En 2016 el escándalo sobre una serie de estafas con propiedades sacudió la ciudad. En la investigación estaban implicados escribanos, empresarios, un agente bursátil y un jerárquico de una medio local entre muchos involucrados. Hubo allanamientos, desfiles de imputados y un sin fin de resoluciones judiciales hasta que finalmente el caso llegó a juicio este lunes. Son 13 las personas acusadas quienes enfrentan penas que van de los 20 a los 2 años de cárcel más multas e inhabilitaciones. El debate es llevado adelante por el tribunal compuesto por los jueces Ismael Manfrin, Nicolás Vico Gimena y Román Lanzón.
Durante el proceso hubo dos imputados que fueron beneficiados con un principio de oportunidad, cuatro abreviaron y uno de ellos contaba con una enfermedad producto de la edad que le impidió comprender la criminalidad de los hechos y recibió un archivo. Un caso que mezcla alta alcurnia, poder, dinero y personas vinculadas a la banda de Los Monos y a Esteban Alvarado.
El fiscal Sebastián Narvaja explicó que las estafas arrancaron con una estructura más bien modesta que incluyó propiedades de barrios de trabajadores. Pero a medida que fue ajustándose la maniobra aparecieron nuevos actores como el sindicalista Maximiliano González de Gaetano y las implicancias llegaron a esferas más altas y terminaron involucrados personas de un mayor poder adquisitivo y estatus social.
El modus operandi
El funcionario del MPA dijo que esto ocurrió porque funcionaba una estructura dedicada a cometer ilícitos, ubicaban propiedades con algún nivel de vulnerabilidad porque los dueños originales habían muerto y los herederos no las ocupaban, o los dueños eran personas grandes o vulnerables y se las sacó violentamente del lugar. O porque sus datos catastrales cayeron en manos de este grupo de personas.
Los sospechosos “pescaban” estas propiedades y, a través de escrituras falsas, simulaban la participación de los titulares registrales que no sabían de la operación, estaban muertos o fuera del país.
Narvaja resaltó el papel clave que jugaron los cuatro escribanos acusados en el caso.“Se usaron estas escrituras para hacer traslaciones de dominio con poderes falsos. A medida que la actividad fue tomando más peso económico empezaron a sumarse otras personas que no tenían historial de intervenir en este tipo de fraudes, y mientras más valiosos se vuelven los inmuebles se atraen partícipes más significativos” dijo.
Explicó que en los primeros episodios de estos casos se encuentra al escribano Martín Torres, el gestor Juan Roberto Aymo, su pareja Ramona Rodríguez y su hijo Nicolás Aymo y Jonatan Rodriguez. Estos dos últimos que fueron condenados a través de un acuerdo abreviado, eran quienes intervenían con distintos niveles de responsabilidad.
También aparece en un caso Tránsito Retamal Rodriguez, tío de Andrés Gitano Fernández, condenado por matar al dueño del boliche donde asesinaron en 2013 a Claudio «Pájaro» Cantero, entonces jefe de la banda de Los Monos. En ese caso su causa se archivó por padecer demencia senil. El fiscal contó que Fernández y Aymo se conocían e intercambiaban automotores.
Una segunda fase se inició con la aparición del sindicalista Maximiliano De Gaetano, que empezó a trabajar en coordinación con Aimo y aportó nuevos escribanos a la maniobra como Juan Bautista Aliau y luego José Bordó, aseguró. El fiscal dijo que en definitiva el acceso al sistema notarial termina funcionando como una herramienta para el grupo delictual.
También Leandro «Lelo» Pérez, que según el fiscal junto con De Gaetano lograron generar un puente entre la primer célula que no tienen estatus social o un perfil patrimonial que les permita acceder a propiedades de alto valor, y otros que sí, como Marcelo Basilio Jaef, un jerárquico de un medio de comunicación local y un agente bursátil que terminaron beneficiados con un principio de oportunidad.
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Los casos
La primera estafa que cita el fiscal está vinculada a una propiedad ubicada en Viamonte al 5300 que pertenecía a dos hermanos que fallecieron en 2003 y 2010. La casa quedó vacía mientras tramitaba la sucesión y en 2013 fue ocupada luego de una maniobra de la que participó el escribano Torres, Aymo, Jonatan Zárate que aparece como la persona que recibe el poder de los hermanos que habían fallecido al momento de la confección (este joven fue condenado en juicio abreviado) y Rodríguez como compradora, dijo el fiscal.
En 2016 la casa fue allanada y en el lugar vivía una joven, su padre dijo que se la había alquilado a Omar Buscellato. A este último el fiscal lo consideró administrador y dijo que tenía vínculos con Aymo y Andrés Fernández.
En 2014 la estafa se produjo con una fracción de campo de 4 hectáreas en Villa Amelia, terrenos que habían sido parte de un predio más grande que incluía las 124 hectáreas que le sacaron a la viuda de un camarista un tiempo después. Este lugar había sido donado a un trabajador del campo que ya había fallecido.
En el predio vivía un hombre en una precaria vivienda que fue desalojado por la fuerza. También se hizo una simulación de compraventa del 50 por ciento indiviso. Intervino en el caso Torres y Tránsito Portillo, dijo.
