“La cuestión es darle el marco conceptual a la salud como un derecho. No ver como una oposición salud-enfermedad, sino tener una mirada más abarcativa, totalizadora del fenómeno de la salud, y para eso creemos que se parte de considerar a la salud un derecho social”, dice Armando Perichón. El actual interventor del Pami, que fue antes director del Cudaio y presidente del Incucai, es médico y tiene un posdoctoado en Oncología. Pero también es militante activo del Frente para Victoria –fue candidato a senador por el departamento Rosario en las últimas elecciones provinciales– y desde ese lugar es uno de los convocantes del segundo encuentro del Foro Santa Fe Salud, que se concretará mañana a las 19 en la sede del Sindicato de Docentes Privados (Sadop), en Montevideo 1567, para tratar la ley nacional de Salud Mental y Adicciones.
La concepción de la salud como derecho social que esgrime Perichón puede bien tener su anverso: la enfermedad como una consecuencia de factores que también provienen de la sociedad. “Uno empieza a comparar los determinantes sociales que nos enferman –que muchas veces no son tenidos en cuenta– con las políticas que se llevan adelante”, dice el médico militante. Y explica: “Determinantes que nos están enfermando generalmente tienen que ver por un lado con los hábitos, y por el otro con el entorno. Hoy en día está claro que muchos hábitos nos enferman y que el entorno, el hecho de no tener cloacas, de no tener agua potable, de no tener una vivienda digna, también produce enfermedad sobre el ser humano”.
“Trabajar la salud, simplemente desde la lógica enfermedad-salud, no sirve. Hay que buscar cómo trabajar integralmente la salud”, completa Perichón. Y remarca que el Foro Santa Fe Salud procura armar un “marco conceptual” diferente al tradicional: “Queremos seguir discutiendo los temas de salud como un derecho y vincular a ese derecho con todos los demás. Y armamos el Foro porque nos permite que sea un espacio amplio, plural, de debate, donde todos se puedan expresar, desde el ciudadano común, las instituciones intermedias de la sociedad civil, los funcionarios y políticos que quieran participar”, explica. Y en ese marco, Perichón no sólo habla del derecho “a la salud” sino de los derechos que están relacionados con la salud –en especial respecto de la salud mental– y la novedosa legislación al respecto.
— La ley 26.657 de Salud Mental, ¿tiene un correlato sobre una rama del derecho, relativamente nuevo, sobre los derechos de la ancianidad?
—Lo que toma la nueva ley de salud mental, que fue promulgada en diciembre del año pasado, lo que busca es recuperar derechos del enfermo mental y del adicto. Es una ley que si uno lee cómo está armada su primer capítulo tiene que ver con la enumeración de los derechos que tiene el enfermo. No hay otra ley que declare cuáles son los derechos que tenemos todos, el derecho a ser informado, a tomar la decisión, derecho a que no se los discrimine por una enfermedad mental, o por ser adicto, Lo llamativo de la ley es no solamente la recuperación de derechos para el enfermo mental y el adicto, sino que esté puesto en el articulado de la ley, taxativamente, uno por uno los derechos que todos tenemos, frente a la salud. Después tiene una serie de andamiaje jurídico que lo que busca es cambiar un poco el paradigma de lo que fue hasta ahora la salud mental y las adicciones, que eran de encierro, las instituciones neuropsiquiátricas. Lo que plantea la ley es ir transformando esa política que hubo históricamente para tratar el tema de la salud mental, y reformando hacia un sistema mucho más abierto de protección de los derechos de la persona. Por lo tanto prevé una manera y un abordaje del tratamiento y de la rehabilitación totalmente diferente, con dispositivos interdisciplinarios, con que el ser humano tenga la posibilidad de que si está enfermo, a partir de un problema mental, pueda ser atendido en cualquier lado, sea público o privado, no necesariamente ir a instituciones monovalentes, manicomios. Otro adelanto es que prevé un término de plazos para que todo esto se readapte, que tardará aproximadamente tres años, también prevé el aumento presupuestario escalonado, año por año, no más de los tres años, que tiene que ser alrededor del 10 por ciento, en todo el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación.
