Organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, culturales y un largo etcétera lanzaron una convocatoria para este jueves por la tarde en la sede sindical de ATE Rosario para lanzar una campaña por la derogación del decreto 949 de fines del año pasado, que abre las puertas a una licitación nacional e internacional por la concesión de la hidrovía, y por la estatización de la administración del curso por donde transita, según estimaciones, el 90 por ciento de la producción agroindustrial del país.
La “Campaña por la Soberanía Nacional” que se lanzará este jueves involucra a sectores sindicales y sociales combativos y clasistas, como la CTA Autónoma, la Corriente Sindical Jorge Weisz, Alternativa Clasista y el Movimiento Social 17 de Noviembre, entre otros, pero la idea es confluir con distintos conjuntos que por ahora se vienen expresando en forma separada, aunque con un discurso convergente. “Esto excede lo salarial, excede la diferencia ente el sector privado y público, y todos debemos estar confluyendo”, advirtió Emiliano Calcagno, dirigente de la Corriente Jorge Weisz, que lleva el nombre de un militante sindical, electricista del Ingenio Ledesma, desaparecido por la última dictadura.
“No podemos permitir que el gobierno dé un paso atrás. La situación es muy delicada y necesitarnos recuperar lo nuestro. No se puede estar viendo si la hidrovía se la quedan los chinos o los yanquis”, insistió Calcagno.
A la reunión, prevista para las 18 en la sede gremial de San Lorenzo 1879, también fueron invitados otros gremios y corrientes que ya también vienen sentando posturas similares e integrándose a distintas actividades. Uno de los que participan de la convocatoria es el Somu (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) de San Nicolás, y también se está hablando con Aceiteros, dos sindicatos enrolados en la CGT y con fuerte actividad en los puertos.
Bodega llena
La Campaña por la Soberanía Nacional tiene, como contrapartida, a un fuerte lobby de intereses privados de alcance internacional. Y entre una y otro hay fuertes cruces de intereses contrapuestos, sectoriales e incluso ilegales, que van desde la preservación de puestos de trabajo, el calado de los buques, el contrabando de granos, el poder de fiscalización del Estado (o incluso la posibilidad de recuperar su propia flota de transporte), y son sólo algunos de los que ocupan el tablero.
La pulseada viene creciendo desde hace tiempo: es que después de un cuarto de siglo, el 30 de abril próximo expira la concesión que Hidrovía SA, una sociedad entre la belga Jan de Nul y la argentina Emepa, tiene sobre la también llamada “autopista fluvial”. Se trata de un tramo de 820 kilómetros que enlaza los puertos de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, desde Confluencia, el punto de unión de los ríos Paraná y Paraguay, hasta las aguas profundas el Río de la Plata. Son los principales puntos de salida de la zona núcleo de la producción agrícola y hay más de 80 puertos emplazados, por donde se mueven 125 millones de toneladas de todo tipo de cargas, involucrando cada año a 1,5 millón de contenedores y 750 mil vehículos de transporte, según la contabilidad de la Fundación Pueblos del Sur.
La concesión implica el trabajo permanente de dragado, mantenimiento y señalización que desde hace 25 años ejecuta el consorcio Hidrovía, y por el cual recibe un peaje de cada buque por tonelada transportada. Y es el eje de una fuerte campaña de interés que pone el eje en la falta de experticia y de recursos, para sostener la incapacidad del Estado de sostener semejantes operaciones.
El choque de intereses tuvo su pico el 28 de agosto del año pasado, cuando el gobierno nacional gestó, en Santa Fe, el Acuerdo Federal Hidrovía, en el que se anunció la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, integrada por el Estado nacional con una participación del 51%, y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe con el 49%.
La noticia encendió la reacción de poderosas multinacionales y poco más de dos meses después, en noviembre, se publicó el decreto 949, por el que el gobierno nacional desistió de la empresa estatal y dispuso que el Ministerio de Transporte de la Nación haga un llamado a “licitación nacional e internacional para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, y mantenimiento de la vía navegable troncal”.
El decreto también creó el Consejo Federal Hidrovía, no ya para la administración sino para dar “asesoramiento permanente en todo lo relativo a la concesión”: este miércoles comenzaron a funcionar las comisiones que, con la derogación reclamada, se piden dejar sin efecto.
Con todo, la actividad de este jueves se enlaza con la protesta del pasado martes 2, en la que una movilización entre la plaza San Martín y la plaza Montenegro reclamó la misma consigna: que la hidrovía quede en manos del Estado.
