Este año, incipientes e iniciáticas acciones por la igualdad de género debutaron en el Mundial de Fútbol, incluso en la selección local y en las transmisiones deportivas, y por primera vez en Argentina el censo incluyó la identidad de género, asumió la segunda ministra en la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad y se sostuvieron programas esenciales para el fortalecimiento de mujeres y LGBTIQ+, se incluyó la legítima defensa en el juicio a Higui, atacada por ser lesbiana, la causa contra Darthés se reactivó, y la ley de Salud Sexual y Reproductiva cumplió 20 años con el aborto garantizado por ley.
La selección argentina llegó a Qatar 2022 con una camiseta suplente color violeta, como símbolo de la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, tal la definición que dieron Adidas y la AFA cuando presentaron la casaca, y el estreno fue ante Polonia, el 30 de noviembre y con una victoria de 2 a 0.
La TV y la radio públicas hicieron historia con las relatoras y comentaristas
Ángela Lerena, Sofía Martínez Mateos y Lola del Carril se transformaron en las primeras mujeres que encabezaron la transmisión de un partido de la Copa Mundial de Fútbol masculino a través de la TV Pública, en el encuentro que Suiza le ganó a Camerún.
En Radio Nacional, por primera vez, un partido –Japón y Croacia– estuvo relatado y comentado por un equipo periodístico de mujeres: Natalia Maderna, Viviana Vila, Fabiola Natalio y Martu Cartañá.
En Télam, el equipo de la edición de Género y Diversidades aportó a la cobertura del Mundial panoramas del país anfitrión y de todos los países con los que jugó Argentina, desde una mirada enfocada en derechos e igualdad de género, rescatando a las referentes artísticas, deportistas y militantes sociales.
En el ámbito gubernamental, este año hubo cambio de ministra en la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, asumiendo Ayelén Mazzina en lugar de la renunciante Elizabeth Gómez Alcorta que había inaugurado el flamante ministerio, surgido en la gestión de Alberto Fernández.
El cambio de conducción no modificó políticas esenciales del área, como el programa Acompañar, dirigido a mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia de género -que no requiere denuncia judicial- y otorga un apoyo económico equivalente a un salario básico por 6 meses, acompañamiento y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial en una tarea coordinada con gobiernos provinciales y comunales.
Desde 2020, cuando se puso en marcha la iniciativa gubernamental, y hasta septiembre de este año, 216.299 personas fueron incluidas en el Acompañar, según un informe oficial al que accedió Télam.
En tanto el programa Producir, que brinda asistencia económica y técnica a proyectos productivos en los que participen mujeres y LGBTIQ+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia de género de todo el país, que tengan o no personería jurídica, financió –hasta agosto último– 171 iniciativas con organizaciones, 20 de los cuales tienen como categoría prioritaria a la población indígena; 16 a la rural y 13 a personas liberadas.
Y a partir de la ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero del año pasado, hay 574 personas de esa población trabajando en el Estado nacional.
El Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de adecuación a los estándares internacionales de la investigación del asesinato de un prefecto que iba a contraer matrimonio con otro hombre
Este 2022, con un fallo que los feminismos describieron como dotado de «perspectiva de género», el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Martín absolvió el 17 de marzo a Eva Analía De Jesús (47), «Higui», una futbolista lesbiana y en situación de pobreza que había llegado hasta allí acusada de homicidio agravado por haberse defendido de un intento de violación grupal correctiva en 2016, con el resultado de que uno de sus agresores terminó muerto.
A diferencia de la fiscal, que había pedido 10 años de prisión, los magistrados consideraron que se trató de un caso de «legítima defensa» y lo mismo consideró la Cámara de Casación al confirmar la sentencia absolutoria a principios de diciembre, un fallo considerado otro triunfo de las mujeres y disidencias sexuales organizadas que se movilizaron en su defensa, y el caso se convirtió en un símbolo de la «autodefensa feminista».
Fue el activismo LGBTIQ+ el que impulsó la actualización de la ley de HIV, que tenía 30 años y ahora incorporó la perspectiva de derecho de género.
Y este año, el Estado argentino reconoció su responsabilidad y asumió compromisos por la falta de adecuación a los estándares internacionales de la investigación del asesinato del prefecto Octavio Romero, ocurrido en junio de 2011, quien iba a ser el primer integrante de una fuerza de seguridad en contraer matrimonio con otro hombre, su pareja Gabriel Gersbach, al firmar una acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En octubre, y por primera vez en 35 años de historia, hubo un Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel que reunió a más de 130 mil personas en San Luis, y uno de Mujeres con unas 15 mil participantes, en la misma provincia y en otra fecha. Ambos espacios decidieron que las próximas convocatorias serán en Bariloche, para acompañar los reclamos de las mujeres mapuches.
El 2022 fue también al año en que Thelma Fardin logró avanzar en el proceso judicial que le sigue desde 2018 al actor Juan Darthés por abuso sexual agravado.
Darthés, quien vive en Brasil, declaró por primera vez en la causa y se negó a contestar preguntas en el juicio que se le sigue en ese país.
El acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la línea telefónica que asesora sobre derechos sexuales y reproductivos, el trabajo en red de profesionales de la salud en las provincias y el monitoreo de la implementación de la ley de aborto legal son parte de los logros que definen los 20 años que se cumplieron este 2022, de la aplicación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) en la Argentina.
La Ley 25.673, sancionada el 31 de octubre de 2002, reconoció la salud sexual y reproductiva como derecho de la población y convirtió en responsabilidad del Estado el desarrollo de políticas públicas para garantizarlo.
Con la ley de ILE/IVE vigente, en 2022 se concretaron 59.267 interrupciones en condiciones seguras en el sistema público de salud de enero a septiembre, de acuerdo a un informe del Ministerio de Salud.
