La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación rechazó los recursos presentados por las defensas y ratificó las condenas de 11 y 13 años de prisión para Martín Uriel Quevedo, Franco Quevedo y el empleado del Ejército Jonatán David Oscar Petri, los tres responsables del secuestro extorsivo de un joven de 27 años con discapacidad en la ciudad de Gálvez, en abril de 2023.
El fallo, firmado por los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Carlos Carbajo, respaldó la sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que en octubre de 2024 los declaró culpables del secuestro que conmocionó a la localidad del departamento San Jerónimo, ubicada a 80 kilómetros de Santa Fe y 120 de Rosario.
El mensaje que estremeció a la familia
Eran casi las 7 del 14 de abril de 2023 cuando la madre del joven recibió un mensaje de WhatsApp desde el teléfono de su hijo: «“No es joda 200 mil dólares o no le ve más. Si llama a la cana no lo ve más, ni una palabra a nadie, 1 hora (sic)».
A la medianoche, la víctima había sido interceptada en bicicleta por un Ford Focus, encapuchada y trasladada a una propiedad, donde permaneció cautiva 12 horas en la localidad de Pueblo Andino.
Tras buscar al joven en su lugar de trabajo y en la casa de un amigo, los padres finalmente hicieron la denuncia en la comisaría 2 de Gálvez.
El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, quedó a cargo de la investigación y convocó al jefe de la Policía Federal de Santa Fe. También se trasladó a la casa de los padres de la víctima.
Desde allí encabezó las primeras diligencias y ordenó la producción de medidas urgentes, como la intervención directa de los teléfonos involucrados.
La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) de la Procuración General de la Nación tramitó la intervención de un helicóptero para rastrear posibles desplazamientos de los sospechosos.
La pesquisa determinó que los captores eran los hermanos Quevedo, conocidos de la familia de la víctima, y que la trasladaron a una propiedad de Petri, empleado del batallón de arsenales 603 de Fray Luis Beltrán y cuñado, en Andino, distante a 103 kilómetros de Gálvez. Según el registro de una cámara municipal llegaron a ese lugar a la 1.05 de la madrugada.
El lugar escogido para mantener a la víctima en cautiverio fue una casilla ubicada en el fondo del inmueble, donde lo arrojaron sobre un colchón con olor a nafta, “lo que seguramente incrementó su terror a ser prendido fuego”, destacó el fiscal general Martín Suárez Faisal durante el juicio.
El joven estuvo secuestrado hasta el mediodía, cuando fue liberado. Durante esas horas, los hermanos Quevedo se mantuvieron en contacto con la familia a través de mensajes. Primero solicitaron 200 mil dólares de rescate, pero la familia ofreció 5 millones de pesos.
Los captores indicaron a los padres que llevaran el dinero a una estación de servicio sobre la autopista Rosario-Santa Fe, pero después modificaron el punto de entrega: debían arrojar un bolso con el dinero debajo de un puente del Río Carcarañá a cambio de la liberación, que se concretaría en un camino rural entre las localidades de Ricardone y Aldao.
El pago no se hizo. Los padres del joven no ubicaron el lugar y, mientras trataban de llegar, recibieron el aviso de que el joven había sido encontrado a salvo por un vecino en el punto fijado para la liberación.
La investigación dio sus frutos un par de días más tarde cuando secuestraron el Ford Focus y detuvieron a los hermanos Quevedo en su vivienda.
Posteriormente, el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina pudo establecer que el día del secuestro la línea telefónica de Petri había interactuado con los teléfonos de los hermanos. También corroboraron que la esposa de Petri, hermana de los Quevedo, era la dueña de la vivienda en la que mantuvieron cautivo al joven.
El rol clave de las pruebas tecnológicas
Durante el juicio, el fiscal Suárez Faisal remarcó la utilidad del uso de filmaciones municipales y datos celulares para reconstruir los movimientos de los secuestradores.
Fue así que obtuvieron las pruebas para determinar el rol de cada uno de los captores: Franco Quevedo actuó como «carcelero» del joven mientras que su hermano Martín manejó las extorsiones mientras se movía hacia Rosario.
A su vez, Petri participó activamente en el hecho, no sólo por prestar el inmueble sino también por visitar a los captores.
