El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario condenó a penas de hasta trece años de prisión a veinte personas acusadas de pertenecer a cinco organizaciones dedicadas a la comercialización de cocaína y marihuana. Los jueces hicieron lugar al planteo del fiscal general Fernando Arrigo, quien consideró que los imputados pertenecían a una banda extendida en cinco ramificaciones, cada una de ellas con un líder a cargo, publicó el portal Fiscales.
La investigación comenzó con una nota de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina a partir de una intervención telefónica. De acuerdo con la comunicación, un hombre proveía de estupefacientes a una persona investigada en otra causa, por lo que se le dio trámite al tratarse de una organización delictiva diferente. Luego de analizar llamadas y escuchas, los detectives dieron con una mujer llamada Eliana Tamara “La Cone” Moreira, que comercializaba drogas al menudeo desde su domicilio junto con su hermana Nadia.
Tras intervenir distintos abonados, se detectó un grupo de personas que tenían su mismo modus operandi, y dependían de un proveedor identificado como Eduardo Luciano “Lalo” Maldonado, que lideraba una organización con varias personas a cargo, al igual que otra persona, señalada como Claudio Benítez.
Ambos recibían colaboración de distintos miembros de sus familias, cumpliendo cada uno de ellos con distintos roles en la venta de estupefacientes y, en el caso de Benítez, se descubrió además una sociedad delictiva con una persona llamada Maximiliano Monachesi, que lideraba su propia banda.
Luego de que en otra investigación se detuviera al proveedor de estas organizaciones, aparecieron en escena Arnaldo Duré “Paraguayo” Flores y Carlos “Tuerto” Monzón. El primero abastecía a Monzón de grandes cantidades de estupefacientes, que trasladaba desde Buenos Aires a Rosario, y este a su vez comercializaba la sustancia a Maldonado, Benítez y Monachesi.
Las tareas de inteligencia permitieron advertir el día, horario y lugar en el que Duré Flores, Marbenl Mercado Peña y Gladis Aguilar Cuellar (estos dos últimos identificados al momento de las detenciones) llevarían a la ciudad un cargamento de 104 ladrillos de marihuana que fue recibido por Jonatan Savan, por lo que se llevó a cabo un operativo y una serie de allanamientos que concluyeron con el secuestro del material y la detención de las personas imputadas. En este sentido, el fiscal destacó la labor desplegada por el personal de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina.
El fiscal Arrigo, en diálogo con El Ciudadano, expuso que las organizaciones “tenían un volumen muy importante de venta, aproximadamente cien kilos de droga por semana. En 2017 uno de los búnker, regentado por Benítez, manejaba un millón de pesos al mes en una zona bastante caliente en términos de narcotráfico, como Villa Banana. El búnker estaba cerca de una plazoleta, un lugar de esparcimiento donde niños juegan a la pelota. Y esa circunstancia obró como agravante”.
Además, quedó probado que Benítez tenía protección a cambio de dinero de un efectivo de la comisaría 19ª llamado Mario Alberto “Chino” Zárate.
Arrigo dijo a este diario que la causa se inició con intervenciones telefónicas. “Ellos utilizaban el teléfono y decían, por ejemplo: «¿Te quedó azúcar?» o «¿Tenés yerba?» como si fuera un idioma encriptado”.
Pero la investigación no sólo se basó en escuchas. “Una vez que los preventores de la Policía Federal identificaron los números de los sospechosos, buscaron los perfiles de Whatsapp y entonces aparecieron fotos. Y en esas imágenes muchas veces aparecieron, por ejemplo, una puerta de un domicilio, fotos, o carteles que pueden obrar como puntapié y de allí empezaron a obtener información”, dijo el fiscal federal.
El alegato de la Fiscalía
Para el fiscal Arrigo, durante el juicio se identificó una estructura criminal integrada hacia adentro por cinco organizaciones liderada cada una por una persona distinta (Maldonado, Monachesi, Benítez, Monzón y Flores), cuyas tareas se emparentaban con la provisión de cantidades abultadas de estupefacientes y con el diseño de la seguridad para alcanzar un mayor desarrollo del mercado. Entre los integrantes de cada banda existía una relación de conocimiento previo que brindó una pauta suficiente para considerar que pertenecían a una misma organización troncal, aun cuando los puntos de venta funcionaban bajo la exclusiva decisión de cada líder.
