Por: Carlos del Frade
Señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe,
Maximiliano Pullaro;
Señor Ministro de Justicia y Seguridad,
Pablo Cococcioni.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objetivo de presentarles quince apuntes críticos sobre la política pública de seguridad con el único sentido de construir un presente mejor para el pueblo de la provincia.
Las llamadas economías del delito suponen pensar la seguridad de los habitantes de cualquier territorio a partir de los flujos de dinero permitidos, regulados y supuestamente prohibidos.
De allí que nos preocupe mucho la reunión que tuvo usted, señor Gobernador, con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, el pasado 31 de julio, en la que charlaron de una agenda “particular” en materia de seguridad y la continuidad de los asesores estadounidenses en la provincia. No conocemos ni la agenda ni tampoco los asesores ni mucho menos qué hacen en el territorio santafesino. En América del Sur, la presencia de los asesores norteamericanos tiene una nefasta memoria. Lo que también queda claro de aquella reunión fue que además se habló de exportaciones, marcando la unidad de criterios entre política económica regional y trasnacional y políticas públicas de seguridad.
Por eso es necesario reparar que, según nuestro criterio, a mayor poder para los negocios regionales e internacionales, como consecuencia de las decisiones políticas de los estados nacionales, provinciales y municipales, mayor posibilidad de actividades ilegales. Esa matriz que permite el libre juego de exportadores e importadores mantiene la lozanía del poder financiero que, según señalan las Naciones Unidas y el Banco Mundial, tiene el cuarenta por ciento del dinero de los bancos, originados en dos de los grandes negocios del sistema: narcotráfico y contrabando de armas.
Ese circuito del dinero no parece inmutarse. Son los eslabones superiores.
Lo que si cambia es el mundo de los eslabones inferiores de los negocios. Lo que sucede en las calles, los barrios, los clubes, la vida cotidiana de las inmensas mayorías.
Es decir que la mano dura siempre es con la población de abajo y nunca con los delincuentes de guante blanco. Las cárceles expresan esa síntesis.
Aunque se argumente que no es un tema relacionado con la estricta jurisdicción provincial, las políticas económicas nacionales que garantizan negocios privados y hasta resignación de roles estatales en materia de control, repercuten en el día a día en los barrios de ciudades y pueblos santafesinos.
La disminución del número de homicidios en casi un sesenta por ciento en el Gran Rosario es un hecho saludable. Igualmente debe hacerse público el conjunto de medidas, correcciones, intervenciones y decisiones tomadas para lograr este resultado, como también denunciar quiénes eran los encargados de hacer las cosas mal y juzgarlos como corresponde. Si no hay una detallada información sobre el por qué de la reducción de la violencia altamente lesiva es posible que no se pueda mantener en el tiempo. Es necesario mantener ese ciclo de disminución de violencia pero es necesario saber qué es lo que hay que seguir haciendo y qué es lo que no hay que volver a hacer o quiénes miraron para otro lado.
Los hechos de marzo de 2024, los cuatro homicidios a los trabajadores en la ciudad de Rosario, marcaron la decisión de un grupo de bandas narcopoliciales barriales de matar más allá de lo que se venía haciendo en las calles y las cárceles. Es imprescindible conocer si efectivamente se logró el control efectivo de los barrios desde las instituciones de la democracia.
Los recientes hechos de violencia en la llamada barrabrava de Ñuls y la agresión contra Pillín Bracamonte parece mostrar la lucha por un territorio siempre relacionado con bandas narcopoliciales disfrazadas de barrabravas, como una de las tantas divisiones y multiplicaciones de Los Monos. Constituyen una seria alarma sobre lo que puede empezar a suceder en otros territorios más allá la cancha chica del fútbol y que empiece a tomar otra densidad en otros lugares de la cancha grande
de la realidad
En ese sentido es preciso conocer si los números de hechos de violencia altamente lesivas en el departamento La Capital tienen vinculación con lo que por ahora ha dejado de pasar en el departamento Rosario.
También es preciso destacar la necesidad de mejorar las relaciones laborales y
salariales de la planta de profesionales que trabaja en el Organismo de Investigaciones en la ciudad de Recreo, departamento La Capital.
En distintos barrios de la ciudad de Rosario, organizaciones sociales hablan de la presencia de “reguladores” de las grandes bandas narcopoliciales que estuvieron comprando armas para alguna acción a futuro. Es necesario aclarar esta versión o descartarla definitivamente.
La identidad de los presos de “alto perfil” parece estar, de acuerdo a la información a la que accedimos nosotros, más a sicarios que grandes distribuidores o exportadores de sustancias ilegales. A propósito de esos asesinos también existe la preocupación de que muchos de ellos pueden recuperar la libertad en poco tiempo.
