Las declaraciones del juez de Instrucción Juan José Pazos, en las que pedía no calificar como “una sensación” a la inseguridad, en medio de las repercusiones por las dos muertes producidas el lunes pasado a la vera de la autopista a Córdoba, merecieron ayer la respuesta del gobernador Hermes Binner: “Si fuera diputado le pido el juicio político”, dijo en una entrevista televisiva, visiblemente molesto.
Para el mandatario provincial, el juez “no tiene que hablar, tiene que actuar”, porque “no se trata de un ciudadano común”. Además, le reprochó que “hace mucho que está, y durante años no ha hecho absolutamente nada”.
“Una cosa es que lo diga un ciudadano común y otra es que lo diga un juez, eso es lo grave”, enfatizó el gobernador en relación a las palabras pronunciadas por Pazos el día anterior, cuando pidió que “si una persona está condenada a ocho años de cárcel, que cumpla los ocho años”, y criticó “que haya desesperación en algunas autoridades legislativas nacionales o provinciales para que el sujeto recupere la libertad”.
“¿Por qué no tienen la misma desesperación para que la sociedad viva mejor?”, se había preguntado el magistrado de los tribunales rosarinos.
“Lo más fácil es echarle la culpa a la Policía, que depende del Poder Ejecutivo, quien hace cumplir las leyes de la Legislatura. Pero si la política de fondo produce leyes que favorecen notablemente al delincuente, es probable que tengamos casos como éste (el del lunes por la noche donde murió Lucas Renna, al parecer por un disparo de su padre que se tiroteó con ladrones) y muchos más”, redondeó.
Las declaraciones de Pazos no podían pasar de largo dentro del clima electoral que se vive en la provincia, cuando resta sólo un mes para que se realicen las primarias abiertas y obligatorias, y cuando la inseguridad es uno de los temas recurrentes de la campaña. Consultado ayer por El Ciudadano, el juez dijo que no quería hacer declaraciones sobre sus dichos del día anterior ni sobre las respuestas que recibió de parte del gobierno provincial: “No voy a hacer declaraciones porque creo que no corresponde. Lo mío es una opinión personal, que no es nueva, y no es política. Nada más. No me voy a prestar a una polémica y doy por terminado el tema”, dijo el juez.
En sus dichos de ayer el gobernador también defendió la política de seguridad de su gobierno, y recordó la compra de móviles policiales, la incorporación de más efectivos, la construcción de nuevas cárceles y la instalación de cámaras de seguridad, pero tras la enumeración de estos puntos, entre los que también destacó “un 911 que funciona”, se preguntó: “¿Qué sería hoy de Santa Fe si no hubiésemos hecho todo esto?”
“La inseguridad es una preocupación de todos los gobiernos, es un problema mundial”, agregó, y destacó que la solución de fondo pasar por trabajar por achicar la desigualdad social.
Otro que se sumó a la polémica fue el secretario de Seguridad provincial, Horacio Ghirardi: “Nunca había escuchado argumentar en ese sentido, con cuestiones que exceden largamente la investigación del hecho, con términos que rozan lo político y de corte oportunista”, señaló. El funcionario provincial argumentó que la inseguridad “excede los límites geográficos de la provincia de Santa Fe”. Además, volvió sobre las expresiones del juez y las calificó de “inapropiadas”, en especial por “su rol”.
El primero en contraatacar las declaraciones de Pazos fue el secretario de Seguridad Comunitaria de Santa Fe, Enrique Font, quien las había calificado de “oportunistas”. “Huelen a oportunistas algunos de estos comentarios”, había dicho Font, quien además mostró “preocupación de que un funcionario judicial responsable de una investigación haga declaraciones casi impropias”.
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