La empresa Sasetru era a mediados de los años ’70 la principal productora de alimentos de Argentina con más de 10 mil empleados, diez establecimientos fabriles y presencia en ciudades de Europa y América que la consolidaron como la primera multinacional argentina, pero los funcionarios civiles del terrorismo de Estado la empujaron a una quiebra plagada de irregularidades que constituyó un despojo, según denuncia uno de sus últimos directivos.
«Fue el mayor un genocidio laboral y económico que se cometió contra una empresa. Lo hicieron porque Sasetru era una empresa que molestaba por su desarrollo. Pagábamos 15 sueldos por año y construíamos viviendas para nuestros trabajadores. Tenían que sacarla del medio para hacer otro modelo de país», indicó en diálogo con Télam Jorge Salamei, quien luego de 40 años busca la forma de que esta empresa vuelva a producir.
La firma se fundó en 1949 y su nombre era un acrónimo formado por las primeras letras de los apellidos de sus tres primeros socios, Jorge Salimei (padre), Ángel Seitún y Fermín Trucco Aguinaga.
Las actividades de esta firma se iniciaron en el molino harinero de Sarandí, en el partido bonaerense de Avellaneda, y con los años expandió sus negocios en la industria del aceite y los alimentos: exportaba el 30 por ciento de las oleaginosas y el 20 por ciento de los cereales del país.
«Se trataba de un escollo para el modelo de valorización financiera diseñado por (José Alfredo) Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la última dictadura militar. Éramos un mal ejemplo», remarcó Salamei.
En 1975, en pleno «Rodrigazo», una megadevaluación determinada por el gobierno de Isabel Perón, Salamei padre muere y su hijo Jorge debe tomar su lugar en la empresa con 20 años junto con sus otros dos socios.
A las pocas horas de haberse producido el golpe del 24 de marzo de 1976, la empresa comenzó a sufrir presiones por parte de los militares, que le ordenaron a los directivos entregarles los legajos de cada uno de los 256 delegados que había en Sasetru.
«Era mandarlos a la muerte. No lo podíamos hacer. Seitún habló con un coronel y le dijo que no hacía falta, que gente en la empresa no causaba problemas. Fue entonces cuando llamó (Guillermo) Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército, y le advirtió que «si un solo trabajador causaba problemas, los íbamos a ir a buscar a ustedes». Con esa presión arrancamos», recordó Salamei.
El modelo de valorización financiera impuesto por la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz que aumentó de forma exponencial la tasa de interés tuvo un efecto devastador para las empresas que necesitaban financiación.
Para contener el aumento de precios, el equipo de Martínez de Hoz definió un instrumento que se conoció como «La tablita», para calcular el porcentaje de la devaluación de la moneda argentina.
Sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso siguió sobrevaluado y el retraso de la paridad cambiaria afectó al sector exportador, y tuvo un efecto demoledor para Sasetru.
Con una deuda creciente, la empresa entró en convocatoria, y desde el Banco Central, su vicedirector Alejandro Reynal presionó para la creación de un fideicomiso conformado por «un club de bancos» que se haría cargo de la gestión de Sasetru.
Sin embargo, el verdadero objetivo era despojar a Sasetru de unos de sus activos más importantes: el Banco Internacional, que fue obligado a endeudarse y a girar créditos a firmas vinculadas al gobierno que no fueron cancelados.
El Banco Central y el Banco Provincia de Buenos Aires negaron financiación y a principios de 1981, la empresa con una deuda de más de 500 millones de dólares fue a la quiebra y obligada a vender el Internacional al Bank of América, en una operación por la cual Sasetru no percibió nada.
«La operación se concretó en marzo de 1981, días antes de que Reynal terminara su gestión en el Banco Central. El banco de Sasetru se vendió sin autorización del juez y con una maniobra por la cual no nos quedó ni un peso», subrayó Salamei.
Tras la quiebra, 15 directivos de Sasetru fueron acusados de violar la ley de subversión económica, pero finalmente todos fueron sobreseídos en democracia. No obstante, la empresa cesó sus actividades.
En 2013, Salamei presentó una denuncia para que la quiebra de Sasetru se investigue como un delito de lesa humanidad, y en la actualidad es investigada por el Juzgado Federal Número 6 y en la que interviene la fiscal Paloma Ochoa.
«Queremos que esa causa avance y que se determine la verdad. Lo de Sasetru fue parte de un delito económico de lesa humanidad cometido para establecer un modelo de país», señala Salamei.
Hoy, junto con otros ex trabajadores de la empresa, Salamei impulsa la reapertura de la «Sasetru Alimentos Argentinos» para formar una empresa que produzca a bajo costo y genere puestos de trabajo, que cuenta con el aval del partido de Avellaneda y la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
«Es un proyecto que se demoró un poco por la pandemia. Queremos volver a la unión del capital y el trabajo para producir alimentos para todos los argentinos», puntualizó.
