Por: Carina Ortiz
La alta litigiosidad en el fuero laboral rosarino sigue en aumento y si bien se ha sancionado un nuevo Código Procesal, que entró en vigencia a fines de marzo e incorporó nuevas figuras que podrían ayudar a descomprimir, sólo se aplica a las nuevas demandas y sus resultados todavía no son visibles.
El aumento de causas es incesante: hace apenas cinco años el ingreso de reclamos laborales llegó a 8.964; en 2008 a 15.135, y en sólo un año esa cifra creció a 20.890, es decir un 38 por ciento.
Pero el tema no termina allí. Este año, con apenas cuatro meses de actividad, ya se recibieron 7.500 causas, unas 800 más que las ingresadas a mayo del año anterior. A eso hay que sumarles 65.187 expedientes en trámite en los nueve juzgados laborales con los que cuenta la ciudad.
En ese marco, Roxana Mambelli, presidenta de la Cámara Laboral, consideró “terrible” la proyección, ya que estos números son similares a los que existían en el año 90, cuando el fuero laboral colapsó.
En diálogo con El Ciudadano la magistrada explicó que “la presidencia de la cámara (laboral) mantuvo una reunión con los ministros (de la Corte) de la región sur y les planteó esta cuestión. “Es terrible la proyección, porque quienes estamos hace mucho tiempo en el tribunal vemos que estos números son parecidos a los que había en los 90 cuando el fuero laboral comenzó a hacer agua, colapsó. Creo que vamos en franco camino a colapsar”. La jueza sostuvo que está en proyecto la creación de un décimo juzgado laboral, propone la mediación previa obligatoria y cree que, como en los tribunales federales, “los juzgados deberían tener un prosecretario habilitado para firmar decretos”.
—¿Considera que con un nuevo juzgado las cosas mejorarían?
—Si hay un nuevo juzgado bienvenido sea, pero estoy convencida que con eso no hacemos nada. Ni con uno ni con cinco. Sería muy terrible el costo para la provincia la creación de cinco juzgados. Y la verdad es que mejoraría un poco, pero tampoco soluciona la cuestión.
—¿Cuál piensa usted que es la solución?
—Me parece, y es mi opinión personal porque hay quienes lo comparten y otras no, que la mediación previa obligatoria. Hay gente, entre ellos colegas y abogados, que suponen que la mediación previa no soluciona y que quita el problema del Poder Judicial y del control que tiene que haber de parte del juez laboral. A mí me parece que se debería lograr un sistema de mediación o conciliación que quede ligado al Poder Judicial, es decir el acuerdo que se obtenga necesariamente deba ser homologado por un juez. Es una forma de asegurarse que el acuerdo, cuya lectura no lleva tanto tiempo, pueda ser analizado. Me parece que no es tan complejo hacer esto, inclusive con una estructura bastante simple se podría tener un juez o un secretario de conciliación que pudiera verificar convenios extrajudiciales. De esta manera el trabajador no queda afuera del acceso a la Justicia porque siempre se lo van a revisar, y es una manera de desagotar.
—Esto haría más ágil la estructura y ahorraría costos.
—Hay veces que esta superestructura que es el Poder Judicial trabaja a pérdida. Hay varias sentencias que me gustaría a mí poner el dinero y no perder lo que a la provincia le significa pagar el sueldo para hacer una sentencia de una demanda por 17 pesos, como nos ocurrió. No puede ser que yo tenga que hacer una sentencia por 17 pesos, esto no debió llegar nunca acá (por la Cámara). El nuevo código de procedimiento tiene una limitación a las apelaciones referidas al monto del agravio. Pero recién damos los primeros pasos. Recién cuando estas causas empiecen a llegar a la Cámara podremos hacer proyecciones. Hay herramientas innovadoras, como el juicio abreviado, que no han provocado una avalancha. Habrá que ver a fin de año con tranquilidad qué pasó, cuáles fueron las causas que ingresaron, con qué montos.
—Según estadísticas hay 65.187 causas en trámite y 20.890 iniciadas en 2009.
—Claro. Basta mirar la cantidad de sentencias dictadas con controversia en 2009: son 1.035; es decir, a los 65.000 se le restan esas mil y quedan 64.000; a ese número hay que sumarles las 20.000 del año pasado. Por supuesto que también hubo 2.739 sentencias homologatorias, pero tampoco es un número significativo.
—¿Esta situación se agrava porque el proceso es largo?
—Sí, por supuesto que es largo, hay mucho despacho. Uno tiene la idea de que se dictó la sentencia y se terminó; y es mentira: después está el tema de la planilla, de la ejecución de la sentencia, del embargo.
—¿Eso profundiza las dificultades?
—Lo peor no son los expedientes de trámite sino los expedientes a sentencia. Sería muy bueno que legislativamente se habilitara la figura del prosecretario con firma para decreto como ocurre en tribunales federales. Eso desagotaría al secretario para que hiciera otras cosas o para que