Maldonado, actualmente prófugo, era el encargado de dirigir a una serie de personas a las que lideraba, entre las que se encontraban su hijo Elías, su pareja María Barreto; su madre Elcira Escobar; su hermano Iván Maldonado; Tamara y Nadia Moreyra, Daiana Martínez, Antonella Trovato y Pablo Aponte.
En declaración indagatoria, Barreto reconoció ser colaboradora en la organización liderada por su pareja, encargándose del fraccionamiento, aprovisionamiento y del cobro de estupefacientes.
Elcira Escobar era la encargada de acopiar las drogas y administrar parte del dinero obtenido por su comercialización, mientras que su hijo Iván participaba de las negociaciones en la obtención de estupefacientes, encargándose también de su acopio y distribución. En un escalafón menor, el rol de Daiana Martínez era el de adquirir drogas de parte de Maldonado y comercializarlo, al igual que Pablo Aponte y las hermanas Nadia y Tamara Moreyra.
Conforme la acusación, Claudio Benítez mantenía relaciones comerciales ilícitas con Carlos Monzón, que lo abastecía de sustancias, y con Maximiliano Monachesi, con quien tenía una sociedad delictiva. La organización liderada por Benítez contaba con el aporte de su pareja, Jesica Domínguez, su hermana Rocío, Roberto Monzón y Mario Zárate, efectivo de la Policía de Santa Fe al momento de los hechos.
Jesica Domínguez era la encargada de colaborar con la recepción, acopio y preparación del estupefaciente, del control de los ingresos por las ventas y de la organización del búnker en el que se comercializaba estupefacientes en la zona de Felipe More y Uruguay. El aporte de su hermana Rocío consistía en la preparación y fraccionamiento para su posterior venta al menudeo. El búnker era también administrado por Rodolfo Monzón, que además se encargaba de abastecer de materiales al grupo y retirar el dinero de su venta. Zárate, en su carácter de agente policial, le brindaba protección e información a los integrantes de la banda.
La tercera ramificación de la banda estaba liderada por Maximiliano Monachesi, que era el jefe de una serie de personas que no pudieron ser identificadas e imputadas en la causa. Su vínculo con Benítez acreditó su participación en la comercialización de estupefacientes en la zona, y cumplía un papel de abastecedor.
En su rol de líder, Carlos Monzón se emparentó con Duré Flores, a quien le adquiría grandes cantidades de estupefaciente, y mantenía una segunda relación con Benítez, a quien enviaba el material previamente adquirido. En su organización participaba su pareja, Patricia Araujo, que colaboraba con la recepción del dinero producto de la comercialización de drogas y también en su intercambio. Rodolfo Larenti y Jonatan Zavan eran quienes acopiaban y fraccionaban las sustancias en sus domicilios, tareas en las que colaboraba la pareja de este último, María Ángela Larenti.
Condenas
El TOF, integrado por Osvaldo Facciano, Germán Suter Schneider y Ricardo Moisés Vázquez, condenó a gran parte de los imputados como coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Carlos Monzón y Duré Flores recibieron una pena de trece años, que en el caso del segundo fue unificada con una condena anterior en quince. Benítez recibió una pena de once años (unificada en 12 por una condena anterior), mientras que para Savan fue de diez, y Araujo y Roberto Monzón recibieron una condena de ocho años.
Iván Maldonado, Roberto Larenti, Jesica Domínguez y Mario Zárate fueron sentenciados a siete años, mismo delito por el que María Ángela Larenti recibió una pena de seis años y seis meses. También fueron condenados Barreto, Escobar, Rocío Domínguez y Marlenl Mercado Peña a una pena de seis años, mientras que Monachesi recibió una pena de cinco años al ser condenado sin el agravante de la cantidad de personas intervinientes.
Tamara y Nadia Moreyra y Pablo Aponte recibieron una pena de cuatro años, y Aguilar Cuellar fue señalada como partícipe secunda del delito de transporte, por lo que su pena fue de tres años y tres meses. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 8 de abril.
