Por Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
El gobierno nacional celebra un “déficit cero” engañoso. Los números “cierran” en planillas de Excel, pero en las calles la pobreza y el desmantelamiento del Estado es visible. Este 8 de marzo será la primera movilización feminista de la era Milei. Organizaciones barriales, sindicales, de jubiladas, partidarias, saldrán a la calle en reclamo de mejores condiciones de vida en todo el país.
El 8M es un emblema que recuerda a las trabajadoras que murieron encerradas por el patrón durante el incendio de una fábrica en Nueva York, en 1908. También conmemora a los mitines de feministas socialdemócratas que, en la Europa de principios del siglo XX, buscaban —entre propios y ajenos— el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Más de cien años después, mucho más al sur, el mismo movimiento sale a las calles a plantarse ante la motosierra y la licuadora neoliberales.
La desarticulación del Estado bajo el supuesto de que sólo genera gasto y no sirve, precariza la vida cotidiana. En especial, de quienes realizan tareas de cuidado de niñas, niños y adultos mayores; de quienes tienen que hacer las tareas domésticas y también trabajar fuera de la casa; de quienes sostienen las ollas populares en los barrios; de quienes hacen grandes esfuerzos para estirar el sueldo todo lo que sea posible.
Un listado de todas las formas en que el ajuste se materializa, más allá de la crueldad del hambre y de las oportunidades recortadas, llevaría muchas notas, cientos de movilizaciones. Por eso la lucha feminista no es sólo una cuestión de efeméride: la marcha y el paro de hoy es posible por asambleas sostenidas regularmente en cada territorio.
Sin embargo, mencionamos cinco ejes que protagonizarán las demandas de esta jornada; cinco escenarios que se vuelven insostenibles porque no hay libertad posible cuando la vida se vuelve cuesta arriba.
La política económica de la olla vacía
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en diciembre pasado la inflación general fue del 25,5% y la de los alimentos, 29,7. En enero, la inflación general fue del 20,6 y la de los alimentos, del 20,4. Entre enero de 2023 y enero de 2024, la comida se encareció un 296%. Los salarios —cuando se cuenta con empleo formal— van en general a la baja de la inflación. Es el caso de la docencia, por ejemplo, un sector conformado en su mayoría por trabajadoras. En el caso de la economía popular, directamente se dio de baja el programa Potenciar Trabajo: dos tercios de sus beneficiarias (65,3%), según datos del Estado nacional, son mujeres.
Los números indican que lo que se cobra, cuando se cobra, no alcanza para comer. Por si el panorama de suba en las góndolas y baja en los monederos fuera poco, el gobierno nacional decidió dejar de enviar alimentos a los comedores comunitarios.
Gracias a los comedores de los barrios populares pueden comer diez millones de personas en todo el país. Sin embargo, muchos vienen denunciando que tienen que cerrar porque los escasos fideos o polenta que tienen no alcanzan para una demanda cada vez más creciente.
Pero, además, la comida no se hace sola. El trabajo de cocinar, distribuir los platos, limpiar los utensilios y los comedores y administrar los ingredientes es llevado adelante por 70.000 mujeres en todo el país. En 2023, organizaciones como La Poderosa comenzaron a reclamar por un salario que reconozca esas tareas. Un año después, el reclamo es por comida. Para ellas y para las personas que ellas alimentan. En la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, esta urgencia se traduce en el pedido al gobierno local para que sancione una ordenanza de Emergencia Alimentaria.
Sin ministerios pero con femicidios
Según el colectivo “Ahora que sí nos ven”, sólo en lo que va de 2024 hubo 49 femicidios y un transfemicidio en el país. Es decir, un asesinato por motivos de género cada 29 horas.
El informe de este observatorio indica: “Mientras Milei dice preocuparse por las infancias pero a la vez se ríe de memes que insinúan violaciones a menores, al menos 54 niños/as/es perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2024 y son víctimas de la misma”.
También consigna: “Mientras el gobierno de Milei habla de empoderar a las fuerzas de seguridad y armadas, tres de los femicidas pertenecen a las fuerzas de seguridad o armadas. Ocho de las víctimas habían realizado al menos una denuncia y cuatro tenían medidas de protección”.
Uno de los primeros anuncios del gobierno nacional fue el “cierre” del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. En la práctica, se trata de una degradación administrativa de la cartera que implica una reducción abrupta del presupuesto destinado a las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género.
Javier Milei convirtió al ex ministerio en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Dicha subsecretaría está a cargo de Claudia Barcia, fiscal especializada en la materia. Lo llamativo es que el cargo, formalizado mediante el decreto 160/24, es “ad honorem”.
El recorte presupuestario se traduce en recortes de políticas. El ex ministerio sostenía algunas cruciales, como la atención a través de la Línea 144 (donde ya hubo despidos) o las capacitaciones en Ley Micaela (política atacada específicamente, e injustificadamente, por el proyecto de Ley Ómnibus).
La motosierra también impacta en los contratos. A nivel nacional se dieron de baja contrataciones de personal de líneas telefónicas de acompañamiento, como la 144 y también la 137. En Santa Fe, en el Ministerio de Igualdad y Género devenido a Secretaría de Mujer, Género y Diversidad hubo 24 trabajadores y trabajadoras despedidas.
No hay plata para un ibuprofeno ni para el colectivo.
