La interventora en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), María Soledad Manín, dijo este lunes que en el período 2016-19 la empresa transportista Transener obtuvo «ganancias extraordinarias» y cuestionó la convalidación durante el gobierno anterior de «un mecanismo completamente favorable, tanto por el relajamiento de los parámetros de calidad como por la poca efectividad en el control del plan de inversiones».
En la apertura de la audiencia pública para la adecuación tarifaria de transición 2021 correspondiente a Transener, Manín destacó que la prestación del servicio es «parte de los derechos humanos fundamentales e instrumental para el goce de otros derechos».
«Cuando se trata de derechos sociales, el derecho a la vivienda digna no puede ser tal y plenamente gozado si no tenemos derecho a los servicios públicos», sintetizó.
Las audiencias continuarán para tratar los casos de las empresas Transba y Districuyo; Transnea y Transnoa; y Transpa, Transco y Epen.
Manín recordó que las tarifas finales del servicio eléctrico (que incluyen la generación, el transporte y la distribución) «aumentaron 3.222% en términos reales entre 2015 y 2019».
«En el segmento regulado del transporte, las medidas tomadas estuvieron orientadas a subir los ingresos totales de las empresas, aún por encima de lo que podía surgir de aplicar variables de referencia en la economía», dijo la funcionaria.
Puntualizó luego que «la etapa 2016-19 estuvo signada por la reducción de subsidios y la dolarización de la energía, lo que llevó a fuertes subas tarifarias que debieron ser afrontadas por las personas usuarias, mientras que las empresas concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos».
Además, sostuvo que el pago a las transportistas en esos años «superó con creces todas las variables económicas imperantes y se tradujo en una recomposición extraordinaria de las empresas concesionarias».
La remuneración de las compañías tras la revisión tarifaria integral (RTI) implicó en la práctica un aumento de 184% en promedio entre 2016 y 2017, señaló Manín.
Para Transener, ese proceso «se tradujo en un incremento de los ingresos de 266% en 2017 frente al año anterior», mientras la participación de las personas usuarias en los costos finales «pasó de un 72 a un 95%».
En relación a las inversiones, la RTI «no dejó fijado de manera explícita la exigencia y recién en 2019 el Enre formalizó la metodología de seguimiento y régimen sancionatorio ante posibles apartamientos».
Según Manín, «el aumento de ingresos no estuvo acompañado por una política de existencia de parámetros de mayor calidad», mientras que el avance físico de las inversiones presentadas por Transener en el plan 2017-21 fue de sólo 55% hasta el tercer trimestre de 2020.
La interventora destacó que «el análisis de los estados contables de las transportistas arroja que sus ingresos, como mínimo se triplicaron entre 2016 y 2017, y el resultado del ejercicio nunca fue inferior al 200%».
En el caso de Transener, precisó Manín, los ingresos por ventas aumentaron un 252% en 2017 frente al año anterior; el resultado del ejercicio creció 4.117% por la aplicación de la RTI; y la empresa pagó importantes sumas en concepto de dividendos: $1.489 millones en 2018 y $4.442 millones en 2019.
«Esas ganancias extraordinarias se consumieron en diversas operaciones que podrían haberse volcado al negocio regular», cuestionó la funcionaria.
El caso más elocuente, ilustró, «es el de la compañía de Pampa Energía, ya que Transener distribuyó dividendos equivalentes al 24% de los ingresos regulados en 2018 y 47% en 2019 (a lo que se agregó el 8% de ingresos de la controlada Transba)».
«La suma de ambas empresas en 2018-19 fue de $ 6.832 millones a valores de 2019, que representan el 53% del resultado del ejercicio».
Manin adelantó que, «de cara al futuro, la política tarifaria tendrá dos pilares fundamentales: por un lado garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de calidad, continuidad y seguridad en el abastecimiento; y por otro lado, no sobrecargar a los usuarios con facturas exhorbitantes».
La interventora del Enre anticipó, además, que «en el período de transición se implementará una nueva metodología para los próximos dos años, con nuevas reglas para el reconocimiento de ingresos de las empresas transportistas».
«Se garantizará que (esas compañías) tengan los fondos necesarios para los gastos de operación y mantenimiento, y para realizar las inversiones de seguridad y confiabilidad, mientras se acopla la política tarifaria a la recuperación económica», concluyó Manín en su exposición en el inicio de la audiencia pública de este lunes.