También se quedaron con un local comercial ubicado en Eva Perón al 7000, los dueños se dieron cuenta porque cambió el titular en el encabezado de impuestos. En esta operación falsa intervino Torres, Zárate y Rodríguez, aún sus verdaderos propietarios no pudieron recuperarlo, aseguró el fiscal.
En otra oportunidad una mujer que vive en el extranjero y tenía en General Lagos un campo de 2,5 hectáreas y un lote de más de 42 mil metros cuadrados, 18 hectáreas y un terreno de 43 mil hectáreas en Arroyo Seco fue estafada cuando le falsificaron su firma en un poder y transfirieron las propiedades. En este caso participaron Torres, Aliau y Bordó, Aymo y su hijo Nicolás Aymo (condenado en un acuerdo abreviado por el hecho), Sandra Moresco (ex de De Gaetano), su hija Magalí y Juan Cruz De Gaetano (que firmó un abreviado), Andrés Martín y María Ester C., quien se encuentra imputada pero no llegó aún a juicio, explicó el fiscal.
El enlace
El fiscal contó que Marcelo Jaef vendía autos de alta gama a personas que no tenían como acreditar los ingresos para adquirirlos, entre sus clientes tenía a De Gaetano que le debía dinero de algunos autos, a su vez, éste le debía a un jerárquico de un medio de comunicación 200 mil dólares y este último debía responder por ese dinero, dijo.
En la mira quedó una propiedad ubicada en presidente Roca y el río, eran dos lotes. Le falsificaron la firma a cinco integrantes de la familia que era propietaria pero cuando Jaef fue a una escribanía para hacer la transacción, la información llegó a los titulares. Esa transacción quedó trunca, la investigación determinó que en la oficina del jerárquico de un medio de comunicación había una consulta a un arquitecto para determinar qué proyecto era viable en esos lotes, contó el fiscal.
Como no se logró este cometido el objetivo siguiente fue un campo en Villa Amelia de 124 hectáreas, herencia de la viuda de un camarista. En el desapoderamiento intervino González de Gaetano, Aimo, Aliau y Kurtzemann. Luego hay una serie de pasamanos a Jaef y el jerárquico de medios y de ellos un corredor de bolsa con Lelo Pérez de intermediario quien le debía al agente bursátil 360 mil dólares por la compra de un piso en la torre Aqualina, dijo el fiscal. Este último firmo un acuerdo abreviado el viernes pasado y fue condenado a 3 años de prisión efectiva por este hecho.
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Bauen Pilay
Otro caso está vinculado a una propiedad de dos hermanos ubicada en Pasco al 1000 que vivían en el exterior. Aquí aparecen nuevamente en la maniobra Aymo y Rodríguez que le vendieron esa propiedad a la firma, después de falsificar dos oficios porque el caso estaba denunciado por las víctimas y había tramitaciones en el fuero penal y civil que incluían medidas cautelare. Al momento de la confección del boleto de compra venta Bauen Pilay pagó la primera cuota de más de un millón y medio de pesos que aún no recuperaron y se presentó como querellante en la causa.
La última estafa está vinculada a varias propiedades que tenía un hombre que vivía en Urquiza y Ovidio Lagos. Además de esta propiedad tenía dos terrenos con una casa y pileta en Funes y otra vivienda por Ovidio Lagos.
El fiscal contó que fue cooptado por una mujer que era viuda del titular registral de la casa donde vivieron Esteban Alvarado y su ex pareja Rosa Capuano, actualmente condenados. Este hombre era soltero y había entrado en años, además tenía problemas de salud. Según relató el fiscal, estas circunstancias fueron aprovechadas para hacerle firmar un testamento. Las propiedades fueron pasando de dueño. En esta oportunidad participaron Aymo, Aliau, Bordó, González de Gaetano y Nicolás Aymo, refirió.
Los pedidos de pena
Para Torres el pedido de pena es de 20 años de prisión, multa y 12 años de inhabilitación especial para ejercer el notariado. También para Aymo y Maximiliano de Gaetano a excepción de la inhabilitación.
Para Ramona Rodríguez, pareja de Aymo, el pedido es de 5 años una multa de tres veces el monto de la operación y para Marcelo Jaef el requerimiento es de 7 años de cárcel, multa equivalente a 4 veces el valor de la operación de lavado.
Para los escribanos Juan Bautista Aliau, el pedido es de 9 años de prisión, multa y 12 años de inhabilitación especial para ejercer el notariado. para José Bordó solo cambia el pedido de pena a 7 años y para Luis María Kurtzemann el requerimiento fiscal es de 5 años y medio de cárcel, multa y 10 años de inhabilitación especial.
Vanina Viglione, pareja de Andrés «Gitano» Fernández condenado por el crimen de Diego Demarre, para ella el pedido de pena es de 5 años y medio y multa. Mientra que pasa Sandra Moresco, ex pareja de De Gaetano y la hija de ambos Magalí De Gaetano las penas pedidas son de 5 y 3 años y medio respectivamente, más multa
Para Omar Buscellato el reclamo fiscal es de 4 años de cárcel y 2 años para Andrés Alejandro Martin por falsificación ideológica de instrumento.
