Noelia M. Galera*.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, es imperativo reflexionar sobre la aplicación de una mirada de género en el ámbito de la Justicia. Particularmente, en el contexto de las causas relacionadas con drogas. La equidad y la justicia de género son pilares fundamentales para la construcción de un sistema legal que reconozca y aborde las complejidades específicas que enfrentan las mujeres en estos casos. Aquí exploraremos 8 motivos convincentes que respaldan la necesidad de continuar exigiendo una perspectiva de género en la investigación, defensa y juicio de mujeres vinculadas con delitos relacionados con sustancias, contribuyendo así a la construcción de un sistema legal más justo.
Motivo I: La desigualdad reflejada en las estadísticas
Consultemos donde consultemos, ya sea en las estadísticas de la Procuración General de la Nación, en los informes de organismos internacionales de derechos humanos, o en diversas fuentes confiables, surge con claridad que la principal causa de la encarcelación de mujeres se vincula con delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes. Es crucial comprender que este fenómeno no obedece a que las mujeres sean las grandes narcotraficantes, sino más bien a una dinámica en la cual la justicia suele apuntar al eslabón más vulnerable de la cadena de tráfico. En este contexto, las mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición, siendo el blanco más fácil de las acciones legales, revelando así las inequidades sistémicas que demandan ser abordadas.
Motivo II: Mujeres investigadas por asociación, no por acción
En numerosas ocasiones, las mujeres se ven envueltas en investigaciones por delitos relacionados con drogas debido a la imposibilidad de desconocer o mantenerse ajenas a las actividades ilegales de sus parejas. En este contexto, la Justicia a menudo pasa por alto el principio fundamental de que nadie está obligado a denunciar a su pareja, y hacerlo podría incluso derivar en una causal de nulidad. Lamentablemente, se perpetúa la injusticia al colocar a las mujeres en una posición de «garantes», responsabilizándolas de todo lo que sucede en el ámbito de esa pareja o familia. Esta situación contrasta notoriamente con la falta de investigaciones hacia los hombres que podrían estar en una relación con una mujer bajo investigación por un delito de drogas, evidenciando así un sesgo de género arraigado en el sistema judicial.
Motivo III: El estigma de la maternidad y el doble reproche para mujeres en causas por drogas
En los casos de mujeres que, además de ser investigadas por delitos de drogas, son madres, se enfrentan a un reproche doble. No solo se les imputa el ilícito penal, sino que también se las critica por apartarse del rol socialmente esperado de ser «buenas madres». Esta carga penal y moral no se observa de manera equivalente en las causas que involucran a hombres que también son padres, revelando una disparidad notoria en la forma en que la sociedad y la Justicia abordan las responsabilidades parentales en contextos relacionados con sustancias ilícitas. Una mirada de género nos debe llevar a rechazar cualquier reproche externo al derecho penal y de carácter moral.
Motivo IV: Perspectiva de género en la antijuridicidad ante un posible estado de necesidad
Es crucial analizar con una perspectiva de género la antijuridicidad de la conducta en casos de mujeres involucradas en delitos de drogas. Frecuentemente, estas mujeres actúan enmarcadas en un estado de necesidad, buscando cubrir necesidades básicas propias o de sus familias a través de la conducta imputada. Al considerar las causales de vulnerabilidad que atraviesan, es imperativo abordar la respuesta judicial con empatía y sensibilidad. Es fundamental colocarnos en su lugar para evaluar de manera más comprensiva y menos inflexible su conducta antijurídica en conjunto con las circunstancias que rodean el caso. Esta exigencia se deriva de la debida diligencia reforzada, que implica la responsabilidad del sistema judicial como parte de las obligaciones comprometidas por los Estados en el marco del sistema de protección de derechos humanos.
Motivo V: Contexto de vulnerabilidad estructural y la necesidad de reconocer las barreras para la autodeterminación
Es esencial abordar el contexto de vulnerabilidad estructural que ha marcado la vida de la mujer investigada en casos relacionados con drogas. Este contexto a menudo puede afectar su capacidad de autodeterminación, impidiendo que pueda ajustar su comportamiento a la norma. Por esta razón, es crucial revisar su historia de vida en profundidad para influir de manera significativa en una resolución judicial favorable. Reconocer las barreras que limitan la autodeterminación es fundamental para comprender completamente la situación y garantizar una evaluación justa de la conducta imputada.
