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El gobierno exigirá a 1.000 grandes empresas información mensual sobre precios, stocks y ventas

El nuevo control abarcará a compañías de alimentos, bebidas, artículo de higiene personal y limpieza, materiales para la construcción, muebles, productos químicos y agroquímicos, de electrónica y electrodomésticos

La Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Paula Español, pondrá en marcha en abril próximo el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), en el cual las grandes empresas deberán informar mensualmente los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios. El Gobierno defiende la medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, al señalar que no implicará para las compañías ningún gasto o trabajo adicional porque «es una información con la que ya cuentan» y que deberán enviar por sistema y bajo declaración jurada.

En una primera etapa, la disposición alcanzará a alrededor de medio millar de firmas de los sectores de alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos. Los sectores comprendidos inicialmente son aquellos que cuentan actualmente con mayores tensiones de abastecimiento, stocks y precios. En una segunda etapa se incorporarán más rubros hasta alcanzar alrededor de 1.000 empresas.

Con esta iniciativa, el Gobierno persigue el objetivo de «entender mejor la evolución de los precios en cada cadena de valor para luego hacer mejores políticas para el mercado interno», explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas. «Queremos contar con información fiable y actualizada mes a mes para hacer más sencilla la cadena de comercialización y poder prever con anticipación problemas de stock o de abastecimiento», ampliaron desde las huestes de Kulfas, quien insiste en señalar que estos controles heterodoxos acompañan pero no son el centro de la política antiinflacionaria, basada en la coordinación de herramientas fiscales, monetarias, cambiarias y tarifarias.

La primera presentación de información deberá realizarse del 1º al 10 de abril próximo y, por única vez, se detallarán los precios, cantidades vendidas y stock disponibles de enero, febrero y marzo de 2021; luego, el trámite mensual hará referencia a los mismos ítems pero sólo del mes inmediato anterior. En todos los casos, se podrán realizar rectificaciones de lo informado en los cinco días siguientes al cierre correspondiente (11 al 15 de cada mes).

Las compañías deberán reportar la información -que tendrá carácter reservado y confidencial- en forma obligatoria y, de no hacerlo, serán pasibles de sanciones a través de la ley 20.680 de abastecimiento y sus modificatorias, aseguraron las fuentes oficiales. «Esta iniciativa nos permitirá tener un monitoreo actualizado y más preciso para hacer seguimientos de precios e insumos, detectar alertas, problemas de producción», confiaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. «También nos va a permitir tener mejor información de cara a la mesa de precios y salarios», agregaron las fuentes.

De acuerdo con lo establecido por la resolución 220/2019 y sus modificatorias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme), el Sipre comprenderá a las empresas que facturan anualmente más de $965 millones en el caso del sector de la construcción; más de $2.602 millones en comercios; y $2.540 millones en firmas dedicadas a la actividad industrial. Entre los objetivos del Sipre, en los fundamentos de la norma se señala la posibilidad de «dotar al Estado nacional de una herramienta de monitoreo del comercio interior y tener alertas tempranas de faltantes de mercadería que puedan producirse». También coordinar acciones para prevenir situaciones de faltantes o escasez; mejorar la planificación de políticas públicas; fortalecer el mercado interno y proteger los derechos de las y los consumidores.

Desde la cartera productiva aseguraron que la resolución no afectará la política comercial de las empresas porque «no deberán informar a quién/es le/s venden». «Acá no hay una cuestión de atacar márgenes de rentabilidad, si no que se busca entender cuál es la evolución de los precios en la cadena, cuándo hay picos de precios y de demanda y problemas de abastecimiento para poder administrar mejor situaciones tanto en shock como en normalidad del proceso de producción y de comercialización», subrayaron el la cartera de Desarrollo Productivo. Tras la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, en los próximos días se dará a conocer qué sectores están comprendidos es la primera etapa, junto con la información necesaria para las firmas alcanzadas.

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