—¿Qué se necesitó para poner en marcha un aparato represivo como el que montó la última dictadura cívico-militar en Argentina?
—Una excusa
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El que responde la pregunta es el periodista Ricardo Ragendorfer. Y asegura que en Argentina el pretexto fundamental fue «la lucha antisubversiva» y para ello se requirió de un contexto: los golpes militares en países de América Latina como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, entre otros. Guerra Fría, fronteras ideológicas y doctrina de seguridad nacional configuraron o posibilitaron las condiciones para imponer una política económica difícil de aplicar sin represión: «Esta lucha fue una especie de excusa matizada por la existencia de organizaciones armadas que al momento del golpe, a fines de marzo de 1976, no pasaban por su mejor momento ni tenían entonces y tal vez nunca tuvieron posibilidades reales de llegar al poder mediante un proceso foquista o mediante un proceso que se llamaba la guerra popular y prolongada. Ese es el contexto por el cual se da el golpe de Estado».
A lo largo de su carrera Ragendorfer se dedicó a la investigación del accionar de las fuerzas de seguridad, en particular de la Policía Bonaerense. También investigó temas poco explorados, como la figura de la traición en las organizaciones armadas. Entre 2008 y 2016 trabajó en el Archivo Nacional de la Memoria, donde tuvo acceso a documentos militares valiosos que sirvieron como prueba en causas de lesa humanidad.
—En una de tus investigaciones sugerís que el golpe del 24 de marzo de 1976 en realidad se consumó un tiempo antes con un hecho en particular.
—Sí, sobre la base de la guerra antisubversiva se busca una excusa para producir ese momento y esa excusa en el caso argentino fue el ataque de la organización Montoneros a un cuartel de Formosa. Fue un hecho bastante impactante en el sentido periodístico de la palabra. Los medios de comunicación, manejados por los sectores golpistas, lo magnificaron de una manera por demás exagerada. Fue a principios de octubre de 1975. El Gabinete estaba encabezado por Ítalo Luder, que en ese momento era el presidente provisional del Senado debido a una larga licencia que se había tomado Isabel Martínez de Perón. Con la presencia de los tres Comandantes en Jefe, y presionado por lo que había sucedido días antes en Formosa, firma los decretos de aniquilamiento que extienden a todo el país las facultades represivas que ya tenían en Tucumán. En esta provincia, desde fines de 1974 el ERP ensayaba un pequeño foco rural que fue reprimido de una manera bélica por el Ejército. Tucumán fue una especie de laboratorio de lo que iría a ser el terrorismo de Estado o la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en todo el país. Entonces, a partir de ese momento, yo digo que se produce virtualmente el golpe de Estado, porque a partir de ahí las Fuerzas Armadas toman el control operacional del país. Por eso digo que lo del 24 de marzo es en realidad una mudanza del edificio Libertador a la Casa Rosada.
—¿A quiénes se necesita para montar un aparato represivo como el argentino? ¿Qué tan profunda es la incidencia de lo civil para poder cometer el genocidio?
—La primera parte de este proceso se da a partir de la firma de estos decretos pero estos tipos tenían que adecuar la estructura represiva a sus necesidades. Es decir, tenían que armar los centros clandestinos de detención, tenían que afinar los grupos de tareas que irían a llevar adelante la llamada lucha antisubversiva, etcétera. Al respecto hay un documento muy importante para entender esto que es la directiva número 404, llamada popularmente la Peugeot, por el 404. Establece las pautas para llevar adelante la represión. Era un documento secreto que fue producido por la Jefatura de Inteligencia del Ejército, a cargo del coronel Martínez, alias Pelusa, que era el jefe de la Jefatura de Inteligencia, de la cual dependía el Batallón 601. Se hacen 19 copias, era un documento reservadísimo. Tengo el honor de haberlo encontrado en un archivo del Ejército cuando trabajaba con Eduardo Blaustein en una Unidad de Investigaciones sobre el Terrorismo de Estado en el Archivo Nacional de la Memoria. Hasta entonces siempre se hablaba de la directiva 404, pero nunca se había tenido ninguna copia, de puta causalidad la encontramos. Ahí establecen claramente las pautas para llevar adelante ese proceso, se explica que no solamente se circunscribía a las organizaciones armadas sino a un montón de organizaciones y personas que estaban directa o indirectamente relacionadas con lo que los militares llamaban “la subversión”, con los extremistas. Eran organizaciones civiles, personalidades de la vida pública, obreros, comisiones internas, etcétera. Era todo actor o todo conjunto de actores que podían llegar a entrever la marcha del verdadero objetivo de ese golpe, que era reemplazar lo que se podría llamar el capitalismo industrial por el capitalismo especulativo, financiero, el proyecto que venía a imponer Martínez de Hoz. En ese sentido, esa es la pata civil de la dictadura: Martínez de Hoz junto con determinados cuadros de la economía política, del empresariado, que se reunían en torno al llamado Grupo Pierraux, por Jaime Pierraux. Eran los que les daban letra a los militares para actuar antes y después del golpe. Fue una dictadura cívico militar que tenía un objetivo civil, económico. Ese objetivo debía cumplirse bajo determinadas normas militares para aplastar cualquier tipo de resistencia o cualquier tipo de obstáculo que ofrecieran no las organizaciones guerrilleras, ya que no pasaban por su mejor momento, sino las comisiones internas, determinados empresariados nacionales, entre otros.