Motivo VI: Perspectiva de género para detectar víctimas potenciales
Una perspectiva de género nos habilita a afinar nuestra capacidad para identificar rápidamente si la mujer imputada podría ser una verdadera víctima, revelando la existencia de una situación de explotación o aprovechamiento de su vulnerabilidad. Estas circunstancias podrían configurar una captación de la voluntad o conducir a conductas típicas del delito de trata de personas. La detección temprana de estos indicios no solo facilitaría una comprensión más profunda de la situación de la imputada, sino que también permitiría la adopción oportuna de medidas de protección de acuerdo con la ley 27.372. Una formación en perspectiva de género es esencial para anticipar y abordar posibles casos de explotación, contribuyendo así a la protección efectiva de los derechos de las mujeres involucradas en casos relacionados con drogas.
Motivo VII: El Impacto diferenciado del encarcelamiento en mujeres
Otro motivo crucial para aplicar una perspectiva de género en casos de encarcelamiento relacionados con drogas es el reconocimiento del impacto desproporcionado que tiene en las mujeres en comparación con los hombres. La diferenciación se evidencia en la afectación que experimentan las mujeres al ser separadas de las personas sobre las que ejercían funciones de cuidado cuando estaban en libertad. El arraigado estereotipo de género que asigna a las mujeres el papel predominante en las responsabilidades de cuidado intensifica este impacto, ya que la sociedad a menudo espera que solo las mujeres desempeñen este papel. La comprensión de esta realidad subraya la importancia de una mirada de género en la justicia para evaluar de manera más precisa las consecuencias del encarcelamiento en mujeres vinculadas a delitos de drogas.
Motivo VIII: Flexibilidad legal en casos de género
El último motivo que destaca la necesidad imperante de aplicar una mirada de género en casos de mujeres vinculadas a delitos de drogas es la comprensión de que, en ocasiones, resulta crucial traspasar los límites legales mínimos y aplicar una pena menor a la contemplada en la escala penal. Dado que las mujeres suelen ocupar los eslabones más bajos de la cadena de tráfico, imponer una pena acorde a la normativa puede volverse desproporcionado y contraproducente en términos del principio de culpabilidad. La aplicación de una perspectiva de género permite reconocer la singularidad de las circunstancias y garantizar que las penas sean justas, evitando así violaciones al principio fundamental de proporcionalidad en el sistema judicial.
Impactos deseados de la perspectiva de género en la Justicia
En conclusión, la aplicación de una mirada de género en casos relacionados con delitos de drogas se revela como imperativa a la luz de los ocho motivos analizados. Desde la desigualdad reflejada en las estadísticas hasta el impacto desproporcionado del encarcelamiento en las mujeres, cada motivo resalta la necesidad urgente de ajustar el sistema judicial a la realidad de género.
La revisión detallada de la vulnerabilidad estructural, la consideración del contexto de las mujeres como cuidadoras principales, y el reconocimiento de posibles situaciones de explotación subrayan la complejidad de estos casos y la importancia de una evaluación sensibilizada. Además, la flexibilidad legal y la comprensión de la culpabilidad en contextos de género enfatizan la necesidad de superar las rigideces normativas.
En el compromiso por la equidad y justicia, es esencial reconocer y abordar estas disparidades de género en el ámbito legal. Solo mediante la aplicación consciente de una perspectiva de género podremos garantizar que las mujeres no sean víctimas de estigmatización, discriminación y penas desproporcionadas en su involucramiento en delitos de drogas. La justicia con enfoque de género no solo es un imperativo moral, sino también un paso esencial hacia la construcción de un sistema legal que refleje con precisión la diversidad y complejidad de las experiencias femeninas, contribuyendo así a un entorno más justo y equitativo.
* Galera es defensora Pública Coadyuvante de la Defensoría Pública ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego.
* El artículo fue publicado originalmente en Revista Pensamiento Penal.
