plantear que el agua es un derecho humano esencial, pero también que la captación, tratamiento y distribución del agua en una economía capitalista tiene un costo. Ahora, que la problemática del agua esté inserta en una economía capitalista no quiere decir que tenga que caer en las reglas del mercado. Veamos. Si coincidimos en que el agua es un derecho humano esencial, tendríamos que discutir con el presupuesto cuántos recursos asignamos a ese servicio, como lo hacemos con educación o salud. Cuando mi hijo va a una escuela pública no tiene que pagar una factura. Visto desde ese punto de vista, me saco el problema de la tarifa y pasa a ser un problema tributario. La discusión va a ser cuánto del presupuesto dedicamos a salud, educación y a sostener el servicio de agua. O cuánto subimos los impuestos.