—¿Qué hay de las personas que se necesitaron, por ejemplo, para las detenciones y sesiones de tortura? Pienso en médicos, abogados, jueces… ¿cuántas profesiones se habrán visto involucradas en ocultar y ser cómplices?
—Sí, desde luego que el aparato represivo propiamente dicho necesitaba de civiles. Por empezar lugares como el Batallón 601 contaba además de personal militar con el personal civil, los famosos PCI es decir Personal Civil de Inteligencia. Claro que ellos en esa estructura estaban subordinados al mando militar al igual que los médicos que participaron en el plan sistemático de robo de bebés, al igual que los jueces que no convalidaban o mejor dicho que invalidaban los pedidos de habeas corpus. Había todo un andamiaje que tenía que ver con actores civiles. También estaba la prensa, los periodistas. El Mundial ‘78 fue un festival de la complicidad civil. Hay que agregar también a los ciudadanos comunes que participaban activa o pasivamente del régimen imperante. Además, el aspecto civil de la dictadura se daba en toda una serie de cosas que tenían que ver con la vida cotidiana. Pienso que es un aspecto de la dictadura que merece ser explorado en más profundidad. No sólo la complicidad de determinados sectores de la sociedad civil, sino la reacción en su conjunto que de algún modo naturalizó la vida bajo la bota militar. Hace unos 10 años, en vísperas de un aniversario del golpe, me invitaron a dar una charla en una escuela a pibes de entre 8 y 12 años. Era bastante difícil explicarles lo que era la dictadura militar. Uno de ellos me hizo una pregunta muy interesante por la pregunta en sí y por haber salido de la curiosidad de un pibe de 11 años. Me dice: “¿la gente podía ir vestida como quería?”. Y desde luego que no, no podía ir vestida como quería, si usabas pelo largo y barba te metían en cana al menos por averiguación de antecedente. Es decir, había todo un estereotipo de aspecto que no cuajaba con lo que el gobierno militar consideraba la parte sana de la población. La dictadura militar no solo contó con la complicidad civil sino también con la pasividad civil, lo cual aseguró tanto el discurso del régimen del terrorismo de Estado como la naturalización del mismo, que es una forma de complicidad. Pasiva pero complicidad al fin.
—¿El aspecto civil fue abordado por la Justicia?
—No, son muy pocos los civiles que han sido juzgados por actos vinculados al terrorismo de Estado. Algunos empresarios, hubo algunos casos bastante emblemáticos. Hubo determinados juicios que tuvieron que ver con la pata civil de la dictadura que incluye también a los curas. Los capellanes militares, que eran civiles, eran curas y tenían la doble función de reconfortar el alma a veces un tanto alicaída de los milicos por las barbaridades que cometían, y por otra parte simular el ejercicio del consuelo a las personas capturadas en los centros clandestinos de detención para extraerles información. El ejemplo más paradigmático al respecto es el cura Von Wernich, que fue el capellán de la Policía bonaerense en la época de Camps. El tipo no sé si todavía vive pero fue juzgado y le tiraron el Código Penal por la cabeza, fue uno de los juicios más importantes que se hizo en cuanto la pata civil de la dictadura. Fue una dictadura cívico-militar-eclesiástica también, con todas las letras.
—La escritora y militante Raquel Robles tiene una mirada crítica sobre cómo se llevan adelante los juicios. Cuestiona que no se llamen a declarar a un montón de personas dentro de la estructura militar que podrían aportar información. Hay causas donde hay más de cien víctimas pero solo una decena de imputados, ¿cómo puede ser? ¿son tribunales simbólicos o están buscando Justicia en serio?, plantea.