—La restricción de la ley de salud mental para la internación de personas ¿es un avance concreto o viene a crear un nuevo conflicto intrafamiliar?
—Hay dos internaciones, la voluntaria, donde el individuo es el que toma la decisión, y la internación involuntaria, pero lo interesante de la ley es que le pone plazos a la internación, hay plazos de 30 días, de 60 y lo que crea la ley es una comisión revisora, que es la que va a revisar si se tiene que postergar o ampliar el período de internación, sea la comisión revisora y no el médico tratante el que define, sobre todo los casos de internaciones involuntarias; todos sabemos que hay muchos conflictos familiares o judiciales que hacen que se demoren las internaciones, en los organismos monovalentes, fundamentalmente. La comisión revisora es la que de alguna manera tiene la potestad del control permanente, tanto de las internaciones voluntarias como fundamentalmente las involuntarias.
—Sancionada la ley, ¿cómo hará la estructura del Estado, nacional, provincial o municipal, para que la norma pueda ser materializada?
—Creo que todavía no; la norma prevé la generación paulatina de los distintos dispositivos o institutos que hay que crear para llevar adelante todo lo regulatorio que tiene la ley, hay cosas que ya están, como la posibilidad de que la internación en el brote agudo de una enfermedad mental se pueda atender en cualquier lado, eso ya lo tenemos. Sí creo que cuando la ley habla del abordaje interdisciplinario de la enfermedad mental habla de una serie de especialidades que tienen que conformar este tratamiento integral del paciente, y eso es lo que probablemente la ley prevé: los títulos de idoneidad que tienen que tener las personas, los ámbitos donde lo puede hacer, prevé un montón de institutos, desde la casa de convivencia, que es una casa que permite que el paciente, pueda temporariamente estar asistido en una casa de familia sustituta, plantea los hospitales de día, plantea diversos sistemas de atención en la parte ambulatoria y creo que en el devenir del tiempo vamos a tener que tener. Y plantea cómo recuperar lo que han instalado como instituciones monovalentes.
—Esta legislación, reflejo de derechos consagrados en organismos internacionales, ¿cómo se materializa en una cultura que sigue hablando de “locos”?
—Nuestra cultura fue como que los locos perdían los derechos, eso fue lo que nos metieron en la cabeza históricamente en la cultura de nuestro país. El loco, más allá del diagnóstico, y cuántos habrá sueltos y no están institucionalizados, y hoy la tendencia internacional es lo contrario. Cuando hacía psiquiatría en mi condición de pregrado, que había un programa de sociabilización del enfermo mental, en el Agudo Ávila, donde el propio instituto, los enfermos mentales trabajaban en el lavadero, que antes había en calle Santa Fe, les pagaban y volvían a dormir al instituto porque eran crónicamente internados. Era una manera de socializarlos, en la década del 80, es parte de lo que hoy se toma como algunos de los antecedentes. Tenemos que empezar a cambiar el hecho cultural de que el loco tiene que estar encerrado, y que se abusó por conflictos familiares, cuestiones económicas, cuestiones judiciales, todo esto se termina con la ley y se va a un cambio de paradigma en la salud de los enfermos mentales.
—Es frecuente que descendientes pretendan decidir sobre el patrimonio de sus mayores sin declaración judicial y aparezcan conflictos. ¿La ley viene a resolver esas situaciones?
—La ley habla de los conflictos familiares, y de cualquier otra cosa que pueda sospecharse que no tenga nada que ver con la enfermedad concreta y que tenga que ver con el usufructo de algún patrimonio y que no se nombre esa palabra, en el articulado de la ley también prevén esas cuestiones. También prevé el tema discriminatorio, el hecho de no poder ser discriminado de ningún trabajo, usufructo, y frente a la duda no será el médico tratante el que defina, sino la comisión que se va a conformar interdisciplinariamente. Antes, los jueces y los médicos psiquiatras tenían el poder absoluto sobre el enfermo mental, hoy existiría una mirada interdisciplinaria, más allá de los problemas judiciales que puedan existir. Hoy hay un comité por encima, con una mirada interdisciplinaria, que va a dar su opinión respecto a lo que se pueda discutir del paciente; es otro cambio importante.