En el penal de Piñero vuelven a aparecer denuncias de “compras” de celdas por 50 mil pesos mensuales, muchísima suciedad, maltrato a los familiares de presos comunes a la hora de hacer la cola para ingresar los días de visita y deficiente calidad en las comidas. Sigue siendo desconocida la explicación oficial sobre los hechos de apremios ilegales sufridos en el mencionado penal de Piñero en aquellos días de marzo de 2024.
El anuncio de compra de pistolas Taser de parte de la provincia no parece tener sentido ante el número insignificante o desconocido de enfrentamientos diarios o semanales de parte de la policía de la provincia con bandas criminales o delictivas.
Falta un informe público de lo realizado por cada una de las fuerzas federales en estos casi nueve meses de los gobiernos del presidente Milei dentro del territorio de la provincia de Santa Fe.
La Cámara de Industrias Aceitera de la República Argentina anunció la instalación de dispositivos tecnológicos en las barcazas que navegan los 700 kilómetros de aguas del Paraná correspondientes a la provincia de Santa Fe, asumiendo el protagonismo del control en torno a posibles cargamentos ilegales. Es preciso tener en cuenta que se trata de empresas denunciadas por subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, multiplicación de facturas apócrifas y complicidad con envíos de cocaína a distintos países del mundo. En los últimos diez años se verificaron remesas de sustancias ilegales por más de cuatro toneladas y que salieron de los puertos privados de los departamentos Rosario y San Lorenzo.
La inversión de 550 millones de dólares en Timbúes genera la exención de tasas de parte de la comuna pero también la necesaria preocupación de los controles que deberá establecer la provincia más allá de lo que tendría que hacer la nación. No parecen ser los capitales más transparentes. En este contexto de anuncios de grandes inversiones es necesario repetir la necesidad de conocer cuál es la agencia particular en seguridad que tiene el gobierno de Santa Fe con Estados Unidos, quiénes son los asesores norteamericanos que están trabajando en el territorio santafesino y qué están haciendo.
En Pueblo Andino, mientras tanto, existe evidencia de ciudadanos colombianos que compran y quieren seguir comprando lotes de terreno con miles de dólares en mano, apurando a las autoridades locales.
En Puerto Gaboto, por otro lado, el decomiso de 30 kilogramos de cocaína,
propiedad del ex presidente de la Sociedad de Rural de Diamante, provincia de Entre Ríos, también demuestra la permeabilidad de pequeñas localidades litoraleñas y la cada vez mayor influencia de organizaciones narcocriminales latinoamericanas como el caso del Primer Comando Capital. En el llamado Cruce Echeverría, entre Luis Palacios, Ybarlucea y Ricardone, es llamativa la presencia de un puerto seco como si fuera una pescadería abierta las 24 horas. No parece haber presencia virtuosa de ningún estado.
La eliminación del Ente de Control de la Vía Navegable no solamente despoja de una platea preferencial para los gobiernos provinciales y municipales que jamás participaron en la planificación de lo que entra, sale y queda de las exportaciones santafesinas, casi 8 mil millones de dólares en el primer semestre del año 2024, sino que configura el peligro de dejar que fuerzas internacionales, como el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, ya a cargo de la vía troncal en el Paraguay, se quede con la mayoría de las riquezas que salen y las que ingresan en los puertos santafesinos. Desde 2020 al presente, los organismos paraguayos de control sobre los ríos Paraguay y Paraná, estiman que cada dos años salen 46 toneladas de cocaína.
Un allanamiento realizado por la Policía Federal en el barrio de Arroyito el 28 de agosto de 2022 de 1.600 kilogramos de cocaína que iban a ser enviados a Dubai, demostró que por lo menos cincuenta kilogramos iban a quedar para los eslabones inferiores, para el narcomenudeo. De allí que sea preciso la actuación política de la administración provincial en esas medidas que deberían tomarse en relación a los puertos privados y todo lo concerniente a la planificación de las exportaciones que pasan y las que se originan en la provincia.
Las medidas económicas y políticas que están contenidas en el “Pacto de Mayo” y “Ley Bases”, constituyen una mayor libertad para lavar dinero y generar condiciones propicias para la llegada de capitales oscuros que pueden generar condiciones de seguridad funestas para nuestra población
Sería bueno conocer, por otro lado, cuántas organizaciones dedicadas al lavado de dinero, contrabando de armas e importación y circulación de armas fueron llevadas a juicio en los últimos diez años en la provincia de Santa Fe.
La baja de la edad de punibilidad es un hecho de profunda hipocresía. Menos del 0,5 por ciento de los homicidios fueron cometidos por chicas y chicos menores de dieciséis años, tanto en la Argentina como en la provincia de Santa Fe. Rechazamos ese proyecto porque tiene más que ver con el control social que con la seguridad
Estos quince apuntes críticos se los acerco con la convicción de ejercer el derecho a la información como herramienta básica para democratizar la democracia y construir una sociedad santafesina cada vez más justa.
Gracias por vuestra atención.