—Incluso eso también lo decía Néstor Kirchner frente a esa disparidad numérica entre la cantidad de víctimas y la cantidad de victimarios, él decía: “¿acaso las personas desaparecidas en los chupaderos se vigilaban solas?”. Eso es cierto. Por un lado, estamos hablando de las limitaciones que tiene la Justicia argentina, que como sabemos tampoco está pasando por su mejor momento. Sin embargo, los juicios por delitos de lesa humanidad han sido una especie de ejemplo, pese a ese alineamiento que tiene la Justicia argentina no precisamente con la Justicia. Esto es clarísimo. Por otro lado, sabemos que una cosa es la verdad histórica y otra cosa es la verdad jurídica. Además, tenemos que tener en cuenta que uno tiene que actuar solamente desde el punto de vista judicial sobre el pacto de silencio de estos tipos. Todas las pruebas principales que hay contra todos los tipos que fueron condenados fueron aportadas por sobrevivientes, que son los testigos más importantes que han tenido este tipo de juicios. Sabemos que el número de sobrevivientes ha sido mínimo y por eso también es mínima la cantidad de personas que se contabilizan como victimarios, porque son únicamente las personas o los represores que los sobrevivientes vieron. Ningún sobreviviente conocía la nómina completa de la Esma. Un sobreviviente puede llegar a contar diez, otro aportar cinco más y así más o menos se van sumando. Pero, por ejemplo, los colimbas no son tipos que vieron todo pero sí aportaron una información en el juicio que transcurre actualmente en la localidad bonaerense de San Martín, sobre los vuelos de la muerte. Veían a camiones llegar de noche hasta donde estaban los aviones Hércules y subían personas drogadas o directamente inconscientes. Cada uno aporta una pieza de un rompecabezas. Cuando laburaba con Eduardo Luis Duhalde, nos fijábamos en los legajos de los tipos, que no decían «prestó servicio en el centro clandestino de detención». No, decían «fue condecorado por actos de servicio». ¿Qué actos de servicio podían tener esos tipos en esa época sino un secuestro o una desaparición? Hay toda una serie de elementos que no necesariamente surgen, como ninguno surgió, por la declaración de los mismos milicos en una declaración indagatoria ni tampoco surgen por testimonios de sobrevivientes, surgen de documentaciones. Más allá de las limitaciones que tiene la Justicia y de las limitaciones que con justa razón señala Raquel, la búsqueda de elementos y de pruebas es un camino muy difícil y muy azaroso.
—¿Por qué pensás que no se rompe el pacto de silencio entre represores?
—Supongo que porque es la única manera de salvaguardar el pellejo de esta gente. Pienso que simplemente es por eso. Además ellos cierran la boca no solamente para no incriminarse sino también porque eso podría causar algún tipo de represalia o aislamiento de parte de sus propias camaradas. Acordate de la extraña muerte del prefecto Febres que estaba a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en la causa Esma y muere misteriosamente días antes.
—¿Qué continuidades o prácticas ves que se sostuvieron después del golpe en las Fuerzas Armadas y de Seguridad?
—Las Fuerzas Armadas -el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- tuvieron un proceso de democratización forzoso a partir de la ley que los privó de intervenir en conflictos internos. Durante el gobierno de Macri se intentó variar pero fue un intento inconcluso. En las Fuerzas de Seguridad, por empezar, no hubo ningún trasvasamiento. No hubo ningún corte entre el personal que hubo durante la dictadura y el personal desde la asunción de Alfonsín. El único depurador que existió en esa fuerza fue el biológico: o sea los tipos se fueron retirando al cumplir 30 años de servicio y se fueron muriendo, salvo los jefes más escrachados como represores que fueron separados y después juzgados, beneficiados por las leyes del perdón y después vueltos a juzgar. Dicho de una manera muy elegante, a las Fuerzas de Seguridad les costó bastante adecuarse a cómo debe funcionar una fuerza bajo el imperio de la democracia. No lo lograron del todo y estoy hablando de la actualidad también. Siguieron existiendo torturas, casos de gatillo fácil, desapariciones de personas por causas muy puntuales, no porque eran subversivos sino porque eran pibes como Luciano Arruga que se negaban a afanar para la cana. Hay toda una fenomenología que tiene que ver con la Policía. Por ejemplo, la Policía de Buenos Aires estaba subordinaba al Ejército y se llevaba muy mal con esta fuerza, a los tipos no les gustaba demasiado estar subordinados operativamente al Ejército. No por un motivo de orgullo, sino porque se peleaban por los botines de guerra que eran los televisores que se afanaban de las casas de los desaparecidos. Si bien los tipos siempre recaudaron a través de cajas delictivas, si bien siempre la recaudación ilegal fue de algún modo el sistema de sobrevivencia de todas las Fuerzas de Seguridad argentinas, a partir de la dictadura empiezan a recaudar con delitos cada vez más pesados. Antes recaudaban con el juego, la prostitución, los boliches, la quiniela. A partir de la dictadura empiezan a recaudar con delitos realmente pesados. Desde antes de la finalización de la dictadura militar hasta el secuestro de Macri en 1991, no había banda de secuestradores extorsivos que no estuviera formada exclusivamente por policías, por milicos y por agentes de inteligencia. Después encontraron el discreto encanto de la tercerización o de las bandas mixtas pero hasta ese momento era un negocio exclusivamente, repito, de los milicos, los canas, de los agentes de inteligencia.
