Un joven que viajaba por autopista de Rosario a Roldán paró a cambiar un neumático y fue abordado por, se presume, dos delincuentes. Su padre, que había llegado para auxiliarlo, mató a uno de los asaltantes y, según los primeros peritajes, también ultimó a su hijo. El juez de la causa, Juan José Pazos, encendió la mecha: “Mi interés fundamental es que digamos la verdad. La inseguridad es una realidad, no es sólo una sensación. No tuve intenciones de polemizar, pero no me digan que es una sensación”. El gobernador Hermes Binner dijo que si fuera legislador le “pediría juicio político” al magistrado por el tenor de esas declaraciones.
En el fondo de las declaraciones cruzadas subyace un debate menos explícito hasta ahora y que tiene que ver con la peligrosidad de que la población civil esté armada para hacer frente con sus medios a los hechos de inseguridad.
El titular local del Registro Nacional de Armas (Renar), Raúl Bartolucci, señaló a El Ciudadano que la puja a nivel político “saca el foco de la discusión de fondo: la discusión tiene que ser una concientización plena de que no hay que tener armas; y si la tiene, debe estar registrada”.
El funcionario destacó que la campaña iniciada a comienzos de mes por el Renar lo ha sorprendido “de buena manera” porque reciben “un promedio de 40 armas por día” en el marco del Plan Nacional de Desarme.
“Sin dudas que estos hechos desgraciados ayudan a que la gente tome conciencia de que no hay que estar armados; seguramente si ese padre no hubiera llegado con un arma, otro hubiera sido el desenlace. El hombre común no está capacitado ni mental ni física ni intelectualmente para hacer una cosa como ésta, que termina en semejante desgracia como lo que ocurrió con esta gente”, remarcó Bartolucci.
“Hay que tener parámetros”
Bartolucci planteó que “las armas son para uso deportivo; la seguridad la tiene que ejercer el Estado como corresponde, porque nosotros no sabemos cuáles son las posibilidades que tenemos para equivocarnos y después llevamos una carga para el resto de nuestros días”. Además, consultado sobre si una persona puede portar un arma en un vehículo, Bartolucci dijo que “para llevar un arma en estado público y para uso inmediato lo tiene que habilitar el Renar”.
A diferencia del juez Pazos, el responsable del Renar señaló: “Hay que tener un parámetro para decir que hay inseguridad, hay que tener sensatez. Parece que el negocio es instalar la inseguridad, pero hay que atenuarlo. Yo peco de garantista, pero el concepto de inseguridad es mucho más abarcativo”.
Bartolucci se basa en estadísticas contundentes para explicar sus argumentos: “En América, el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes por año es de 20 muertes. Por encima de esa media están las ciudades de Nueva York, Miami, México DF, San Pablo y Río de Janeiro; el mejor posicionado es Chile con 3,4 muertos cada 100 mil habitantes; en segundo lugar estamos nosotros con 5,1 muertes cada 100 mil habitantes. Por año, son dos mil muertes en nuestro país. Ahora, si le restamos que el 83 por ciento de esas muertes son cuestiones pasionales, discusiones familiares, o entre vecinos, queda que el 17 por ciento de esos 2 mil casos son muertes por homicidios en situación dolosa: menos de uno por día. Hay una posibilidad en 42 millones, que somos los argentinos, de ser víctima de un homicidio…”.
La inseguridad como paranoia
Bartolucci quiere hacer hincapié en un problema más de fondo: “En la paranoia de la inseguridad hay que tener un parámetro. Cuando digo que es más abarcativo, pensemos a cuántos empleados de comercio de la calle Córdoba los patrones se quedan con los aportes previsionales y sus derechos laborales todos los días y los tipos andan por la calle. ¿Eso no es violencia? A las chicas que trabajan en los negocios, las tienen entrenadas: «Si aparece alguien sospechoso, agarren su cartera y parezcan clientes»; empleadas que ganan dos pesos, no tienen sábado, domingo, nada y ¿eso no es violencia? Eso es robarle la dignidad a la gente. Por eso tenemos que poner en discusión los temas de fondo y no quedarnos con que el juez Pazos opinó y el gobernador le contestó”.
Bartolucci lleva 11 años al frente del Renar y la política que se implementa es no alentar ni estimular la tenencia de arma de fuego para la población civil, salvo en el caso del uso deportivo. “Esto es así. Regularizamos la situación registral de las armas de fuego, de las nuevas que se compran y estamos en busca de aquella arma que no haya entrado en los planes de regularización. El Renar ofrece siempre la posibilidad de que si una persona quiere tener un arma, la tenga registrada correctamente, de manera que el Estado sepa que hay un arma, que tiene un dueño y sabe dónde está, para evitar que ingrese en un circuito ilegal”, expresó.
Luego, hizo un repaso por el Plan Nacional de Desarme, que tuvo su primera etapa en 2007 “y funcionó muy bien”. Y aportó datos: “En todo el país se entregaron 136 mil armas de la población civil y en Rosario, 5.200. Con la nueva campaña que comenzamos el pasado 4 de abril creía que no íbamos a tener tanto éxito, y sin embargo recibimos un promedio de 40 armas por día, lo cual superó las expectativas”.
En ese sentido, explicó que “la ley contempla la figura del abandono voluntario de armas para su redestino, esto es que nuestros especialistas, cuando reciben el arma, deciden que si es una arma de colección va a un museo, si es un arma compatible con las que usan las fuerzas de seguridad, va a las fuerzas de seguridad, y si no va a destrucción. Esta nueva ley, con su reforma, asegura que es anónima la entrega y hay un incentivo económico y se destruye de inmediato delante de la persona. Así nos aparecen con cosas insólitas, como una granada que fue a parar a la Brigada de Explosivos”.
Finalmente el funcionario dejó una recomendación que bien vale tener en cuenta: “No hay que llevar un arma para defensa porque genera accidentes, no hay que tener un arma en la casa si la familia no está interiorizada, porque su sola presencia genera curiosidad, y la curiosidad es una de los principales causas de accidentes domésticos”.
