Al promulgar la ley que regula el funcionamiento de la medicina prepaga, recientemente sancionada en el Congreso nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo ayer que la “regulación no significa afectar rentabilidad”, y destacó que ese planteo “fue un verso de las políticas neoliberales de los 90, que nadie se traga”.
La presidenta encabezó un acto en Casa de Gobierno, donde, además de la promulgación de la ley de prepagas, presentó el Programa de Trazabilidad de Medicamentos, con el que se pretende evitar que los medicamentos que se utilizan en los tratamientos más onerosos puedan ser adulterados o robados.
En cuanto a la ley, la presidenta dijo que “no hay que temerle”, porque “no se está buscando que alguien se funda”, y remarcó que “si algo puede acreditar este gobierno es que no quiere que alguien se funda, y cuando alguna empresa tuvo problemas –agregó– el Estado hizo su aporte para evitar los despidos”.
“Hay que desmitificar esto de la regulación, que no significa afectar la rentabilidad; eso fue un verso de las políticas neoliberales de los años 90, que ya no se lo traga nadie. Debemos ser sensatos para dejar de repetir como loros lo que se ha venido diciendo”, sostuvo.
Al respecto, remarcó: “Estamos abordando un tema que constituye una verdadera política de Estado”, y mencionó que el sector de la medicina prepaga hasta ahora no contaba con regulación.
En tanto, al abordar el Programa de Trazabilidad de Medicamentos oncológicos, para enfermos hemofílicos y de HIV, indicó que “es un paso trascendental”, ya que evitará que esos medicamentos, que están entre los más caros, puedan ser adulterados o robados.
También, la presidenta se refirió a los precios y señaló que una ampolla para un hemofílico cuesta unos 50 mil pesos. “Tenemos que hablar con los laboratorios para que nos expliquen”, dijo, porque “si a un hemofílico no se le suministra se muere”.
La presidenta remarcó que “hay una gran inversión por parte del Estado en el sistema de salud”, y agregó que la Argentina tiene al 60 por ciento de los habitantes con cobertura en obras sociales y prepagas y el resto en la salud pública.
Al volver sobre la regulación de las prepagas, indicó: “Sé que hubo revuelo con esta ley, porque decían que podía causar quiebras”.
“Cuando uno mira los números, el 80 por ciento de afiliados a prepagas está en cinco empresas. No nos parece mal, pero estamos hablando de la necesidad de regular a un sector muy importante, que tiene mayor nivel de queja que las obras sociales”, afirmó.
Sobre las obras sociales dijo que 25 de éstas concentran al 80 por ciento que está por fuera de la salud pública, y resaltó que el sector tuvo una evolución en la recaudación de fondos, al mencionar que en 2003 obtenían 3.129 millones de pesos y en 2010 llegaron a los 19.610 millones.
“Esto se debe a cuatro razones: generación de puestos de trabajo y mayor poder adquisitivo de los salarios; y otras dos decisiones del Poder Ejecutivo, de 2008: la eliminación del tope para contribuciones patronales y el aumento del tope para los aportes”, acotó y destacó: “Este incremento se debe al modelo y las decisiones políticas concretas del Poder Ejecutivo”.
La presidenta también destacó la importancia de un acuerdo entre el Pami y los ministerios de Salud y Desarrollo Social, referido a la gestión de compra de medicamentos. Según Cristina, gracias al acuerdo, con “el poder de compra del Estado” se accede a “mejores precios y mayor cantidad de gente podrá acceder a los medicamentos”.
“Estas son políticas de Estado; esto es lo tiene que hacer cualquier país que se precie de pertenecer al mundo desarrollado”, agregó Cristina, que en el final de su discurso volvió a insistir: “Nos apropiamos de nada, que nadie se sienta perseguido, por el contrario queremos equilibrar la sociedad en lo que hace al sector salud”, dijo y añadió: “Creo que podemos hacerlo sin considerarnos enemigos”.
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