Ezequiel Nieva
La vicegobernadora Griselda Tessio habló con El Ciudadano de los coletazos del debate por la reforma tributaria. Admitió roces en la interna del Frente Progresista y pidió que la UCR tenga más representatividad en el gobierno. También se refirió a un tema que hasta hace unos pocos años no formaba parte de la discusión política: la mujer y el poder (ver aparte), anécdotas sobre sus encuentros con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, críticas al PJ santafesino y un repaso de la gestión de Hermes Binner, en un extenso reportaje.
—¿Qué conclusiones puede sacar de la pelea por el presupuesto 2010?
—Fue un tema bastante discutido en el seno del gobierno, en la Legislatura y en la opinión pública. El Senado, donde la oposición tiene mayoría, aprobó sin demasiadas diferencias el presupuesto pero obturó la reforma tributaria, fundamentalmente en la cuestión de Ingresos Brutos para la producción industrial y para la construcción. En relación a la actividad industrial, hubo lobby entre sectores corporativos empresariales y la oposición. Nosotros estamos convencidos de que el que más tiene es el que más tiene que pagar. Ese impuesto es el único ingreso genuino de los Estados modernos. Estuvimos de acuerdo con aplicar una cuota más a la Patente Automotor, y esto la oposición lo aceptó. También el aumento del Inmobiliario Rural y Urbano, pero hubo diferencias en relación al Fondo Sojero. Los representantes del peronismo y del radicalismo entendieron que hubiera sido más ecuánime repartir 50 y 50 entre el gobierno provincial y los municipios y comunas y no 70 y 30 como se venía haciendo. Y así se votó.
—El justicialismo aceptó algunos cambios impositivos, pero no el más importante en términos simbólicos y reales, que es Ingresos Brutos. ¿Por qué cree que ocurrió eso?
—Porque ellos tienen una larga tradición de connivencia con los sectores más poderosos. Y porque hacen un análisis de Ingresos Brutos como un impuesto regresivo. El temor que esgrime el peronismo es que la industria va a trasladarlo a los precios, lo cual no es necesariamente así. Nosotros estamos viendo la escalada de precios en relación a muchísimos productos de primera necesidad; industriales y comerciantes disponen aumentos y no está de por medio Ingresos Brutos. Vamos a seguir insistiendo con la reforma tributaria.
—Al principio habló de lobby entre la oposición y el sector industrial. ¿Hay evidencias sobre eso?
—No. Eso se habla. Sí hay un documento de la Unión Industrial en el que se oponen a Ingresos Brutos.
—A fines del año pasado hubo algunos chispazos entre el socialismo y la UCR. ¿Cómo está la relación ahora?
—Ni la relación está tirante ni tampoco han inventado los medios esos chispazos. Yo creo que se modifica el mapa político territorial de la provincia después de las elecciones de septiembre. Se recuperan una enorme cantidad de comunas y de municipios y, si bien es cierto que la mayoría las recuperan las listas del Frente, también es cierto que esas listas estaban encabezadas por candidatos del radicalismo. Lo que hay que tener en claro es que son más las cosas que unen que las que separan. Las cuestiones de espacios de poder son importantes y se van a acrecentar a medida que vayamos llegando a 2011. La política es una arena de competencia para acceder a puestos directivos. Ahora, eso no significa que el Frente esté en una situación de crisis o de ruptura. Nosotros reconocemos la figura de Hermes Binner como el conductor del Frente. Pero el radicalismo aspira a tener más espacios de representatividad política.
—Por eso piden la institucionalización del Frente Progresista.
—Claro. Pedir más espacios de representatividad significa dar un paso que se debió haber dado en 2007 y que no lo pudimos dar porque nosotros, hasta noviembre de 2009, éramos lo que se llamaba “radicales en el frente”, no la Unión Cívica Radical. Allí debieron haberse institucionalizado las relaciones entre los partidos.
—¿La institucionalización consiste solamente por definir reglas claras para la conformación de las listas?
—No. Es un concepto muy amplio. Pasa por establecer y aceptar, entre todos los actores del Frente, ciertas reglas de juego. En la medida que haya partidos con una territorialidad importante y con representatividad en la Legislatura, en municipios y en comunas, significa que esos partidos aspiran a tener mayor representatividad en el gobierno.
—Cuando se produjeron los últimos cambios en el Ministerio de Seguridad, ¿hubo malestar en el interior de la UCR por la salida de (Carlos) Iparraguirre? Porque salió un radical y entró otro socialista.
—Era una propuesta del radicalismo. Nosotros apostábamos por la figura de Iparraguirre porque en dos años había logrado una buena relación con algunos sectores de las cúpulas policiales, conocía el territorio y el manejo. Lo propusimos para una designación definitiva o al menos para una transición, pero no se hizo así. Personalmente, creo que hubiera tenido una muy buena repercusión. Por eso hablo de la necesidad de establecer reglas claras en las relaciones de poder.
—Pasaron más de dos años de gestión del Frente. ¿Qué balance hace?
—Las expectativas que teníamos las estamos cumpliendo. Hay logros importantes, por más que la oposición cada tanto nos aconseja que nos dediquemos a gobernar. Hemos avanzado en educación y en salud pública. Es cierto que tuvimos atrasos importantes. El conflicto del campo nos paralizó; somos una provincia agrícolo-ganadera y con una cadena de valor agroindustrial muy importante. Después tuvimos una de las sequías más grandes de los últimos 40 años. Los productores dejaron de pagar impuestos por la emergencia y eso atrasó el fluido que el Estado necesita para hacer obras. Después los coletazos de la crisis financiera internacional. Y, por último, nos encontramos con algo que no pasaba antes: que el gobierno de la provincia y el nacional son de signos políticos diferentes. Nosotros le estamos reclamando 4 mil millones de pesos de deuda que tiene la Nación y estamos reclamando que nuestros legisladores nacionales insistan con el 100 por ciento del impuesto al cheque.
—¿Piensa que la Nación se demora porque los gobiernos son de distinto signo?
—Puede haber un poco de eso y cierto retraso de las burocracias nacionales. La Nación prometió 25 mil viviendas para la provincia de Santa Fe, pero se han hecho muchas menos. Queremos dejar de aportar a la Ansés, porque ese aporte comenzó en un momento de crisis, en 2001, pero ahora la Ansés es superavitaria. Lo estamos reclamando ante distintos ministros, porque tenemos una capacidad económica importante pero también un retraso financiero importante.
—¿Cuáles son las prioridades para lo que queda de la gestión?
—Son los ejes temáticos que establecimos en el Plan Estratégico. La deuda social que la provincia tiene desde hace muchísimo tiempo. Nosotros estamos apuntando a la educación, a la salud pública, al trabajo decente y a la vivienda. Si avanzamos en esos cuatro rubros vamos a poder hacer un proceso de inclusión social de grandes sectores de la población que hoy están excluidos.
