Muchos de los denunciados efectos nocivos que las nuevas tecnologías de la comunicación producirían en las personas no están confirmados científicamente, pero tampoco han sido descartados. Y así, periódicamente, se desata una ola de temores. En Rosario esto ocurrió la semana pasada: la noticia sobre una muerte por cáncer en la comunidad de una escuela contigua a una antena de telefonía móvil desató una comprensible preocupación. Pero enseguida, con la mediatización del reclamo de los vecinos, se instaló otra vez la premisa de una relación directa de causa-efecto entre la radiación que emiten las torres de tecnología celular y las enfermedades oncológicas. Una ecuación simple para una realidad compleja. La demonización en solitario de las torres de las compañías celulares choca en efecto con la existencia de un ambiente atravesado –cada vez más– por las llamadas “radiaciones no ionizantes”, de las que los servicios de telefonía móvil son apenas una parte, y aparentemente no la más preocupante. Es que las antenas celulares emiten a una frecuencia sensiblemente menos peligrosa para la salud humana que, por ejemplo, las de las radios FM que pululan en toda la ciudad sin que nadie se alarme. Además, operan a una potencia varias veces inferior que éstas. Y encima, si se reducen en número como se exige cada vez que se bordea el pánico, el efecto sería el opuesto al deseado: habría menor nivel de señal, y como los propios teléfonos autorregulan su potencia para compensar este inconveniente, funcionarían la mayor parte del tiempo radiando al máximo de su capacidad y a escasos milímetros del cerebro de sus usuarios. Un riesgo potencial para la salud mucho mayor que el adjudicado a las torres cuyo desmantelamiento se pide.
La telefonía móvil nació en Estados Unidos en 1946, pero lo hizo a baja escala y con una tecnología diferente a la que hoy conocemos. El actual sistema “celular”, basado en numerosas “antenas base” de baja potencia en el que cada una cubre un área relativamente pequeña –una solución para el mejor aprovechamiento del reducido espectro radioeléctrico disponible–, se impuso recién a fines de la década de 1970. La demanda global creció a partir de allí en forma exponencial: según la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), en la Argentina hay alrededor de 45 millones de aparatos, más de uno por habitante. Con esto fue necesario instalar más torres, necesarias a su vez para cubrir los múltiples servicios que se van incorporando a los originales de voz y mensajes de texto. De esta forma, se fue modelando un paisaje urbano en el que resaltan esos mamotretos de hierro. Y, con ello, se impuso la necesidad de regular su instalación a la par que aumentaban los temores sobre posibles amenazas a la salud de las personas. Sobre todo la de aquellas que viven, trabajan o estudian cerca de tales emplazamientos.
La semana pasada, integrantes de la comunidad de la escuela Padre Rafael Cantilo, de bulevar Oroño al 3400, exigieron que se desmantele una antena de telefonía celular ubicada junto al establecimiento confesional, en el predio de una iglesia contigua que, junto al terreno del colegio, figuran en Catastro como propiedad del Arzobispado de Rosario. Fue luego de que se conociera el fallecimiento de un alumno a causa de un cáncer, a lo que se agregaron denuncias de otras posibles muertes por enfermedades oncológicas de estudiantes e incluso de una docente. Ante las quejas de los vecinos, desde la Municipalidad admitieron que la torre en cuestión, si bien fue levantada hace 12 años –cuando había un vacío normativo en la materia– está ubicada contradiciendo las ordenanzas locales –la 7.122 de diciembre de 2000 y la 8.367 de fines de 2008– que prohíbe el montaje en establecimientos educativos o de salud, entre otras muchas restricciones y regulaciones. Pero aclararon que el caso está trabado en el terreno judicial, a causa de un amparo interpuesto por la compañía Personal, que opera esa instalación.
Ahora, el Palacio de los Leones apurará, tal vez con mayor celeridad a la que le imprimió antes de las recientes quejas– la embestida legal contra el recurso.
“Tenemos actuaciones del año 2000, en la que la Municipalidad intimó a Personal a que retire la antena, que está puesta desde el año 97, antes de que existiera una ordenanza que regule este tipo de instalaciones. Cuando esto se subsanó comenzamos a intimar a las empresas, a ésta en particular, para que retire las antenas que tenía ubicadas en tres colegios religiosos. La compañía consiguió en la Justicia una medida cautelar no innovativa por la cual no podíamos tocar la torre hasta tanto no se resolviera la pelea de fondo”, afirma Juan Pedro Chenevier, coordinador del Programa Antenas de la Municipalidad. “Después de mucha pelea administrativa y legal se consiguió sacar la antena del colegio Lasalle, y al ver esto la empresa retiró sola la del Cristo Rey. Pero ésta quedó con la cautelar vigente”, agregó el funcionario.
En Rosario hay entre 140 y 150 antenas de telefonía móvil, y ya se retiraron por irregularidades unas 30, aunque oficialmente no hay precisiones sobre cuántas más podrían estar en contradicción con las reglamentaciones.
Con todo, Chenevier cuestiona las miradas apocalípticas respecto de las torres de telefonía móvil. “No es posible hablar a la ligera y generar pánico”, plantea. Y agrega: “Generan mucha más contaminación las antenas de radiofonía en frecuencia modulada que las de telefonía celular. De hecho, ésta última emite mucho menos radiación que el teléfono celular que uno lleva encima”.
Una antena de FM de las que existen en Rosario emite a una potencia de entre 1 y 5 kilovatios (miles de vatios), y algunas bastante más. Las de celulares oscilan entre los 20 y 100 vatios según estén en zona urbana o rural: cientos de veces menos. Además, la frecuencia a la que operan las FM –entre 88 y 108 megahertz– transforman al cuerpo humano en una caja de resonancia que lo hace absorber más energía de las mismas, porque su altura es comparable a la longitud de onda de la señal. “Por eso cuanto tocamos la antena del aparato de radio el volumen aumenta”, grafica Chenevier. En cambio, la telefonía móvil trabaja en frecuencias muy superiores, entre los 870 y 1.990 megahertz según las dos bandas habilitadas por la CNC en la Argentina, lo que reduce ese efecto de absorción.
Además, los propios aparatos celulares –que casi todos llevan encima– descargan sobre el usuario una densidad de energía superior a la de las antenas: aunque su potencia es menor a los dos vatios, están mucho más cerca de la persona (la potencia de una onda electromagnética se reduce drásticamente en función de la distancia del emisor).
“Si me dicen que para que no se politice el tema hay que sacar las antenas de Rosario, digo que no es técnicamente viable, porque entonces habría poca señal y las emisiones de los aparatos serían más fuertes”, plantea a su vez el coordinador del Programa Antenas. Es que los teléfonos móviles se autorregulan para compensar las señales débiles. No es en vano que en los folletos de los fabricantes se aconseje no utilizarlos, por ejemplo, dentro de ascensores.
Nada es gratuito. Las nuevas tecnologías despiertan, a medida que se popularizan, los temores sobre sus efectos nocivos. Pero pocos estarían dispuestos a prescindir de ellas. Y sin antenas, no habría ni celulares, ni radios, ni wi-fi, esa “sopa de radiaciones” en las que se está inmerso según la figura que elige Chenevier para plantear el complicado panorama. Lo que no implica dejar de presionar a las autoridades y a las empresas para que cumplan o hagan cumplir las normas. Y para que se promuevan investigaciones sobre posibles consecuencias para la salud y el medio ambiente.