Los medicamentos en Argentina aumentaron más de un 110% en los últimos tres meses, 40% por encima de la inflación, según el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar). Por la suba de los precios, se dejaron de comprar más de 10 millones de remedios. Según el Indec, los precios correspondientes al rubro “Salud” aumentaron un 32,6% en diciembre y un 20,5% en enero.
A su vez, el transporte público urbano registró subas del 41% en Rosario (en relación a diciembre de 2023) y del 145% en la ciudad de Santa Fe, en el mismo período.
Transporte y medicamentos son sólo algunas variables a tener en cuenta en relación a las tareas de cuidado de niñas, niños y adultos mayores, trabajo que, por lo general, no es remunerado y recae en gran medida sobre las mujeres.
Teniendo en cuenta que cuidar implica una serie de gastos y, para universalizar el acceso a derechos básicos en las infancias, se creó en 2009 la Asignación Universal por Hijo. En el último mes, esta asignación tuvo un incremento del 27,18%, por lo que el monto a cobrar pasó a ser $52.554.
Por otro lado, el reciente análisis de la reducción del gasto público del Instituto Argentino de Análisis Fiscal señala que la disminución del gasto en jubilaciones habría sido equivalente al 43% de la reducción total del gasto real ejecutada en el primer bimestre. En otras palabras: lo que el Gobierno festeja es la pérdida de poder adquisitivo de jubiladas y jubilados. El mismo relevamiento indica un descenso interanual del 39,6% en materia de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI).
¿Cómo alimentar, subirse a un colectivo o comprar un analgésico con ingresos a la baja y en la licuadora?
Ante esta situación, el ajuste fiscal es una amenaza que se materializa a diario. Si el Estado fue generando programas —como el Remediar— para garantizar, por ejemplo, el acceso a medicamentos, la amenaza constante de recorte presupuestario sobre lo público significa otro riesgo.
Motosierra a los sindicatos
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, Javier Milei anunció una virtual intervención de los sindicatos, anticipando que buscará regular sus elecciones, el tiempo de mandato de sus dirigentes, entre otros aspectos de la vida interna organizativa.
En el marco del 8 de marzo, las trabajadoras formales nucleadas en la Confederación General del Trabajo (CGT) de la ciudad de Santa Fe convocaron, mediante una conferencia de prensa, “a todas las mujeres y disidencias de cada uno de nuestros sindicatos a salir a las calles en un unidad, como sabemos hacerlo, para mostrar que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás en nuestras reivindicaciones laborales, en defensa del trabajo argentino y de nuestras organizaciones sindicales”.
La situación laboral en Argentina atraviesa un momento crítico, por la depreciación de los salarios y los constantes despidos, tanto en el ámbito público (por el ajuste) como en el privado (por la recesión). En materia de género, conquistas históricas como la implementación del cupo laboral trans sigue siendo una deuda pendiente.
Las trabajadoras de la CGT Santa Fe afirman: “Tenemos en claro que el gobierno ha construido un relato demonizador de nuestras organizaciones y a través de proyectos legislativos y maniobras comunicaciones asociadas al poder corporativo pretenden eliminar normativas que resguardan conquistas históricas, como así también desfinanciar nuestras obras sociales sindicales, concebidas como un instrumento solidario”. Ese es el punto de partida para convocar a la movilización de este viernes.
El odio no es gratuito
El encarecimiento de los productos, la precarización de la vida cotidiana, la falta de certezas y un gobierno nacional que no hace más que insultar en las pantallas de televisión lleva a un estado de ánimo crítico.
El cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia fue argumentado desde el oficialismo por el gasto que genera. Pero ese gesto político apunta también a exhibir que se borra “de un plumazo” un organismo creado por ley que específicamente busca erradicar los discursos de odio contra personas con discapacidad, racializadas, empobrecidas, migrantes, travestis, trans, lesbianas, mujeres, gays, bisexuales y no binaries. Y va en sintonía con un gobierno que no hace más que expresar odio, con la apariencia de una supuesta rebeldía ante lo “políticamente correcto”. Las conferencias del vocero presidencial Manuel Adorni exponen cotidianamente esa voluntad política.
El 28 de febrero la historiadora y activista Dora Barrancos, la periodista Liliana Hendel, el ex juez Carlos Rozanski y el psiquiatra y psicólogo Enrique Stola, ingresaron un pedido de juicio político a la Cámara de Diputados de la Nación contra el presidente Javier Milei. Fue por likear en la red social X un mensaje de un usuario que hacía apología del abuso sexual infantil, en el marco de la disputa con el gobernador chubutense Ignacio Torres por los fondos de coparticipación. A las pocas horas de haberse presentado, el pedido de juicio político ya reunía 2000 firmas.
Este 8 de marzo será una jornada de paro y de marcha en distintos puntos del país. El feminismo saldrá a las calles para recordar que el odio es la semilla de la violencia física, de los femicidios, de la violencia sexual, del abuso infantil. Y también, para señalar que un proyecto político basado en el rechazo a quien piensa distinto, institucionalizado en el Estado y dispuesto a servir a intereses económicos foráneos sólo puede significar más pobreza, menos derechos y una democracia famélica.
Este 8 de marzo el feminismo proclamará que, ante la precarización de la vida, hay movilización.
