Prisión perpetua y efectiva a cumplir en cárceles comunes e inhabilitación perpetua y absoluta para los cinco imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante un plan sistemático de exterminio, un genocidio, ocurrido durante la última dictadura. En ese pedido coinciden hasta ahora los alegatos escuchados en el primer piso de los Tribunales federales, donde están siendo juzgados los represores Omar Pascual Guerrieri; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Walter Salvador Dionisio Pagano, y Eduardo Rodolfo Constanzo.
Los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 1, Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe (esta semana a cargo de la presidencia del cuerpo colegiado), escucharon en primer término la exposición de las abogadas querellantes Ana Oberlin y Nadia Shcujman, de Hijos, que se había interrumpido alrededor de las 22.30 de anteayer, por un corte de luz que derivó en una postergación hasta las 9.10 de ayer.
En sus conclusiones, las letradas solicitaron que los cinco imputados fueran condenados a prisión perpetua, cárcel común e inhabilitación perpetua y absoluta para cualquier actividad civil, lo que entre otras cosas suspende el goce de jubilación, pensión o retiro. Además, solicitaron que los supuestos problemas de salud del represor Guerrieri no derivaran en una extensión de su arresto domiciliario.
Tras el final de la exposición, los jueces llamaron a un breve receso, luego del cual el representante legal de Guerrieri solicitó que su cliente asistiera a la audiencia por internet desde la oficina de la Defensoría General, puesto que había sufrido un pico de presión durante el intervalo.
Así, una vez que el imputado abandonó la sala autorizado por los jueces y custodiado por gendarmes, el juicio se reanudó con los alegatos de otra de las querellas.
Las abogadas Gabriela Durruty y Daniela Asinari –representantes de Juan Rivero, Ramón Verón (víctimas de Fábrica de Armas), y de Adela Panello de Forestello (madre de Marta María, desaparecida de la causa Quinta de Funes)– dieron inicio a sus conclusiones remarcando que “con este juicio, el Estado comienza a cumplir las obligaciones que tiene con la comunidad internacional”, a la vez que señalaron que Argentina “es el primer país en juzgar un genocidio dentro de las fronteras nacionales”.
“Ya en la Causa 13 (más conocida como Juicio a las Juntas) está probada la lucha antisubversiva del gobierno de facto en un plan secreto, clandestino e ilegal que contemplaba secuestros y torturas y donde el detenido podía tener tres finales: ser liberado, ser legalizado o su eliminación física”, señalaron las letradas.
Sobre los imputados, dieron un sinfín de argumentos que prueban su responsabilidad en los hechos. “Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y Constanzo fueron ejecutores y coautores. Cada uno cumplía funciones relacionadas con la ejecución del plan sistemático de represión”, remarcaron las abogadas.
“Cada uno ejecutaba una parte y sólo en el conjunto se comete el delito: es una tarea comunitaria. Su contribución fue indispensable para la concreción del plan común”, agregaron.
Luego del receso del mediodía, Durruty y Asinari continuaron alegando. Entre otras cosas, sostuvieron que los represores que están siendo juzgados formaron parte de un plan sistemático de exterminio, un genocidio, “que tuvo como principal socio a parte del sector empresario”, que se vio beneficiado tras el golpe militar, en desmedro de las clases obreras, ya que todas las medidas que se llevaron adelante desde marzo del ’76 “afectaron al trabajador”.
“El camino más corto a la injusticia es el olvido”, dijo Gabriela Durruty. “Hubo 20 años de políticas de olvido”, indicó después, en referencia a las primeras dos décadas tras el regreso de la democracia, en diciembre de 1983.
Daniela Asinari indicó que los imputados “se apropiaron de muchos de los hijos de sus víctimas, como si fueran un electrodoméstico más de los que se llevaban de las casas. Estos señores no son delincuentes comunes; compararlos con ellos sería muy injusto para los delincuentes comunes. Solicitamos que la sentencia reconozca que los delitos fueron cometidos durante un genocidio”, sostuvo.
Luego, Durruty solicitó para los cinco represores la pena de prisión perpetua a cumplir en cárceles comunes e inhabilitación perpetua y absoluta. “Creemos que (el fallo) tiene que ser dictado en el marco de un genocidio y que deben quedar al cuidado del servicio penitenciario”, terminó diciendo la abogada.
Luego de un nuevo cuarto intermedio fue el turno de la abogada Virginia Blando Figueroa, representante legal de Adriana Arce, sobreviviente de la ex Fábrica Militar Domingo Matheu, quien continuaba alegando al cierre de esta edición. El juicio continuará hoy con el alegato de la fiscal subrogante Mabel Colalongo.
