A mediados del año pasado, casi 400 kilos de cocaína fueron secuestrados del interior de una camioneta BMW X5 estacionado en una cochera privada de Villa Gobernador Gálvez. El hallazgo derivó en la detención y posterior procesamiento de cinco personas que esta semana quedaron a un paso del juicio oral y público acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y lavado de activos en territorio santafesino.
La pesquisa estuvo en manos del fiscal federal Walter Rodríguez, quien esta semana dio por concluida la investigación que había iniciado él mismo en 2019 y presentó el requerimiento de elevación a juicio para el quinteto señalado.
Los acusados son tres hombres y dos mujeres residentes en el departamento Rosario: Gustavo Daniel Núñez, un camionero de 49 años oriundo de la localidad entrerriana de Nogoyá y radicado en Villa Gobernador Gálvez; Sebastián Osvaldo Romera, de 47, un mecánico rosarino afincado en General Lagos; su pareja Jorgelina Verónica Galligani, de 51, maestra jardinera y gestora oriunda de Arroyo Seco; Matías Ezequiel Tomei, un herrero de 24 nacido en Rosario, y María José “Toti” Núñez, una empleada doméstica de 37, también radicada en Villa Gobernador Gálvez.
Los cinco quedaron ligados al histórico secuestro de 391 kilos de cocaína de máxima pureza distribuida en 169 panes en el interior de una BMW X5 donde aguardaban que se “enfríe”, como se dice en la jerga policial la espera de un tiempo prudencial para volver a mover la mercancía de lugar. Tras el hallazgo del cargamento siguieron nueve allanamientos en Villa Gobernador Gálvez, Rosario, General Lagos, Arroyo Seco y Albarellos. En esa oportunidad, los investigadores de la Policía Federal incautaron una flota de unos 30 vehículos, una embarcación, celulares y documentación contable.
Desarticularon banda narco y secuestraron casi 400 kilos de cocaína de máxima pureza
Según la acusación del fiscal Rodríguez, la banda funcionó desde septiembre de 2019 hasta junio de 2021 y sus jefes eran Gustavo Núñez y Sebastián Romera. No obstante, a ellos dos y a Galligani les achacó también haber puesto en circulación desde dos años antes (octubre 2017) activos provenientes del narcotráfico –31 vehículos y ocho propiedades inmuebles– en las modalidades de conversión, venta o disimulación. Esa acusación por lavado de dinero narco es investigada en una causa paralela.
Los grandes cargamentos de estupefacientes con los que operaba la banda, según detalla la pesquisa de Rodríguez, ingresaban a la Argentina desde países limítrofes mediante aviones que descargaban la droga en pistas clandestinas que improvisaban en zonas rurales de Santa Fe.
Según la investigación, los organizadores realizaban la logística para “traficar droga a gran escala”. Así se refiere al traslado de la mercancía, la gestión de vehículos, el acondicionamiento de lugares de almacenamiento y la distribución para su posterior comercialización: “Un esquema ilegal concebido con el objetivo de traficar grandes volúmenes de estupefacientes ingresados al territorio argentino provenientes de países limítrofes, mediante aeronaves que descargaban el material en pistas clandestinas improvisadas a lo largo de diferentes locaciones rurales de la provincia de Santa Fe”, acusa Rodríguez.
La pesquisa se inició en septiembre de 2019 por un dato que llegó a Gendarmería Nacional. Que en un campo de Larrechea, en el departamento San Jerónimo ubicado a media hora de Rosario, puesteros rurales habían visto que desde un avión arrojaban bultos. El relato lo brindó un vecino que aseguró ver sobrevolar una avioneta dos veces en un mes y descartó que se tratara de una nave que hiciera tareas de fumigación. El denunciante agregó que había charlado con otros lugareños que le habían contado haber visto, además de la aeronave, una camioneta con tres ocupantes que recogían bultos arrojados desde el aire en el vehículo.
Así, la Justicia federal comenzó a realizar identificaciones de personas vehículos e intervenciones telefónicas que concluyeron en que la banda tenía “distintas pistas clandestinas y recibía droga para después hacer el negocio de la distribución”, señala el fiscal Rodríguez.
En su escrito de más de 70 páginas, el fiscal federal transcribe el contenido de escuchas telefónicas entre el quinteto y algunas con otras personas, para luego argumentar cómo funcionaba la organización bajo el mando de Núñez y Romera.
Según indica, ambos “contaron con gran cantidad de dinero en efectivo para adquirir bienes, refaccionar inmuebles, comprar viajes al exterior o efectuar operaciones de cambio de divisas”. En ese sentido explica que “la modalidad repentina en que esos flujos dinerarios ingresaron a las arcar de los imputados resulta plenamente compatible con la consagración exitosa de las operaciones de tráfico de drogas, en el entendimiento que producen significativas utilidades en breve lapso”.
Por ello solicitó que sean juzgados como organizadores de tráfico de estupefacientes. Además, requirió que los cinco sospechosos sean juzgados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas. Finalmente solicitó que se forme causa por separado para investigar a Núñez, Romera y Galligani por el delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad.
Procesan por narcotráfico y lavado de activos a los cinco detenidos con casi 400 kilos de cocaína
