“Es una posibilidad de potenciar un espacio propio del municipio, que aporte a la solución respecto del control y la medición de todo aquello que impacte en la isla y tenga un efecto hacia la ciudad de Rosario”, saludó el secretario de Gobierno de Rosario, Gustavo Zignago, el fallo de primera instancia de la Justicia entrerriana que denegó las pretensiones de un ganadero para quedarse con parte de las tierras en las islas que pertenecen a la Municipalidad por donación del próspero contador local Carlos Deliot en 1944.
Zignago evaluó que el fallo de primera instancia es contundente en los argumentos contra el empresario. “Esencialmente entre los requisitos que debía cumplir y demostrar, la posesión publica pacifica y continua, no lo pudo hacer por las acciones defensivas del municipio pero también por imposibilidad propia de los elementos de prueba que aportó: testigos confusos y contradictorios que no aportaron nada de lo que fundamentaba”, reseñó el funcionario.
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El secretario se refirió así a la resolución del juez de primera instancia en lo civil de la ciudad entrerriana de Victoria Luis Francisco Márquez Chada. El magistrado rechazó la pretensión de adquisición de dominio por usucapión, o sea por ocupación de una propiedad durante un cierto lapso y pago de impuestos, que presentó el empresario rosarino Enzo Mariani, titular, entre otros negocios, de la guardería y complejo náutico Henry Morgan, en La Florida.
Mariani, de 69 años, tiene explotaciones ganaderas en las islas. Hace alrededor de 18 años ocupa unas 807 hectáreas en la isla El Charigüé, bajo jurisdicción entrerriana, pero que están dentro del llamado legado Deliot, que la Municipalidad de Rosario reclama como suyo y comprende un total de 2.204 hectáreas repartidas en varias parcelas.
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“También nos parece un despropósito que un particular se aproveche del patrimonio de todos los rosarinos para llevar adelante una explotación comercial individual”, siguió Zignago sobre Mariani, varias veces denunciado, además, por intervenciones ilegales en los terrenos que ocupa en el humedal, como terraplenes que cortan arroyos. Una primera exposición de este atentado contra el equilibrio ecológico en una zona reservorio de biodiversidad lo hizo el colectivo El Paraná no se Toca: el endicamiento del Arroyo De la Cruz. El año pasado, el empresario fue citado por el juez federal de Paraná Daniel Alonso en el marco de la causa que investiga los orígenes de los devastadores incendios en el Delta Medio.
Zignago estimó que el fallo de la Justicia Civil dictado este martes, que puede ser apelado por Mariani, es “un punto de partida para la protección de todos los humedales», a los que calificó como «un pulmón irremplazable para una calidad de vida superior”.
El funcionario espera que “durante este año» haya «una definición para poder gozar de esas 802 hectáreas, de un total de 2200, en la zona de Charigue, a la altura del parque Scalabrini Ortiz, a una hora de lancha de la zona norte de la ciudad”.
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Sobre el futuro de estas tierras, explicó que tienen propuesto un espacio recreativo y de ecoturismo consolidado –reserva ecológica Los Tres Cerros–, pero también desde la Municipalidad reclamaron al Ministerio de Medioambiente de la Nación ubicar en esos lugares los faros de preservación, «unidades dotadas por personal para monitorear de forma permanente y con carácter preventivo cualquier episodio que impacte la biodiversidad”, recordó.
Mariani argumenta que está instalado en los terrenos que reclama como propios en 2003, y que los fue comprando a sus ocupantes desde 1968 mediante boletos. En esa parcela, construyó una suerte de casco de estancia, con pileta incluida, y tiene una producción ganadera. Para esa explotación, construyó terraplenes para el paso de vehículos que distorsionan el patrón de escurrimiento de aguas con sus consecuencias para la fauna ictícola, además de otras intervenciones prohibidas.
El juez Márquez Chada escribió en su fallo que la unión de posesiones esgrimida por el ganadero “en base a la prueba colectada no fue acreditada” porque “no se probó la posesión de sus antecesores ni la vinculación jurídica invocada” en la presunta compra de lotes que Mariani remite a 1968.
