La Municipalidad de Rosario confirmó al Concejo, en respuesta a un pedido de informes del Palacio Vasallo, que seis chapas de taxis de la ciudad están a nombre del presunto jefe barrabrava del club Rosario Central Andrés «Pillín» Bracamonte. El requerimiento de los ediles remite a una ordenanza que impide a procesados o condenados el control de un servicio público. En este caso, la sospecha es que se da la circunstancia a través de testaferros.
El oficio indica que hay al menos seis chapas registradas a través de terceros del entorno de Pillín, y en todas las documentaciones aparece una única dirección.
Los permisos en cuestión son bajo el régimen «explotación por tiempo indeterminado» y fueron concedidos entre 2003 y enero de 2020. «Son pautas generales que ratifican lo que planteamos al momento de realizar las consultas», dijo Roy López Molina, concejal del bloque Cambiemos y presidente de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, además de autor del pedido respectivo, cursado el año pasado.
El pedido formal, a partir de una medida judicial, contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Era inicialmente por datos específicos sobre los titulares, multas y sanciones de las chapas RA 960, 1058, 1777, 2237, 2861 y 2864.
El detonante fue el allanamiento ejecutado por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) a la vivienda de Bracamonte en el country Los Alamos Club de Campo, de la localidad de Ibarlucea, en abril de 2020. Fue como derivación de una investigación sobre el asesinato del policía Cristian Ezequiel Ibarra, perpetrado el 22 de julio de 2019 en barrio Godoy. Por ese crimen fue condenado Ariel Chanchón Cantero, uno de los hijos del fundador de la banda de Los Monos. Y entre las llamadas intervenidas por la Justicia al integrante del clan, figuraban varias con Pillín.
Las sospechas firmes de la titularidad de chapas del servicio público surgieron tras el hallazgo de 2,5 millones de pesos y 1.700 dólares en el domicilio de Bracamonte y la declaración de su abogado de que eran parte de la recaudación proveniente de la explotación de cuatro taxis y dinero que su cliente guardaba para cerrar una operación comercial.
Bracamonte fue detenido en junio siguiente. El fiscal Miguel Moreno lo imputó entonces por lavado agravado y mencionó seis chapas del servicio público a nombre de personas de su entorno como probables mecanismos de las maniobras. Estimó, además, el valor de cada una en una cifra superior a los 20 mil dólares.
Pillín se hizo notorio protagonista de la barrabrava canalla en 2002, tras promover su propio camino mientras secundaba al hasta entonces líder del paravalanchas, Alberto «El Chapero» Bustos. La interna del tablón, violenta, desembocó en la nuevo jefatura y una vertiginosa acumulación de poder al compás de contactos y negocios ilegales que, sospechan los investigadores, en parte fueron en sociedad con la banda de Los Monos.
El informe remitido por el Palacio de los Leones ratifica que todas las licencias fueron adquiridas por transferencia, por las que un titular se la vende a un comprador que abona un sellado a la Municipalidad cuyo valor, hoy, está en 382.725 pesos.
Los concejales plantearon la inquietud de que el manejo de un servicio público esté vinculado a negocios ilegales, como en este caso los que se sospechan regentea un actor relacionado con la violencia en el fútbol.
«Corresponde al Departamento Ejecutivo verificar y evitar que esas chapas sean utilizadas para lavar ganancias de actividades ilícitas”, dijo al respecto López Molina. El concejal valoró la posición de todos los integrantes del cuerpo y pidió «estar todos juntos para dar pelea por una ciudad más segura».
Taxis bajo la lupa
El Concejo había aprobado en octubre pasado una ordenanza que endurece los requisitos y controles para iniciar el trámite por licencias de taxis y remises y para mantener o transferir las vigentes. La norma impedía esos trámites a quienes tengan antecedentes condenatorios o causas avanzadas por delitos complejos, como lavado de activos, tráfico y contrabando de armas y drogas, corrupción y la pertenencia a una asociación ilícita.
La ordenanza, que también impulsó López Molina, apunta en sus considerandos a evitar que el crimen organizado pueda lavar dinero a través del servicio público de taxis. «No podemos dar un paso atrás frente al avance de la economía delictiva que sostiene a las bandas criminales que actúan en nuestra ciudad», dijo entonces Roy López Molina.
